Paralelo al juicio que se les sigue a los padres de Luciana Rodríguez (3), es investigado el accionar de funcionarios de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (Dinaf).
Se trata del director del servicio de Protección de Derechos, Fernando Herrera; los operadores del Órgano Administrativo Local, Rafael Vizcarra, Mónica Castro y Vanina Consina; la psicóloga Fabiana Lucentini, y Mauricio Flores, un operador de la guardia telefónica (102).
La fiscal Claudia Ríos es la encargada de investigarlos y elevó la causa a juicio semanas atrás. A todos los acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público, un delito que es excarcelable. Sin embargo, no hizo mención a la imputación por abandono de persona que pesaba sobre cinco de los estatales (quedó excluido Flores).
Ante esto, la abogada querellante Graciela Cola presentó un pedido ante el juez de Garantías Aníbal Crivelli para que se revisara la elevación a juicio.
Finalmente, el magistrado le dio la derecha a la querella y remitió el expediente nuevamente a la fiscal Ríos.
Crivelli ordenó que se precisen los hechos por los cuales se imputa a los empleados estatales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y le solicitó a la fiscal que se expida sobre el tema del abandono de persona. Es decir, que eleve el delito a juicio o que requiera el sobreseimiento de los acusados.
Ambos delitos no prescribirían ya que se trata de causas cometidas por funcionarios públicos en el desempeño de sus tareas, por lo que podría mantenerse la investigación independientemente del tiempo ya que son empleados del Gobierno.
