Hace pocos días, el director de la AFIP, Alberto Abad, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, en conferencia de prensa, expusieron la situación del fútbol argentino por la cuantiosa deuda impositiva de los clubes y de la AFA. Por deudas de aportes previsionales y Ganancias, la suma asciende a la astronómica cifra de $ 1.346 millones. A la vez, ese mismo día el presidente del Comité Regularizador de la AFA, Armando Pérez, hizo público que la deuda de los clubes con la AFA es de $ 950 millones.
A ello se suman virulentas disputas políticas, en las que no falta la participación del gobierno de turno, como ha sido siempre, de dirigentes políticos vinculados a los clubes, de personajes del espectáculo y la siempre omnipresencia de las barras bravas de uso múltiple. A ello se agrega las exigencias de la FIFA de modificación de estatutos, regularización de una institución que estuvo manejada por más de tres décadas en típico estilo kirchnerista por el “padrino”, Julio Grondona. Debe recordarse que la FIFA, organización supraterritorial, está sumida en un extraordinario escándalo de corrupción, investigado por Justicia de EEUU, que ha llevado a la cárcel a dirigentes de casi todos los continentes.
Tanto en la cuestión económica como en la política no se trata del primer escándalo del fútbol de nuestro país; sería deseable que fuera el último, con castigo ejemplar, para bien de nuestra sociedad y de las instituciones republicanas. Desde hace décadas, gobiernos de facto y democráticos hicieron arreglos más o menos espurios con la AFA y los clubes, en particular condonando cuantiosas deudas previsionales e impositivas y otorgando privilegios diversos.
En materia de aportes previsionales, el fútbol cuenta con un privilegio que ya quisieran tener muchas empresas, especialmente las pymes, ahogadas por estas cargas. En los finales de su presidencia, Eduardo Duhalde dictó el Decreto 1212/03 estableciendo un régimen especial de privilegio que fijó el aporte previsional en 7%, mientras cada empleador aporta el 31%. A pesar de este privilegio, los clubes han acumulado una deuda en el período 2003/15 de $ 962 millones y de $ 384 millones en lo que va de 2016. Un verdadero agravio a los que pagan.
En dicha conferencia el titular de la AFIP dijo que el privilegio del 7% será por poco tiempo. Su intención es modificarlo, incluso sumando a los montos imponibles los ingresos por abonos de socios, publicidad e ingresos de los partidos de la Selección. Agregó que el fútbol es considerado un “sector crítico” de la economía, al igual que los de la carne, frutas y verduras, comercio electrónico, juego de azar y construcción, todos con altísimos niveles de evasión. Debe señalarse que la AFIP ya ha radicado denuncias penales a cerca de una decena de dirigentes de clubes.
No es asunto menor que todo esto ocurre cuando por conveniencia política y para atacar al Grupo Clarín, la ex presidenta resolvió que la transmisión televisiva del fútbol sería un monopolio estatal manejado por su gobierno. Así fue instrumentado como fenomenal acción de propaganda política en favor de su gobierno el “Fútbol para Todos” (FpT) con el beneplácito, obviamente, de Grondona y sus adláteres. Este programa le ha costado al Estado, es decir a los contribuyentes, vean o no fútbol, una cifra que ronda $ 10.000 millones.
El secretario F. de Andreis afirmó categóricamente que a partir del 1 de enero de 2017 FpT no existirá más. El Gobierno tiene la obligación de eliminar los privilegios de una actividad en la que dirigentes, futbolistas, técnicos, son de las personas más ricas del país. Debe exigirle que se organicen en forma trasparente. El fútbol profesional es un espectáculo con fines de lucro, no es gratis, no tienen por qué pagarlo contribuyentes agobiados por impuestos.
