El Fondo Para la Transformación y Crecimiento (FTyC) inició un expediente mediante el cual le reclama al Gobierno provincial la suma de $74.658.204,18. El director Ejecutivo del organismo crediticio oficial, Sergio Moralejo, contó que se trata de una deuda que arrastra el Estado de gestiones anteriores.
Según contó el funcionario, ese dinero es de "deudas provenientes de leyes -cuatro en total- que las gestiones anteriores no pagaron al FTyC. Se trata de la Ley Nº 8.170 -Publicada en el boletín oficial el 28 de mayo 2010- donde el por entonces Ministerio de Producción Tecnología e Innovación "asume y se obliga a cancelar una deuda que mantenía la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) con el Fondo por la suma de $2.000.000 con intereses y accesorios".
La normativa deja claramente especificado que “la referida deuda que asume la Provincia podrá reestructurarse en plazos de pago que no excedan el 31 de diciembre de 2016, sin intereses”.
Igualmente Moralejo sostiene que actualmente esa deuda es “por un total que ronda $ 4.584.000”, que es el monto que se le está reclamando a Hacienda que pague al organismo financiero de Mendoza.
Raúl Mercau, economista y quien por entonces era el ministro de Producción, Tecnología e Innovación de la provincia explicó que "la Coviar se constituyó en 2004 y las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja comprometieron aportar fondos. En el caso de la provincia fueron $2.000.000. Este dinero, se entregó mediante un crédito del FTyC, cuando en realidad se le debería haber dado un subsidio. Pero como no había partidas presupuestarias se entregó mediante financiamiento".
Y agregó que “nosotros lo que hicimos fue darle fin a esta figura que era equivocada, porque era un aporte que la provincia había comprometido. De hecho La Rioja le dio un subsidio de $ 300.000 y San Juan también entregó un crédito por $ 1.000.000 pero nunca se le cobró”.
El gerente de Coviar, Carlos Fiochetta, explicó que "nosotros nos financiamos por fondos que aportan las bodegas y un aporte estatal. Todo como aporte del plan estratégico vitivinícola. Con la Ley 8.170 la provincia condonó la deuda a la corporación más los intereses y accesorios. Ese dinero que se aportó era para promoción, para el centro de desarrollo vitivinícola y para el funcionamiento propio de Coviar".
Lisandro Nieri, Responsable de la Agencia de Financiamiento del Ministerio de Hacienda, contó que "la provincia asumió la deuda con el FTyC, pero nunca llegó el dinero al organismo. Hoy estamos en proceso de verificación pero el reclamo de ese monto llegaría a $ 4.584.000".
La segunda es la Ley N° 8.159, mediante la cual se crea la línea de financiamiento de Colocación de Malla Antigranizo. El Artículo 1 de esta norma autoriza “a la Administradora Provincial del Fondo a disponer hasta la suma de $ 30.000.000 para otorgar créditos para los productores que sean titulares de hasta 30 hectáreas para la colocación de malla antigranizo”.
La ley en cuestión contemplaba incentivar la colocación de malla antigranizo como mecanismo de defensa contra esta contingencia climática, de forma que todos los productores de la Provincia puedan asegurar, al menos, parte de su producción, reduciendo la tasa de interés compensatorio aplicable, disponiendo que dicha tasa sea bonificada por el Poder Ejecutivo de la provincia con fondos provenientes del Presupuesto provincial, conforme lo determine la reglamentación a convenir entre ambos organismos.
Por esta línea de crédito, Moralejo sostiene que la deuda que tiene el Estado Provincial con el FTyC llega a los $7.100.000. Nieri detalló que “el Estado bonificó créditos para determinados productores, el FTyC en su momento puso el dinero y ahora hay que devolvérselo. Obviamente todo está en proceso de verificar que efectivamente esos sean los montos”.
A este monto se le suma la Ley Nº 6.071, de la creación del organismo financiero, por un aporte anual para atender subsidios de tasa de interés por $25 Millones. El responsable de la Agencia de Financiamiento del Ministerio de Hacienda manifestó que este dinero corresponde a 2013, 2014 y 2015. “Fueron subsidios de tasas para créditos de inversiones, operaciones financiación de exportaciones que comprometió el gobierno, pagó el FTyC y que ahora hay que devolverlos”.
Por último está la Ley Nº 8.364, esta norma, que fue publicada en el boletín oficial el 13 de diciembre de 2011, creaba el Programa Provincial de Financiamiento para el Uso Eficiente del Agua de Riego, destinado a productores agrícolas. La autoridad de aplicación era el propio FTyC quien era el órgano responsable de reglamentar está línea de financiamiento.
La misma establecía la posibilidad al ejecutivo provincial de contraer un empréstito de hasta $50 Millones en 2012, y otros $50 Millones para 2013.
Según lo publicado en el boletín oficial esos recursos “tendrán afectación específica al objeto establecido por esta ley, no pudiendo la Autoridad de Aplicación destinarlos a una finalidad diferente”. A su vez se autorizaba al Fondo a disponer de la suma de $ 20 Millones para la puesta en marcha del programa hasta que se transfieran los recursos que se le iban a destinar.
De esta norma, desde el FTyC se está reclamando al Estado provincial $ 38 millones que, según el presidente del organismo provincial, no habrían llegado nunca. “Se tomaron estos empréstitos de forma parcial, por eso la diferencia que hoy existe”, detalló Nieri.
Moralejo detalló que “son casi $75 millones en total entre las cuatro normas. La intención que tenemos con ese dinero es capitalizar el FTyC, en el corto plazo, ya que hace 8 años que no se hace”.
¿Qué hará Hacienda?
El responsable de la Agencia de Financiamiento del Ministerio de Hacienda, contó que el reclamo de esta deuda está en estudio actualmente y explicó que “en su momento se usó este dinero del FTyC, pero la provincia debía devolverlos y no lo hizo. Entonces se generó que el organismo sea acreedor del Estado”.
Y agregó que “actualmente estamos trabajándola, y como hicimos con todos los proveedores que se presentaron a reclamar deuda, está en proceso de verificación. En caso que quede firme, la vamos a cancelar. Veremos si lo hacemos mediante bonos o en efectivo”.
El funcionario de Hacienda explicó que “el trámite es más complejo que con los proveedores. A estos últimos si la factura hizo todo el circuito, se paga y listo. En cambio con el FTyC son reclamos de leyes incumplidas o con retraso en su aplicación. Esto es lo que estamos en proceso de verificación”.
“La provincia se comprometió a destinar ese dinero, el que detallan las leyes, que se llevó adelante todo con dinero del FTyC, pero nunca se devolvió ese monto. El organismo cumplió y ahora hay que pedirle a la provincia que pague su parte”, cerró Nieri.
