El presidente de la opositora Democracia Cristiana (DC) de Chile, Fuad Chahín, analizó la crisis que atraviesa el país vecino desde el estallido social del pasado 18 de octubre, la necesidad de reformar Carabineros (policía chilena), para dividir la fuerza en tres cuerpos, y también abordó el plebiscito del 26 de abril, que propicia la reforma de la Constitución que rige desde 1980, cuando gobernaba el dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Fuad Chahín, un abogado de 43 años y ascendencia palestina, es uno es uno de los políticos más críticos sobre la actuación de Carabineros durante el estallido social, que llevó a la fuerza policial, que años atrás fue considerada como un "orgullo nacional" a estar denunciada por hechos de corrupción y apuntada en todos los informes nacionales como internacionales en delitos contra los derechos humanos.
–¿Cómo explica la crisis por la que atraviesa Carabineros?
–Carabineros vive actualmente una crisis muy profunda y lamentable. Durante muchos años fue un orgullo para este país, una policía profesional, eficiente, proba, intachable, incorruptible. Pero resulta que hemos visto hechos de corrupción dentro de la institución, no sólo de dinero que se apropiaron delictualmente muchos funcionarios sino de generar montaje de escenarios, de falsificar pruebas, la operación “Huracán” y luego la muerte de Camilo Catrillanca, hasta terminar con las graves violaciones a los derechos humanos. Eso indudablemente muestra a una institución en crisis en la que sigue habiendo uso desproporcionado de la fuerza, como se ve en los múltiples informes de organismos internacionales, de ONGs, del Instituto de Derechos Humanos y en los informes de la ONU.
–Con el desplome de los índices de aprobación a Carabineros usted plantea cambios en la institución, ¿cuáles son?
–Nosotros hemos planteado dividir a Carabineros en tres policías distintas. Primero, necesitamos una policía más blanda, de prevención del delito, comunitaria, de tránsito, familia. Por otro lado, una policía investigativa altamente profesionalizada, con mucha tecnología y preparación, fundamentalmente destinada a la investigación del crimen organizado, bandas narcos, muy similar a la Policía de Investigación (PDI). Y tercero, una policía especializada en orden público y fuerzas especiales, con un mando, una capacidad operativa, psicológica y técnica que les permita enfrentar estas situaciones, que son de sumo estrés, sin violar los derechos humanos y con una gran capacidad de contención.
–Se habla de ingobernabilidad en la institución ¿Debería renunciar el general director de Carabineros, Mario Alberto Rozas?
–Aquí no hay mando. El general Mario Alberto Rozas manda y simplemente hay una parte de Carabineros que no lo obedece. No tengo dudas que Rozas no manda a los carabineros a dar patadas, apalear jóvenes, ni violar los derechos humanos, el problema es que las instrucciones que da parece que no se cumplen. Hay personas dentro y fuera de la institución que tienen poder dentro de la estructura de la organización de Carabineros y eso es peligroso. Claramente Rozas no ha tenido el liderazgo para poder estar al frente operativamente de Carabineros en una situación tan crítica como ésta, ni menos para enfrentar las transformaciones que hay que hacer en la institución.
–Desde el 18 de octubre las marchas se han multiplicado y una de las demandas ciudadanas es la nueva Constitución, ¿cuáles son sus expectativas respecto al plebiscito del 26 de abril?
–Nuestra expectativa es que va a ganar el “apruebo”, pero probablemente por menos diferencia de lo que nos hubiésemos imaginado, porque vemos una campaña muy articulada pro “rechazo” con muchos recursos. Lo importante es que todos los que estemos a favor seamos capaces de transmitir a la gente certeza, que esto no es un salto al vacío, esto no es el caos, sino una oportunidad de darnos reglas de juego que no sea la imposición de uno sobre el otro, sino que nos interpreten a todos.
Es lógico que nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestro catálogo de derechos garantizados y la constitución tienen que actualizarse.
–¿La Constitución de 1980 es parte del actual problema?
–Por supuesto. Tiene un problema de legitimidad de origen, fue impuesta en dictadura, ratificada por una consulta ciudadana que fue absolutamente fraudulenta, sin registro electoral, sin partidos políticos. Tiene además un conjunto de trabas para realizar cambios. Jaime Guzmán, el ideólogo de la constitución, dijo que independientemente de quien gobierne las cosas no van a ser muy distintas, y eso se ha cumplido a cabalidad, y tenía un conjunto de candados para los cambios, algunos de los cuales se lograron abrir, como los senadores designados, el sistema electoral binominal, pero el quorum supramayoritario de muchas de las reformas impiden efectivamente que, aun teniendo mayoría, esos cambios se puedan realizar. Por eso, al final el modelo neoliberal de esa Constitución está prácticamente intangible, inalterado desde 1980.
–Una nueva Constitución, ¿permitiría superar la crisis de Chile?
–Es una condición necesaria, pero no suficiente. Sólo la nueva constitución no va a resolver la crisis, pero sin ella no es posible realizar las correcciones al modelo de desarrollo que tenemos.
El gran desafío nuestro es cómo humanizamos nuestro modelo de una economía al servicio de la persona y no al revés, cómo distribuimos mejor el poder, no solamente el poder político, con una mejor organización del Estado, mayor descentralización, mayor participación ciudadana.