La Fiscalía de Estado necesita un ciudadano respetable

El Jury de Enjuiciamiento de la Provincia acaba de destituir al fiscal de Estado Joaquín de Rosas. Una histórica medida, la primera en treinta años de democracia que involucra a un titular de dicho organismo de control. La Fiscalía de Estado cumple un rol relevante desde el punto de vista institucional. Su titular es, según lo que establece la Constitución de Mendoza, el encargado de defender el patrimonio del fisco y ser "parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se afecten intereses del Estado".

Entre las demás funciones que se le otorgan, se destaca demandar ante la Suprema Corte y demás tribunales de la Provincia la nulidad de toda medida contraria a lo que prescribe la Constitución "o que en cualquier forma perjudiquen los intereses fiscales de la Provincia".

El doctor De Rosas fue separado definitivamente del cargo (estuvo suspendido en sus funciones desde la presentación de la denuncia en su contra) por haber beneficiado a un grupo empresario en el pago de los terrenos expropiados para la reserva Divisadero Largo, lo que generó no sólo una total inequidad con respecto a otros propietarios afectados, sino que abrió la puerta a una serie de posibles demandas.

En efecto, el tema, movilizado ante el Jury desde la Legislatura, surgió a raíz de un fallo de la Sala 1 de la Suprema Corte de Justicia referido, precisamente, a la mencionada expropiación de tierras. Conforme a la gravedad del caso, y como también ordenó el Máximo Tribunal, correspondería ahora que el asunto se ventile en la Justicia Penal, para determinar si en el desempeño del doctor De Rosas hubo sólo impericia, causal de la destitución política que sobre él se acaba de aplicar, o si también fue cometido un delito.

No corresponde en este espacio opinar sobre la calidad del fallo emitido por los integrantes del Jury de Enjuiciamiento, pero la contundencia de la votación a favor de la destitución del funcionario permite suponer que los argumentos que sustentaron la denuncia en su contra estuvieron debidamente sostenidos.

Por otra parte, la abrumadora mayoría en el voto por el desplazamiento del funcionario habla de una saludable independencia de jueces y legisladores actuantes de todo tipo de influencia de intereses de los involucrados en la causa a la hora de tomar una determinación de tal envergadura institucional.

Le corresponde ahora al gobernador de la Provincia nominar a un nuevo postulante para conducir la Fiscalía de Estado. Los plazos los determinará la urgencia que el titular del Poder Ejecutivo determine para cubrir dicha vacante.

El momento es propicio para reflexionar sobre las cualidades profesionales y éticas que debe reunir quien aspire a la conducción de tan importante organismo de control. Ante todo, el fiscal de Estado de la Provincia debe ser un profesional despojado de toda bandería partidaria, que sustente su aspiración en su experiencia profesional y capacidad para ejercer la función para la que es propuesto.

Pero no sólo se debe exigir la no pertenencia política del postulante. Además, los antecedentes de quien sea impulsado deben garantizar su absoluta equidistancia de sectores de poder que muchas veces se valen de sus recursos e influencias para volcar a su favor fallos judiciales o decisiones políticas.

El del fiscal de Estado es un cargo extra poder que sólo debe bregar por el resguardo del fisco, que no es otra cosa que respaldar los bienes de todos los mendocinos.