El dato concreto es que, por un acta-acuerdo, 106 personas contratadas se incorporaron a la planta permanente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Desde la perspectiva del radicalismo esta resolución, que es de marzo de este año, tiene varias 'cuestiones' que no cumplen con el convenio colectivo de trabajo.
En cambio, desde la visión del Frente para la Victoria, no hay ningún tipo de irregularidad e, incluso, aseguran que la UCR está haciendo un planteo jurídicamente ridículo.
Lo cierto es que los radicales de la comisión de Hacienda invitaron al titular de la Dirección Provincial de Vialidad a dar explicaciones en la Legislatura.
El objetivo de la resolución firmada por los diputados de la UCR Jorge López, Martín Kerchner, Edgar Rodríguez y Roberto Infante es que Enrique Soler, a cargo de la DPV, explique por qué se aumentó el personal de planta y, además, cuál es el estado general del Presupuesto 2015 de la dependencia que administra, todo enmarcado en el final de mandato de este gobierno y la elección de su sucesor.
“Todo resulta de analizar la resolución que hace referencia a un pase a planta de 106 personas. Es un acta-acuerdo firmada en agosto de 2014. Hay cuestiones que no cumplen con el convenio colectivo y por eso surgió la necesidad de convocar a Soler. El FpV no nos dejó convocarlo porque dicen que no lo consideran conveniente. En realidad, tienen pocos argumentos. Yo dije en esa sesión que cómo no vamos a poder citar a los funcionarios para que den explicaciones. Entonces cerremos la Legislatura y chau”, ironizó el diputado López.
Asimismo, el legislador que “denuncia” esta situación explica que la resolución -que es la 188- dispone que desde enero de 2015 “todos los contratados a partir de los seis meses pasarían a planta (por un importe de $ 14.934.723,65 ) y nosotros encontramos gente que lleva menos tiempo y ya los pasaron a planta. Otro punto que encontramos es que se prohíbe el pase a planta de funcionarios y está por ejemplo Roque Fernando Romero, que fue designado en la gestión de Jaque (ex gobernador) como consejero ejecutivo y al asumir Pérez se lo designa como gerente institucional”, explicó López.
En tanto, también enumeró como irregular que han ingresado parientes de miembros de la comisión directiva del sindicato, cosa que, también, remarcan los radicales, está prohibida por ley. Además, citan como uno de los casos más graves el de Germán Kemmling que entró al Gobierno en la gestión de Jaque y ahora es director de Recursos Humanos de la DGE y a su vez es uno de los 106 que pasaron a planta en Vialidad.
“Queremos preguntarle a Soler y que explique. Hoy en Vialidad hay 7 u 8 abogados y 12 ingenieros en total en la plata. Las proporciones están bastante desequilibradas y por eso queríamos invitar a Soler. Si no viene, haremos el correspondiente pedido de informe. Son cargos en toda la provincia. Estamos trabajando sobre la resolución", enfatizó López.
Mientras, al ser consultada, Vialidad prefirió no hablar sobre el tema ya que es más “sindical que administrativo”.
Los cuestionamientos de la oposición se suman a los que también hacen al acuerdo paritario con los gremios de Salud que también implica la efectivización de contratados, aunque en este caso son 1.400,
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales (Sitravi) y también diputado provincial del Frente para la Victoria, Claudio Díaz, aseguró que no hay nada de irregular en estas 106 efectivizaciones. Incluso, para el sindicalista hace falta más gente para cumplir con el cupo mínimo establecido en 2005 por el gobierno del radical Julio Cobos.
“Nosotros el 27 de agosto de 2014 firmamos un convenio colectivo nuevo. En el punto 1 se acordaba por el Gobierno de la provincia la incorporación de 106 personas contratadas a planta. La ley a la que ellos hacen referencia es posterior a la decisión. Es la 8.729, del 10 de setiembre de 2014. Tres meses antes de la sanción de esa ley habíamos acordado con el Gobierno el nuevo convenio. Lo acordado con anterioridad no lo podés aplicar retroactivamente”, comenzó justificando Díaz.
Por ello, es que considera una absoluta “barbaridad” el planteo jurídico que hace el radicalismo. “Es irracional, es una chicana política para decir que el Estado está incorporando gente. Además, en 2005 Cobos firmó un decreto que dice que tiene que haber un plantel mínimo permanente no inferior a 1.380 personas.
Ahora hay 1.000 en planta, más 106 que se agregan. No estamos creando cargos, son cargos que ya existen, que son de jubilaciones, renuncias, fallecimientos. No tenemos gente para subir arriba de una máquina. Incluso falta más gente que estas 106 incorporadas. Es absolutamente ridículo lo que están planteando estos diputados radicales”, retrucó el peronista.
Explayándose sobre el tema y haciendo puntual referencia a los “amigos o parientes de” que ingresan al Gobierno, Díaz se expresó con total sinceridad.
“No se respeta la ley de concursos; eso es algo que hace años los sindicatos venimos pidiendo al Gobierno. Ha sido la práctica normal y habitual de todos los gobiernos -desde que volvió la democracia- que los concursos no se implementen. Nadie ha entrado al Estado por un aviso en el diario, todos han entrado porque son amigos de, hijos de, primos de. Eso ha pasado con todos los gobiernos: radicales y peronistas. No es nada nuevo”, expuso el gremialista con honestidad brutal.
