Frente a una cosecha mejor, buscan generalizar contratos para fijar precios y plazos

Con valores de traslado que llegaron hasta 90% respecto de enero de 2017, productores y bodegas deberán discutir inflación y otros factores.

Frente a una cosecha mejor, buscan generalizar contratos para fijar precios y plazos
Frente a una cosecha mejor, buscan generalizar contratos para fijar precios y plazos

Siempre al final y al principio de cada ciclo comercial vitivinícola los precios del mercado de traslado son un termómetro del ánimo imperante y el rumbo adoptado por la industria en el mercado interno. Así, el registro de los contratos muestra que los valores de referencia arrancan 2018 entre un 70% y hasta 100% más arriba que en enero de 2017, en medio de los aprestos de una vendimia que, después de dos bastante pobres, promete más uva y con ello cierta estabilidad en las cotizaciones de la materia prima, aunque de a poco prende la idea de imponer un modelo contractual para blindarse ante desequilibrios.

De acuerdo a las estadísticas de la Bolsa de Comercio, los tintos genéricos, a pesar de un comportamiento volátil durante el último año también marcado por la importación de volúmenes, no se despegan demasiado. Habían iniciado 2017 a un precio promedio de $ 10,87 por litro, y durante los primeros días de enero de 2018 ya se ubican por encima de los $ 11,23.

Otro caso es el de los varietales, que de enero a enero treparon casi 70% en un contexto de recomposición de los valores y de escasez sobre todo de malbec y cabernet, siempre a tope de la demanda. Así, los $ 10,56 promedio que se pactaban doce meses atrás actualmente se ubican en torno a $ 17, gracias a las últimas transacciones con bonarda y syrah.

“A pesar de que son conocidas las reglas del oligopsonio que existe en la industria, hay un escenario sostenible, si no la cadena de la renta queda totalmente desajustada teniendo en cuenta un margen de distribución con una brecha de entre los $ 17 de un varietal en el traslado y los más de $ 100 que llega al público. Además, aunque la cosecha sea mayor no debería perforarse ese piso porque en el último año se importó casi un mes de despachos”, consideró Gabriela Lizana, de Aproem (Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza).

Lo mismo pero distinto

Mayor es el repunte en el blanco escurrido. De un promedio de $ 3,90 al iniciar 2017 hoy ya se ubica en los $ 7,40. Es decir, un nivel más de 89% superior, un porcentaje importante comparado con el más modesto 25% de los blancos de blancas (hoy por encima de los $ 5,23).

Lo dicho: a falta de un mes para que el INV difunda datos de la, por ahora, única estimación de cosecha, algunas proyecciones arriesgan un rango de 20 a 22 millones de quintales. Con un porcentaje de diversificación a mosto y otros destinos a definir entre Mendoza y San Juan, faltan datos para tomar decisiones en un año que, con 5 meses de stocks proyectados a junio, unos y otros saben exigirá ser muy “finos” .

Los primeros sondeos en las fincas ya empezaron. Para Sergio Villanueva, gerente de la UVA, “superar los stocks puede hacer caer el consumo, por eso un escenario bueno sería mantener los precios de 2017. El planteo más extremo es tomar esa base más un plus, mientras que la expectativa de 150 mil toneladas de mosto colocables a un buen precio fijará el piso para el vino genérico”.

Otro panorama, tal vez más favorable, asoma para varietales, luego de las heladas tardías y sin considerar la amenaza del granizo. Por eso, el sector industrial se adelanta con una señal: el eje será hablar de demanda y oferta pero, si hay reconocimiento de mayores costos, el margen más importante se lo llevará el segmento premium.

Los tintos genéricos aumentaron sólo un 3,3% en los primeros días de enero respecto al valor promedio de 2017, que alcanzó los  $ 10,87.

“El precio del vino lo determina la escasez, la expectativa y el financiamiento. Y el tema financiero será determinante. Con un precio demasiado alto, el consumidor prefiere tomar otra cosa, y eso es peligroso en un año complejo en el que no se prevé una explosión de consumo en ningún mercado.

Será un ciclo de detalles y para ser cuidadosos”, auguró el dirigente.

Para Lizana, en tanto, el reposicionamiento no sólo se explica por dos cosechas consecutivas por debajo de los 19 millones de quintales. La dirigente recalcó que “hubo abandono de propiedades y un ajuste de precios por inflación después de 4 a 5 años casi al mismo nivel. Algo similar a lo que pasó en Chile, al que nos estamos pareciendo cada vez más y donde este año se van a triplicar valores. Hay presión para imponer la idea de que el año pasado fue excepcional, pero creo que se trató de una equiparación para el productor, justa y necesaria”.

En general, cualquiera sea el tipo de vino, las condiciones de pago por ahora no cambian demasiado respecto a 2017, cuando aún sin tener certeza absoluta de los números cortos de cosecha, 80% de los volúmenes terminaron transándose con financiamiento. Actualmente, de acuerdo al registro de la Bolsa, 7,5 de cada 10 litros comercializados se pactaron en cuotas, aunque ya se anticipa un tire y afloje en los plazos.

Precios 2018: contratos y plazos cortos

Aunque recién con el único pronóstico de febrero se sabrá cuánta uva dará la añada 2018, los distintos actores de la cadena vitivinícola se preparan para una vendimia mejor. Algunos incluso apuestan a que, de no mediar una contingencia climática límite, puede llegar a ser casi 25% mayor, y si eso ocurre, sin dudas marcará el ritmo comercial.

Por lo pronto, se perfila una alianza interprovincial que incluye a Mendoza, San Juan y Salta para pelear mejores condiciones y blindarse de un eventual lobby a la baja. La consigna es consensuar un criterio similar en formación de precios, que sin embargo tiene sus matices en cada región acorde al perfil productivo.

Así, mientras el sector primario salteño, en línea con Mendoza, plantea un reconocimiento de precios vigentes, más inflación 2017 y más 90 días de plazo, desde San Juan impulsan un ajuste diferencial para uvas criollas.

“Se insistirá con los contratos. Pero sobre todo el interés es achicar plazos: con los costos acumulados del año que llegaron fácilmente al 30%, de julio a febrero ya no va. De hecho, los fertilizantes se pagan a la cotización del dólar del día. Por eso el objetivo es no superar 90 días desde marzo”, adelantó Lizana.

Según Villanueva, si bien la contractualización apunta a formalizar términos, los plazos de pago se equilibrarán con el plus de costos reconocible: esto es, a menos plazo, menos actualización de precios. “En términos globales tenemos que preocuparnos por recuperar litros. Pero si nos descuidamos con los números la industria se queda afuera de los mercados”, indicó.

"Superar los stocks puede hacer caer el consumo, por eso un escenario positivo sería mantener los precios de 2017."

Sergio Villanueva, gerente de la UVA

Al respecto, el Ministerio de Economía da señales de receptividad a una eventual iniciativa, aun a sabiendas de que resta darle forma. “Puede resultar un recurso interesante. Hay que analizar la modalidad y su alcance, dado que implicaría contar con una ley o una modificatoria”, admitieron fuentes de la cartera.

Por ahora, ante la posibilidad de que cuantitativamente la vendimia 2018 reporte 20% más uva y el mercado lo sienta, desde Economía el mensaje intenta desalentar especulaciones. “Todo indica que habrá un escenario relativamente estable”, soltó un funcionario sin querer exponerse ni hablar de inflación o términos de una contractualización. Y mucho menos de un posible rol de árbitro en una suerte de “paritaria” de precios.

De todos modos, de prosperar, se sumaría a otra idea que el ministerio también mantiene en estudio desde 2017 vinculada a los precios. Una suerte de acuerdo que, a partir de la experiencia encarada por Fecovita con sus clientes, busca moderar saltos bruscos en detrimento de un consumo per cápita que no logra repuntar.

En la industria asumen que lo más cercano a la formalización de contratos es el registro de la Bolsa de Comercio, aunque requeriría ajustes dado que se centra en el trasladismo post vendimia y por tanto no contempla los términos comerciales para con el productor.

“El Gobierno podría incentivar la contractualización y ser un garante de cumplimiento. Quizá así, luego de uno o dos años de consolidarla como herramienta legal, se pueda discutir precios mínimos o una paritaria”, aventuró Villanueva.

Cuando se sabe que parte de la discusión, como ya ocurrió, sigue centrada en la inflación (¿del año que pasó o la proyectada?), en el sector primario se cierran en un planteo concreto. “El año pasado faltó vino, y de hecho se importó. En ningún lugar del mundo se paga en 12 cuotas con la inflación que tenemos”, advirtieron fuentes habitualmente críticas del sector.

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