Los archivos nacionales y provinciales han ganado actualidad en las agendas gubernamentales y académicas en función de los cambios tecnológicos, y de las formas de clasificar, inventariar y resguardar información producida por instituciones públicas y la generada por organizaciones de la sociedad civil.
Pero no siempre se ha procedido de manera orgánica y continuada para proteger y enriquecer estos acervos, sobre los cuales, en el ámbito local, existen múltiples ejemplos.
Reconociendo que omitiremos a unos en detrimento de otros, citaremos al valiosísimo Archivo General de la Provincia, la Biblioteca San Martín y la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.
Por eso otorgamos un valor auspicioso a la reunión celebrada en Mendoza por representantes de la Secretaría de Ciencia de la Nación, para divulgar aspectos del recientemente creado Sistema Nacional de Documentación Histórica. La propuesta es importante en el medio provincial, donde siempre hace falta consolidar los servicios de almacenamiento de datos e información de variada procedencia sobre nuestro pasado.
Y como explicara una de las referentes de este programa en la provincia, la historiadora Beatriz Bragoni, directora del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa)-Conicet, varias preguntas organizan la agenda en materia archivística y patrimonial: ¿Cuáles son los dilemas que enfrentan los archivos, hemerotecas y bibliotecas de la provincia en materia de legislación y jurisdicción? ¿Qué desafíos introduce la innovación tecnológica a la gestión de colecciones y fondos documentales? ¿Cómo fortalecer la profesionalización del personal a cargo de archivos y bibliotecas? ¿Qué tipo de inversiones resultan indispensables realizar para preservar el patrimonio documental de la provincia?
La proliferación de información producida, como la variedad de soportes que han favorecido la multiplicación de medios de difusión, han vitalizado procesos de modernización institucional en la gestión de la documentación, como en su preservación y resguardo a los fines de propiciar la democratización de sus usos por parte de la ciudadanía. Y no siempre se han conseguido estas metas, por falta de presupuesto o de iniciativa o falta de interés, en otras. La citada investigadora añade que “en la Argentina, la problemática cobra un valor adicional en tanto los actuales marcos regulatorios no garantizan la preservación sistemática de la información producida por el Estado (nacional, provinciales o municipales), como de actores privados”.
Entonces, hay que llegar lo más rápido posible a dilucidar y resolver los dilemas que enfrentan los archivos, hemerotecas y bibliotecas de la provincia en materia de legislación y jurisdicción.
Y lo mismo en materia de los retos que introduce la innovación tecnológica a la gestión de colecciones y fondos documentales.
También debe apuntalarse la profesionalización del personal a cargo de archivos y bibliotecas. Por último, tendrá que determinarse qué tipo de inversiones resultan indispensables para preservar el patrimonio documental de la provincia y ser muy eficaces en la utilización de esos fondos, dados los problemas económico-financieros del país.
El ya mencionado Sistema Nacional de Documentación Histórica constituye un valioso instrumento para resolver vacíos existentes en nuestra realidad provincial sobre todo, que en otros países de América Latina, y Europa han sido objeto de reformas dispuestas a revalorizar el patrimonio cultural, y conectarlo con los principios rectores de “ciencia abierta”, y el acceso y democratización de la información por parte de la ciudadanía y no sólo para las comunidades científicas.
