Fiscalía de Estado respondió al radicalismo sobre el pedido de nulidad de la ley de reconducción presupuestaria. En duros términos, el fiscal subrogante, Javier Fernánde,z expresó por carta documento que el requerimiento realizado por la UCR tenía "un tono de amenaza improcedente por parte de los firmantes de la carta documento. No se puede intimar por carta documento a todos los funcionarios. Hay procedimientos legales específicos a seguir en cada caso".
Más allá de esa aclaración, Fernández informó a los radicales que se inició un expediente de oficio con los elementos surgidos de las informaciones periodísticas, aunque "se recuerda a los firmantes que se encuentran legitimados a los fines de hacer planteos nulificatorios o de inconstitucionalidad conforme lo reconociera jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en casos análogos".
El 5 de mayo pasado, el presidente de la UCR Sergio Pinto; el vicepresidente, Marcelino Iglesias; los presidentes de los bloques legislativos Néstor Parés (Diputados) y Gerardo del Río (Senadores); la senadora nacional Laura Montero, el diputado nacional Luis Petri, el senador Juan Carlos Jaliff y el diputado Martín Kerchner, habían remitido sendas cartas documento dirigidas a Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, Contaduría General, Tribunal de Cuentas y a la Tesorería de la provincia, con el objeto de frenar la aplicación de la ley de reconducción presupuestaria que había impulsado el oficialismo.
Por esa ley, el Gobierno contará con una autorización a tomar deuda por 1.200 millones de pesos sin haber obtenido los dos tercios de los votos de las dos Cámaras legislativas que exige la Constitución provincial.
Ayer el primero de los órganos intimados mandó su respuesta a la UCR. "El tema está siendo estudiado en el expediente de referencia, en el que se ha pedido a ambas Cámaras de la Legislatura las versiones taquigráficas de las sesiones que dieron origen a dicha ley, en tanto que al Ministerio de Hacienda se lo ofició para que remitiera los antecedentes jurídicos que se tuvieron en cuenta al momento de elaborar el proyecto", dice la carta documento que remitió el fiscal Fernández.
El dictamen debería llegar 30 días corridos después de la publicación de la ley de reconducción en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 25 de abril, es decir, el 26 de mayo (teniendo en cuenta que el 25 de mayo es feriado).
