Existe una clara preocupación en amplios sectores de la sociedad en torno a la protección del ambiente. Todos queremos que en el contexto de donde actuamos, el suelo, los cursos de agua y el aire que respiramos estén en la mejor condición posible.
Pero, sabemos que no siempre es así y en tal sentido hay niveles de contaminación en diferentes áreas que los ciudadanos padecen y los medios de comunicación denuncian.
Por eso, además de las protecciones medioambientales que pueden desarrollar el Estado y los particulares, se necesita de un área específica en la Justicia que investigue los posibles delitos ambientales, castigue a los culpables y resuelva la demanda de vivir en condiciones de armonía con la Madre Tierra.
En tal dirección, se presenta como oportunidad en esta meta la intención legislativa de promover la creación de una fiscalía especial de delitos ambientales, en consonancia con lo que implementó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La forma de materializar el pedido es solicitar al procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en uso de las facultades que le confiere la ley del Ministerio Público Fiscal, la creación de esta fiscalía, y dotar de personal e infraestructura a la misma.
En las argumentaciones, el proyecto, correspondiente al diputado Marcos Niven, hace mención a la explotación de los metales y minerales, la vigencia de la ley 7.722 (que prohíbe el uso de sustancias químicas en la actividad minera) y sobre todo al debate actual en torno a una forma de obtener petróleo de la tierra, denominada fractura hidráulica (fracking).
Por esas y otras situaciones, sería un paso adelante disponer de una fiscalía especial para enfrentar la posible comisión de delitos de este origen, más en una provincia que posee un recurso vital escaso como el agua, por la que se realizan ingentes esfuerzos para evitar su despilfarro y contaminación.
La población se encuentra muy sensible a cualquier tipo de explotación que pueda de alguna manera viciar los acuíferos, lo cual no debería implicar oponerse a las explotaciones sino enfatizar mucho en los controles.
El dispositivo previsto localmente va en el mismo sentido de lo que controla o trata de controlar a nivel nacional la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), creada por el procurador general de la Nación.
En Mendoza el Ministerio Público está a cargo del procurador general de la Suprema Corte de Justicia, y tiene a su cargo la dirección de las fiscalías y funcionarios de la misma.
Desde la asunción del nuevo procurador se han ido creando fiscalías especiales, sumándose a las anteriores, para abordar las distintas modalidades del delito, como homicidios, violencia de género, sustracción de automotores, delitos económicos, tránsito, robos y hurtos, integridad sexual y flagrancia, para citar algunos ilícitos.
Pero con la fiscalía ambiental se apunta específicamente a impedir y/o reprimir el delito ambiental, de vasta composición: desde la contaminación de un río, la dispersión de sustancias peligrosas, el tráfico de animales de la fauna local, especialmente aves, y sobre todo algo que preocupa mucho en el medio: la tala indiscriminada de árboles.
Otras acciones perniciosas contra el ambiente son la destrucción de las principales cuencas de captación hídrica y los reservorios de líquido que conforman los glaciares; el vertido de efluentes industriales (recordemos el grave problema del canal Pescara), etc.
Son algunos ejemplos… el campo de acción o la necesidad de protección de bienes jurídicos en esta materia es mucho más amplia. En nuestro país, a pesar de que existen normas que protegen el medio ambiente, todavía para la sociedad no está identificada la delictuosidad de un hecho cuando de contaminación se trata.
El bien jurídico que debe protegerse es el medio ambiente, y aunque está contemplado en la Constitución Nacional en su artículo 41, que consagra el "derecho que tienen todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y apto para el desarrollo humano...", la puesta en marcha de una oficina fiscal ambiental como se propone podría enderezar muchas irregularidades que a diario apreciamos y padecemos equilibrando el ataque a la Naturaleza, que los mendocinos comprobamos con lamentable frecuencia.
