Las críticas por supuestas irregularidades que se producen en torno del manejo de los fondos de Fútbol para Todos se han multiplicado en los últimos tiempos y han surgido desde los medios de comunicación y desde sectores parlamentarios, como sucediera con la denuncia, “por defraudación y estafa”, presentada por la legisladora porteña Graciela Ocaña.
Fue en base a esa presentación que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría decidió ordenar un peritaje contable en los libros de la Asociación del Fútbol Argentino, a los efectos de obtener información relacionada con el contrato por los derechos para emitir los partidos por televisión.
Fútbol para Todos es objeto de cuestionamientos desde distintas variables. Comenzó bajo el manto de que se trataba de una forma de hacer llegar los partidos de fútbol a todos los argentinos “que antes tenían que esperar hasta las 10 de la noche para poder ver los goles”, como señaló la Presidenta. Sin embargo, poco tiempo después se supo que el impulsor de la iniciativa, el ex presidente Néstor Kirchner, lo había hecho “para hacer política”, de allí que no se permita otra publicidad que no sea la oficial.
Se dijo también que se destinaba una masa de dinero -inmensa- para poder paliar el déficit de los clubes de fútbol, enmarcándolos en sociedades “sin fines de lucro” que brindaban un importante aporte a la sociedad. Sin embargo los hechos demostraron que no sólo no cubrieron los déficits sino que los ampliaron y que el dinero “de todos los argentinos” iba destinado a engrosar los bolsillos de los dirigentes o bien a mantener económicamente a barrabravas que también son utilizados para actividades políticas.
Paralelamente, esos mismos dirigentes de los clubes suelen “triangular” las transferencias de sus jugadores con un doble objetivo: reducir al mínimo el pago de impuestos y, a la vez, mentir con el monto total de la transferencia.
En el contrato firmado por la AFA con el Gobierno se establece que el organismo del fútbol se compromete a informar a la Jefatura de Gabinete la distribución y los criterios de los fondos transferidos por el Gobierno y la deuda que mantienen con la AFA, aclarando que esa información será mensual.
También establece la implementación de un programa progresivo de saneamiento económico-financiero de los clubes, incorporando los índices de solvencia y endeudamiento, y expresa, en otro artículo, que la AFA confeccionará un mecanismo de retenciones de los recursos de FpT a los clubes que no cumplan con los objetivos y metas establecidas, “midiendo el aumento en el número de socios para cumplimentar la finalidad social de las instituciones”.
Resulta evidente que nada de eso se cumplió. Muy por el contrario, los pasivos de los clubes crecieron 145% desde que se firmó la cláusula -en agosto de 2009- hasta el momento, mientras el aporte estatal se incrementó 42,6%. Es así que los últimos balances aprobados, los del ejercicio 2012/13, muestran que los pasivos de los clubes alcanzaron a 2.444 millones de pesos.
En lugar de pedir explicaciones por lo sucedido, el Gobierno nacional decidió continuar con el apoyo a FpT para el año próximo. Así se deduce del proyecto de Presupuesto enviado al Congreso Nacional, en el que determina que tiene pensado gastar 3.600 millones de pesos en publicidad y mecanismos promotores de la política estatal.
De ese total, 1.634 millones irán destinados a Fútbol para Todos, 12% más que lo que se destinó en 2014. De esos 1.634 millones de pesos, 1.195 irán al canon de la AFA y el resto a la producción del producto televisivo. Cifras que sorprenden y enervan si tenemos en cuenta que el dinero destinado a la Anses para que brinde información a los jubilados será de sólo 521 millones de pesos.
Es de esperar que la auditoría pedida por Servini de Cubría llegue al fondo del problema. No se puede aceptar que el dinero de todos sea manejado sin ningún tipo de control, favorezca a algunos pocos y termine perjudicando al grueso de los argentinos.
