El gobierno francés anunció ayer un ajuste sin precedentes de 36.900 millones de euros en aumentos de impuestos y recortes en los presupuestos de 2013, con el objetivo de reducir el déficit público hasta el 3% del Producto Bruto Interno (PBI).
“Es un presupuesto de combate para luchar contra una deuda que no cesa de aumentar”, “por la justicia social”, “por el crecimiento” y para “preparar el futuro”, afirmó el primer ministro Jean-Marc Ayrault al salir del Consejo de Ministros.
Francia confirmó así que mantenía su objetivo de un 3% de déficit en 2013, pero renunció sin embargo a alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas en 2017 como estaba previsto, y para ese año planifica un déficit de sólo 0,3%.
Según las previsiones del gobierno, el déficit público de la segunda economía de la Eurozona será de 4,5% del PBI en 2012, 3% en 2013, 2,2% en 2014, 1,3% en 2015, 0,6% en 2016 y 0,3% en 2017.
El primer ministro exhortó a “la movilización general” de los franceses para “ganar esta batalla” de la reactivación.
El proyecto presentado ante el Consejo de Ministros, así como el presupuesto de la seguridad social, que será hecho público el próximo lunes, prevén 20.000 millones en aumento de impuestos (10.000 millones para las familias y 10.000 millones para las empresas), a los que se añaden los 4.400 millones ya aprobados.
El ajuste se completa con recortes de 10.000 millones en el gasto del Estado y de 2.500 millones en la Seguridad Social.
Se trata de un esfuerzo inédito en período de crecimiento débil y de alto desempleo, por lo que numerosos economistas consideran que el objetivo de reducir el déficit de 4,5% este año a 3% en 2013 es inalcanzable.
El 3% de déficit “lo tendremos”, repitió sin embargo ayer el ministro de Finanzas, Pierre Moscovici. “Si renunciáramos a ese objetivo, las tasas aumentarían inmediatamente y entonces estaríamos en la situación de Italia, de España”, recalcó Jean-Marc Ayrault.
La deuda pública francesa pasó de 64,2% del PBI en 2007 a cerca de 91% en junio de 2012, sobrepasando la previsión del gobierno de 90,6% a fines de 2013, pero se espera que retroceda en 2014.
El presupuesto de 2013 fue construido en base a una hipótesis de crecimiento de 0,8% del PBI, que Ayrault considera “realista” y “alcanzable”, pese a las dudas de los economistas.
Esfuerzo histórico
Este presupuesto es mucho más austero que los de los últimos años en Francia y se trata del esfuerzo “más importante desde hace 30 años”, en palabras del presidente François Hollande.
“El 1,5 punto del PBI de reducción de déficit es considerable. Pero sobre todo, en período de crecimiento cero, es excepcional. Esto no ha existido nunca” en el país, declaró Elie Cohen, director de investigaciones del Centro Nacional francés de Investigaciones Científicas (CNRS).
Este proyecto de ley de finanzas llega dos días después del anuncio oficial de que Francia sobrepasó a fines de agosto los 3 millones de desempleados, un umbral que no había sido rebasado desde 1999.
El texto prevé la supresión de 12.298 puestos de trabajo en los ministerios considerados no prioritarios, en beneficio de la creación de unos 11.000 puestos en los sectores de la educación, la justicia y la policía.
En total, entre 2011 y 2013 los aumentos de impuestos en Francia sumarán unos 60.000 millones, una cifra sin embargo muy inferior a los programas de austeridad en España o Italia, cuyos déficits son más importantes.
Esos impuestos afectarán prioritariamente a las personas con más ingresos y a las grandes empresas, porque el gobierno intenta preservar a las familias más modestas y a las pequeñas y medianas empresas.
“Nueve de cada diez franceses” no se verán afectados por los nuevos impuestos, afirmó Ayrault.
Según el ministerio de Finanzas, 4,1 millones de familias francesas, las más ricas, pagarán más impuestos, y 8,5 millones de familias pagarán menos.
Las rentas del capital tendrán ahora el mismo nivel de imposición que los salarios. También se aumentará el impuesto a las grandes fortunas y se crea una tasa excepcional de 75% para las rentas superiores a un millón de euros anuales, que se aplicará durante dos años.
La oposición de derecha criticó inmediatamente lo que considera una “muy mala opción”.
“Nunca se ha infligido a las familias ni a las empresas tal choque fiscal”, afirmó el diputado del partido UMP Gilles Carrez, que preside la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (Cámara baja).
