Los tiempos de la política argentina están convulsionados. La presentación de las listas para las primarias del 11 de agosto y el consecuente inicio de la campaña electoral de todos los partidos coincide dramáticamente con el estallido de problemas sociales de larga data, con un conflicto de poderes cada vez más acentuado -profundizado por el propio Gobierno- y con señales de deterioro que atraviesan transversalmente la economía del país. Las fotografías, vistas por separado, generan preocupación pero si se las hilvana en una película provocan alarma. Los corrimientos políticos que hay en el seno del peronismo gobernante son la señal clara de este mar de fondo.
El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó el paro de los maquinistas de trenes (que el miércoles dejó a 800 mil usuarios sin servicio en Capital Federal) como “una salvajada”.
A su entender, se trató de una protesta violenta de los choferes ante la decisión del Gobierno de instalar cámaras en las locomotoras para fiscalizar la tarea de los maquinistas, sobre quienes Randazzo pretende cargar todas las culpas de los trágicos accidentes en las vías (el de febrero de 2012 en la estación de Once y el de hace unos días en la localidad de Castelar).
El gremio La Fraternidad, que hasta el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, el 20 de octubre de 2010, estaba encolumnado con el Gobierno, aseguró que la medida fue sólo un quite de colaboración porque el aguinaldo no había sido depositado a tiempo (esta explicación no se compadece con el tamaño de la protesta y el caos que ocasionó).
Más allá de lo que digan las partes, lo cierto es que las pujas se desatan ante el estado de indignación de los usuarios por el infame servicio que prestan los trenes en el Gran Buenos Aires pese a los multimillonarios subsidios entregados por el Gobierno durante diez años a los empresarios del sector, que cayeron en saco roto (el “desvío” de estos fondos nacionales hoy son objeto de causas judiciales en las que funcionarios kirchneristas y empresarios están procesados).
Una de las grandes inconsistencias del modelo de desarrollo con inclusión, que la Presidenta resalta en cada uno de sus discursos, es no haber proyectado un sistema de transporte eficiente tanto de pasajeros como de cargas. ¿Qué clase de progreso es el que hace viajar a las personas a sus trabajos como animales y que depende del transporte de camiones para asegurar el abastecimiento de alimentos a toda una nación?
Como sabemos, hoy el grueso de las mercaderías se traslada por camiones, por eso Hugo Moyano continúa teniendo peso determinante en el sindicalismo argentino, más allá de sus por ahora pobres intentos de transferir su poderío a la política partidaria.
El lunes entrante, Camioneros podrían realizar un paro de actividades en protesta porque el aguinaldo fue absorbido por el impuesto a las Ganancias. Otra señal de deterioro: en un año electoral, en el que el Gobierno pone en juego su continuidad post 2015, el Palacio de Hacienda no tiene margen para sacar presión tributaria a los trabajadores actualizando la tabla del impuesto a las Ganancias, que no se toca desde hace diez años, motivo por el cual, inflación mediante, el tributo abarca a una porción cada vez mayor de asalariados. Se trata de no más de 8.000 millones de pesos, sobre un horizonte de recaudación presupuestada de más de 500 mil millones. La frazada ha vuelto a quedar corta.
Ayer, Cristina Fernández aseguró desde Bariloche que no se dejará extorsionar por ningún sector sindical. No es la primera vez que hace esta advertencia. Desde que inició su segundo mandato, su Gobierno no mantiene buenos lazos con las filas gremiales. Tras romper con Moyano para zafarse de la “extorsión”, la Presidenta ordenó tener una CGT amiga, algo que consiguió con mucho esfuerzo. Pero en la central obrera que dirige Antonio Caló no hay subordinación complaciente con la Casa Rosada, todo lo contrario.
El salto de Rodolfo Daer, ex vocero de esta grupo, a la lista de diputados nacionales de Sergio Massa, terminó de confirmar que el sindicalismo tradicional empuja ansioso el post-kirchnerismo. Las listas que la propia Presidenta armó en Olivos son la otra muestra de que la confianza está rota: ningún sindicalista de peso ocupa un lugar expectable, sólo Héctor Recalde, otrora abogado de Moyano.
Los focos de conflicto que tiene el Gobierno no anidan sólo en las organizaciones sindicales y sus intereses. Los empresarios están en la mira de la Casa Rosada por un tema más sensible para el común de los argentinos: los aumentos de precios. Esta semana, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien tiene la doble tarea de controlar los precios y garantizar el abastecimiento de los productos, montó en cólera.
Ayer, cerró provisoriamente por unas horas cuatro supermercados porque estos no ofrecían a los clientes los productos con precios “congelados” acordados con la Casa Rosada para mitigar el impacto de la inflación, haciendo uso así de la vieja ley de Abastecimiento Nacional que le permite aplicar sanciones y multas.
Además, amenazó al sector triguero a usar la misma norma e ir a los silos a buscar el trigo que supuestamente está escondido a la espera de la oportunidad de ser exportado. Por la escasez de harina en el mercado local las panaderías llevaron el precio del pan al doble de lo acordado por el Gobierno.
Estas reacciones infantiles, con las que se busca instalar en la opinión pública que los responsables de todo son los empresarios inescrupulosos, ponen a Moreno en el centro de la escena de un Gobierno que va perdiendo su reconocida capacidad para marcar agenda. El funcionario K mantiene hoy duras disputas con todo el arco empresario para intentar frenar la inflación de cara a los comicios de agosto y de octubre.
La ortopedia y los singulares métodos que caracterizan al secretario de Comercio Interior son la única solución que ha ensayado la Presidenta para abordar un tema mucho más complejo y que choca con la emisión monetaria que el Banco Central realiza al ritmo voraz de las necesidades del Tesoro en un año electoral.
La última fotografía de esta película llena de adrenalina y tensiones es la guerra que el Gobierno nacional ha decidido dar a la Corte Suprema, que ya resolvió que la reforma judicial kirchnerista tiene vicios de inconstitucionalidad y que aún debe resolver sobre la legalidad o no de una parte esencial de la Ley de Medios en la causa que tiene como protagonista al Grupo Clarín.
La definición del Máximo Tribunal llegará en los próximos meses pero nadie sabe si será antes de las elecciones primarias, entre éstas y las generales o después del 27 de octubre.
Es un tema de alto voltaje y su resolución, cualquiera sea, tendrá una fuerte repercusión en la política doméstica. Sin dudas no será un fallo más.
Como antesala de esta decisión, los jueces supremos atraviesan un momento de mucha tensión con el Gobierno nacional que ya no confía en ellos -a excepción de Raúl Zaffaroni- y los considera abiertamente como “opositores”.
La investigación que la AFIP admitió que realiza sobre el entorno de Ricardo Lorenzetti no debería implicar por sí misma una presión política a la Corte, pero sucede que ésta se está realizando por carriles anormales, con procedimientos poco usuales y el jefe del organismo, Ricardo Echegaray, se mostró este lunes dispuesto a recusar a todo el Tribunal en las causas impositivas por la alta tensión que existe entre el Gobierno y la cabeza del Poder Judicial.
Una jugada que, de concretarse, podría dar al Ejecutivo la posibilidad de poner temas delicados, de impacto impositivo para el fisco, en manos de conjueces.
