Aunque no lo digan, resulta evidente la molestia de los representantes políticos en el Jury de Enjuiciamiento. Es que el “ala judicial” del tribunal que entiende en la destitución de magistrados ha decidido postergar la resolución del caso de la “fiscal viajera” Anabel Orozco hasta el 26 de octubre próximo, después de las elecciones.
Ayer, todos los miembros políticos del Jury firmaron y remitieron una nota a la presidencia del tribunal para que cambie el inicio del proceso oral a una fecha más cercana y ajustada a los plazos establecidos por la ley que rige el funcionamiento de ese cuerpo: ese plazo, de acuerdo al artículo 30 de la ley 4.970, es de entre 10 y 30 días hábiles, que deberían haberse contado a partir de principios de agosto.
El Jury está conformado por siete diputados, siete senadores y los siete miembros de la Suprema Corte. La presidencia la ejerce el presidente de la Corte, Pedro Llorente. Pero en este caso, por encontrarse de licencia, quien tomó la determinación de fijar fecha el 26 de octubre, fue el supremo Julio Gómez.
El ala política del Jury, conformada por legisladores provinciales del radicalismo y el peronismo, no se excede en las definiciones, apenas si muestran extrañeza y preocupación por la extensión de los plazos, así como evitan definiciones tajantes acerca de una supuesta “piedad judicial” para con una de sus pares.
La presidenta del bloque de senadores del PJ y miembro del Jury Patricia Fadel simplemente dice “no sé cuál es el motivo. Cuando pregunté a los otros miembros de mi partido, tampoco sabían. Habrán pensado que era mejor después de las elecciones, pero no veo qué influencia puede tener este caso en el resultado electoral”.
Del lado radical, el senador Jorge Palero tampoco arriesga una definición violenta, apenas si dice que le preocupa que “la fiscal Orozco pida que se caiga la causa porque no arrancamos en los plazos que indica la ley. En los argumentos que nos notificaron, dice que quieren esperar el resultado de las dos causas penales que se tramitan sobre la actuación de la fiscal. Es cierto que hemos decidido algo similar en otros casos, pero este es diferente. La fiscal está cobrando la mitad de su sueldo por no hacer nada”.
La nota no tiene reproches, apenas si se menciona que la fecha fijada ronda los 50 días hábiles de espera y piden que se fije una nueva fecha, dentro de los plazos de la 4.970; sin decirlo, el ala política se plantó frente a las dilaciones del ala judicial.
