La presidenta de la Nación dispuso que a José Sbatella se le renueve el mandato al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que vence en febrero.
Se trata de uno de los funcionarios más cuestionados del gobierno, sobre el que pesan graves denuncias por el uso arbitrario de sus importantes funciones, corrupción e ineficiencia manifiesta de la dependencia su cargo.
La UIF tiene a su cargo aplicar la legislación vigente para controlar e impedir el lavado de dinero y el financiamiento de las actividades terroristas. Estas funciones, convertidas en esenciales en los Estados, fueron impulsada hace un cuarto de siglo por la ONU y el denominado G-20, del cual Argentina forma parte.
Se constituyó en un organismo intergubernamental denominado Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene por finalidad monitorear la conducta de los países en relación a las acciones para prevenir las prácticas delictivas en la materia de referencia.
Argentina ha legislado sobre el problema. En el año 2000 se sancionó la Ley 25.246, denominada de “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo”, que encuadra estas actividades en el Código Penal.
Dicha norma crea la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia como encargado del análisis, tratamiento y transmisión de la información referida al lavado de dinero. Dicha legislación se complementó en 2007 con la Ley 26.268 de “Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo”, extendiendo las facultades de la UIF a estos temas.
La estructura de la persecución del lavado de dinero se basa, esencialmente, en la información sobre “operaciones sospechosas” que deben proveer a la UIF una larga lista de personas jurídicas y físicas, que va desde las entidades financieras, empresas de seguros, AFJP, a escribanías.
El cuestionamiento nacional e internacional a la UIF es de tal envergadura que hace unos días el juez que investiga si el empresario socio de los Kirchner, Lázaro Báez, habría incurrido en el delito de lavado de dinero, ordenó el allanamiento de la dependencia pública. A su vez el embajador de Suiza en nuestro país ha formulado declaraciones a la prensa diciendo que la investigación que se está realizando en aquel país por el mismo tema sigue avanzando.
El juez que dispuso el allanamiento instruye un expediente en que Sbatella está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. El titular de la UIF fue denunciado por los diputados nacionales Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich, después de que mediante artículos periodísticos se informara que la UIF había demorado varios años en presentar ante la Justicia distintos reportes de operaciones sospechosas (RO) que involucraban a empresas de Báez.
Pero además existen otras causas en las cuales Sbatella es investigado por proteger a amigos del gobierno, como el Vicepresidente de la Nación y las Madres de Plaza de Mayo. Se han publicado recientemente minuciosas investigaciones periodísticas en las que fueron expuestos casos de persecución política, designaciones arbitrarias y despidos de especialistas que resistieron algunas de esas polémicas órdenes superiores.
En definitiva, al funcionario que hoy se pretende dar un nuevo mandato se le imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.
Uno de los casos más vergonzosos ha sido la designación de decenas de familiares y amigos absolutamente ineptos para realizar una tarea de altísima complejidad técnica, previo despido de personal que había costado mucho tiempo capacitar.
Es evidente que la propuesta de mantener a Sbatella en el cargo que tan mal ha desempeñado es un agravio al país.
