“Son perfiles netamente técnicos”, se esmeran en aclarar en el gobierno de Alfredo Cornejo para explicar la continuidad de cuatro ex funcionarios de Francisco Pérez en la actual gestión radical. No obstante, uno de ellos tiene un origen definido en la línea azul del peronismo, la misma que hoy se debate internamente entre los blandos y los duros frente a la administración cornejista.
“Son áreas delicadas que requieren trabajos de largo plazo”, refuerzan la argumentación en la Casa de Gobierno. “Su tarea es técnica y han pedido tener poco diálogo con la prensa”, aseguran dejando la impresión de que a todos ellos los envolverá un silencio permanente, más ordenado que autoimpuesto.
“Se nota que tienen poca gente y no les queda otra que repetir nombres”, afirman con malicia en el Frente para la Victoria luego de ver que algunos de 'sus' colaboradores continuaron después del traspaso.
Esta semana Cornejo dio de baja más de 80 nombramientos en el Estado de ex funcionarios del anterior gobierno, se cayeron más de 40 contratos en Cultura y se le puso punto final a 101 'usurpaciones de suplencia' de celadores. Desde mañana se seguirán analizando 217 casos que preanuncian nuevas tarjetas rojas para quienes “no cumplan la premisa de que su trabajo sea útil o no tengan imputación presupuestaria para pagar sus sueldos”.
Sin embargo el huracán no se llevó las conducciones de las áreas de petróleo y la minería (dependientes del ministro Enrique Vaquié) ni la de la penitenciaría (bajo jurisdicción del ministro Gianni Venier).
Allí tres direcciones continuarán en manos de los mismos responsables y en una cuarta habrá una continuidad con cambio de funciones. Todos han sido confirmados o están a punto de serlo por el actual gobierno.
Pablo Ropero (Hidrocarburos), Carlos Molina (Minería) y Eduardo Orellana (Penitenciaría) han logrado revalidar títulos en cargos políticos en medio de un cruento cambio de color político que permitía presuponer 'seguros' a sus reemplazos. Y se han convertido desde las segundas líneas en una especie de versión mendocina de Lino Barañao, el ministro que sobrevivió al complicado traspaso presidencial de Cristina Fernández a Mauricio Macri.
Aunque nadie lo confirma, todo indica que Alejandro Neme (ex Emesa) también seguirá, pero descendiendo un escalón hasta la conducción de Hinisa o Hidisa, las generadoras con participación de la Provincia cuyas acciones públicas maneja Emesa, o como asesor del actual subsecretario de Energía, el ex gerente de Impsa Emilio Guiñazú.
El anterior 'jefe' de dos de los directores que continúan (Ropero y Molina) -el ex ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso- también se mantiene dentro de una administración de Cambia Mendoza, aunque en la órbita municipal: hoy es el subsecretario de Servicios Sanitarios del intendente Pro-PD de Luján de Cuyo, Omar De Marchi.
La actividad petrolera bajo el gobierno de Pérez fue la única que logró alguna referencia favorable del ministro de Hacienda, Martín Kerchner, al momento de la presentación del presupuesto 2016 en medio de un vendaval de críticas 'por la pesada herencia'. “Lograron frenar la caída de la producción de crudo de los últimos años”, dijo en la Legislatura en un escueto reconocimiento.
Luz verde
“Hicimos muchas investigaciones de quién podía llevar el sistema carcelario adelante y todas nos llevaron a Orellana, que demostró soltura y administración y además dicta clases de lo que sabe en todo el país”, afirmó el ministro Venier a la hora de argumentar en favor de la continuidad del director del Servicio Penitenciario.
Orellana sigue en funciones en medio de una polémica sobre la forma más efectiva de combatir al delito con posturas muy enfrentadas a favor o en contra de construir nuevas cárceles.
“Tienen un buen conocimiento de sus áreas (Ropero y Molina) y son muy honestos a la hora de reconocer aciertos y errores, al punto que facilitaron un diagnóstico correcto. Pensamos que con un buen direccionamiento estratégico aportarán a movilizar el sector (petrolero y minero)”, afirma Guiñazú, el hombre que dejó la gerencia general de Impsa Wind en Brasil y regresó a Mendoza a hacerse cargo de una tarea pública.
Y sobre la empresa provincial Emesa (cuya presidencia asumió en lugar de Neme) Guiñazú adelantó que tendrá un rol importante “a la hora de gestionar recursos” y que su accionar “estará coordinado” con el de la subsecretaría que dirige. “Podemos alcanzar resultados de corto plazo”, subraya el subsecretario de Energía.
Carlos Molina. Es ingeniero químico con dos títulos de posgrado. Fue dueño de una mina de talco y presidente de una empresa de ingeniería en construcciones (Fabri Mark) . También aportó a un proyecto de explotación de bentonita (Virgen de Andacollo). Se lo menciona como uno de los últimos empresarios mineros que explotó zinc y plata en Paramillos. Asumió sus funciones bajo la gobernación de Pérez en enero de 2012.
En ese momento, decía que “en Mendoza sólo funcionan cuatro de las 1.000 minas que existen”, remarcaba la necesidad de respetar la legislación vigente y ponía como ejemplo a Chile donde conviven la minería y el agro. En junio de 2012, en un panel universitario, Molina discutió con el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (proambientalista) al reclamar una excepción en la aplicación de la ley 7722.
Pablo Ropero. Abogado asesor de empresas que devino en funcionario público en los últimos años. Cuando las principales áreas petroleras fueron renegociadas en 2011 (con Celso Jaque) y prorrogadas hasta 2027, era asesor de la dirección que viene encabezando.
En 2013, fue representante provincial en el directorio de Dioxitex, una empresa pública productora de insumos para las centrales nucleares en la que Mendoza tiene el 1% de sus acciones.
En junio de 2014 se cruzó públicamente con el -por entonces- diputado nacional Enrique Vaquié (hoy su jefe) por el valor del combustible en Mendoza y el compromiso de YPF de no incluir el costo del flete en la definición del precio local. Junto a otros funcionarios de la anterior administración fue investigado por el fiscal Daniel Carniello por la prórroga de la concesión a la empresa Chañares Herrados.
Alejandro Neme. Es un especialista en temas energéticos, ex director de Emse (estatal) bajo los gobiernos de Rodolfo Gabrielli y Arturo Lafalla. Con este último colaboró en la privatización y transformación en Edemsa. Luego fue director general de Distrocuyo, cuyo 25 por ciento está en manos del Estado mendocino. Asumió como primer director de la flamante Empresa Mendocina de Energía (Emesa) el 22 de marzo de 2013.
En la universidad presidió la Federación Universitaria de Cuyo desde el peronismo azul en formación. “Soy un adherente al modelo nacional y provincial con algunos aspectos críticos que me reservo para discusiones en confianza”, definió al momento de asumir en Emesa, bajo el gobierno de Francisco Pérez. Emesa también maneja las acciones del Estado en las empresas privatizadas Edemsa, Distrocuyo, Hinisa, Hidisa y en Cemppsa.
Eduardo Orellana. Tras el motín vendimial del año 2000, integró el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias. Asumió como director el 28 de mayo de 2013 en remplazo de Sebastián Sarmiento, que pasó a ejercer como juez de instrucción. Su subdirectora fue Milagros Noli, identificada con las políticas garantistas.
Orellana destacó que el sistema penitenciario mendocino es el cuarto en cantidad de presos del país (luego del bonaerense, el federal y el cordobés) con lo que remarcó que aloja más internos que el de Santa Fe, una provincia que duplica en población a Mendoza.
Ha dicho que el viejo penal de Boulogne Sur Mer “debe desaparecer, pero cuando tengamos a dónde llevar los presos”. Considera que el estado de las cárceles de Mendoza “es crítico” aunque estima “exageradas” las condenas internacionales.
