Dilma Rousseff y Luiz Inacio Lula da Silva alineaban ayer sus fuerzas y anotaban puntos en “la batalla” para evitar el juicio de destitución de la presidenta de Brasil y desbloquear el ingreso de su predecesor al gobierno.
El jefe del gabinete personal de Lula, Jacques Wagner, explicó que esa “batalla” se da en tres frentes: “en el Parlamento, en el campo judicial y (...) en la calle”, ante una opinión pública saturada de escándalos y golpeada por la recesión, con el mayor índice de desempleo (8,2% en febrero) desde 2009.
La batalla política
Rousseff, de 68 años, y el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) denuncian una tentativa de “golpe de Estado” detrás del impeachment (juicio político) que la oposición impulsa en el Congreso contra la mandataria, por presunto maquillaje de las cuentas públicas.
Para frenarlo, la gobernante debe conseguir el apoyo de al menos 172 diputados (más de un tercio), de los 513 de la Cámara. Un objetivo que muchos legisladores de la coalición oficialista ven cada vez más difícil, según medios brasileños.
En caso de no lograrlo, el segundo mandato de Rousseff (2014-2018) podría ser salvado con el rechazo del impeachment por más de la mitad de los 81 escaños del Senado.
El frente judicial
Rousseff y Lula tuvieron un motivo de satisfacción por la decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de ordenar al juez de primera instancia Sergio Moro la entrega de las conversaciones pinchadas que el ex presidente mantuvo con su sucesora y con otras personalidades aforadas.
“Fue un absurdo (liberar las conversaciones), porque la divulgación de un diálogo con la presidenta fue lesiva para los fundamentos del Estado democrático y de las garantías y derechos constitucionales de la Presidencia”, subrayó Rousseff tras una visita de una instalación militar en Brasilia.
