La multitudinaria concentración ciudadana del pasado martes frente al Congreso Nacional fue, básicamente, en lo inmediato, para pedir que el Senado aprobara sin más dilaciones los allanamientos a domicilios de Cristina Fernández de Kirchner solicitados por el juez Claudio Bonadío tras el fracaso del llamado anterior.
Sin embargo, una gran parte de los asistentes avanzó más y reclamó a viva voz el desafuero de la actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires para que pueda ser juzgada por los numerosos cargos que la acosan hoy en día en la Justicia.
También se peticionó frente a las autoridades para que a través de una ley de extinción de dominio, o de la manera legal que corresponda, los que se quedaron con dineros públicos los devuelvan sin más.
Al día siguiente de la marcha y como queriendo salvar la imagen tras el papelón de una semana antes, cuando no dieron quórum para sesionar, esta vez los senadores del peronismo se presentaron en el recinto y avalaron unánimemente los procedimientos solicitados por el juez que investiga a la ex presidenta, luego de que ésta, públicamente, manifestara horas antes de la marcha popular en su contra que no pondría obstáculos para que allanaran sus propiedades.
Incluyó, no obstante, algunos condicionamientos al accionar de las fuerzas que enviaría el magistrado a cargo de la causa que, como era lógico suponer, fueron desechados por la mayoría de los legisladores presentes.
Sólo avalaron esa ridícula iniciativa de “allanamientos con privilegios” aquellos legisladores que, por convicción o simple conveniencia coyuntural, coinciden con la desubicada hipótesis de la ex presidenta de que todo es un montaje en su contra, una persecución política y mediática.
Sin duda, el rechazo que la gente concentrada frente al Congreso expresó hacia Cristina Kirchner y el clamor para que los senadores depusieran su actitud dilatoria ante la gravedad de los hechos investigados permitieron que la Cámara alta cumpliera con uno de los roles que también le competen como Poder Legislativo: velar por el normal funcionamiento de las instituciones; esta vez, no poniendo obstáculos a la labor de la Justicia.
De todos modos resulta inevitable ampliar la lectura de los hechos de la semana, en especial de la marcha popular que fue necesaria para que los senadores del justicialismo se dispusieran a tratar la situación de una integrante de ese cuerpo.
En primer lugar, una vez más la gente en las calles se hizo escuchar, muy especialmente por aquellos que de acuerdo a la norma constitucional son sus representantes y que en este caso esquivaban la responsabilidad que les cabe ante un hecho de enorme gravedad.
Y en segundo lugar, ningún dirigente ni sector político puede atribuirse un logro por el éxito de la concentración ciudadana y su correlato en la vía libre a los allanamientos.
Si bien es cierto que desde el oficialismo se alentó la concurrencia de la gente en forma masiva frente al Congreso, la llegada mayoritariamente espontánea de argentinos indignados con la corrupción dio muestras una vez más de la madurez de un pueblo cansado de abusos y menosprecio de sus dirigentes, que dejó de lado por un instante el malestar creciente por la complicada crisis económica actual y salió a exigir mayor calidad institucional.
Esa gente no dudará en responder de la misma forma si en un futuro no muy lejano quienes estén de cara a la Justicia para rendir cuentas de fechorías no sólo sean personajes del saqueo kirchnerista.
