La fiscal viajera renunció para acogerse a la jubilación, pero esa renuncia no le abre las puertas al destino de jubilada de privilegio que imaginó.
Tal como adelantara Los Andes ayer, el gobernador Alfredo Cornejo evalúa la posibilidad de no aceptar la renuncia de la fiscal correccional Anabel Orozco.
Si Cornejo no acepta la renuncia y Orozco es destituida por haber usado una licencia por enfermedad para un viaje de placer, pierde el beneficio jubilatorio del 82% móvil que le corresponde como magistrada.
Ayer, el Gobernador no fue categórico, pero dijo: “Alguna vez tiene que haber una sanción para un funcionario judicial que se portó mal. La renuncia es un alivio, en cuanto a que no sigue ejerciendo su cargo, pero no lo veo como una sanción. Así que en ese marco me gustaría evaluarla más”.
Orozco presentó dos certificados médicos para justificar una licencia por enfermedad por una lumbalgia que no se curaba. En medio de esa licencia se fue a Brasil con amigas y subió fotos a su perfil de Facebook. El miércoles de la semana pasada trascendieron el viaje y sus circunstancias, y estalló el escándalo.
El martes fue denunciada ante el Jury de Enjuiciamiento por su propio jefe, el procurador general de la Suprema Corte, Gullé. La denuncia del jefe de los fiscales es por desorden de conducta, es decir, hace foco en la falta ética de tomarse vacaciones apelando a una licencia por enfermedad que, obviamente, le permite cobrar el sueldo intacto a fin de mes.
Además, desde el primer día hay una causa penal abierta, que investigan dos colegas de Orozco: María de las Mercedes Moya y Fernando Guzzo.
La causa penal es justamente porque durante sus vacaciones en Brasil intentó cobrar su sueldo sin recortes al engañar a Recursos Humanos con un certificado médico, lo que constituye una defraudación al Estado con uso de documento falso.
Ayer Orozco presentó su renuncia a media mañana. Al mediodía Cornejo dijo que había antecedentes. No dijo de qué, pero se interpretó que se refería a casos en los que el gobernador de turno no aceptó la renuncia de un magistrado.
En realidad, hay antecedentes de magistrados que renunciaron para zafar de un proceso de destitución y también los hay de jueces a quienes no se les aceptó la renuncia.
Quizá el caso más patético de un magistrado que buscó zafar de un proceso de destitución presentando la renuncia es el ex juez de Instrucción Carlos Dalton Martínez.
El Jury de Enjuiciamiento estaba a punto de echarlo en una sesión del 13 de diciembre de 2012; minutos antes de iniciarse la reunión, Martínez mandó un fax para anunciar que había presentado la renuncia y que estaba en condiciones de jubilarse.
Lo que transformó en patético ese proceso es que nunca se aceptó la renuncia (nadie sabe dónde estaba esa nota) y Carlos Dalton Martínez siguió cobrando su salario puntualmente, sin trabajar y sin ser despedido.
Meses después, a mediados de 2013, la situación tuvo que ser corregida, ante un informe de Anses que llegó al Jury, en el que se informaba que el trámite jubilatorio del polémico magistrado se había iniciado en 2010, pero el último movimiento registrado era de mayo de 2011. Parece que jubilarse nunca estuvo en los planes de Martínez.
Hablando de magistrados que enfrentan procesos ante el Jury, que buscan zafar con la renuncia y que su dimisión no fue aceptada, se cuenta la de la fiscal penal de menores Valeria Ponce, quien fue denunciada por haber robado un celular en un local del centro comercial Palmares. El robo ocurrió en diciembre de 2010.
Ponce presentó la renuncia a Francisco Pérez el año pasado y el entonces gobernador rechazó la dimisión en agosto. Es un eufemismo decir que Ponce está bajo la lupa del Jury; fue suspendida de su cargo en 2011, lo que implica que cobra la mitad de su sueldo sin trabajar y su situación no se define por la destitución o por el archivo del expediente.
Es que en el expediente penal en el que se investiga el robo, para defenderse argumentó que padece un síndrome psicótico en fase maníaca, diagnóstico que fue corroborado por tres psiquiatras del Cuerpo Médico Forense y fue declarada inimputable en 2013.
¿Aun cuando sea inimputable en el caso de robo, con ese diagnóstico puede ejercer como fiscal de Menores? Es lo que debería haber respondido el Jury hace tiempo ya.
Un condicionamiento por miedo a perder beneficio
En su nota de renuncia, la fiscal correccional Anabel Orozco, conocida como la viajera, insiste mucho en un condicionamiento: se jubilará como magistrada cuando le llegue ese beneficio.
En dos párrafos de esa renuncia indica en mayúsculas esa condición. A priori parece mucha exigencia.
En realidad todos los magistrados renuncian en esos términos, aunque sin insistir tanto; así lo hizo Rodolfo González cuando se fue de la Procuración General. Así lo hizo Herman Salvini al retirarse de la Suprema Corte: en todos los casos dejan el cargo cuando empiezan a cobrar la jubilación.
Esto no significa que hayan condicionado a Alfredo Cornejo a darle la jubilación. No es Cornejo el que da el beneficio, sino la Anses. El régimen de los magistrados, que incluye el 82% móvil como haber jubilatorio, es regulado por la ley nacional 24.018.
En esa norma está escrito el infierno que amenaza a la fiscal viajera: en el artículo 29 se indica que “los beneficios de esta ley no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo juicio político o, en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones”.
