El fiscal federal Leonel Gómez Barbella solicitó ayer que se cite a declaración indagatoria a accionistas y directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; al director del diario La Nación, Bartolomé Luis Mitre, y a otros acusados por la presunta apropiación ilegal de la empresa Papel Prensa a la familia Graiver durante la última dictadura militar.
Fuentes judiciales informaron a DyN que Gómez Barbella también pidió las indagatorias de Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Desarrollo Industrial del gobierno de facto, y de Guillermo Juan Gainza Paz, quien actuó como intermediario de la operación.
El planteo fue realizado ante el juez federal Julián Ercolini, quien lleva la causa judicial y ordenó una serie de medidas de prueba que están en curso.
Según la acusación, los compradores adquirieron la empresa Papel Prensa “mediante intimidación al grupo Graiver”.
El fiscal también señaló que el Banco Nacional de Desarrollo sostuvo que por una parte de las acciones se pagaron 996.000 dólares, cuando tenían un valor neto de U$S 2.316.987.
Gómez Barbella también merituó que a Juan Graiver, Lidia Papaleo, Silvia Cristina Fanjul, Lidia Catalina Gesualdi y Eva Gitnacht, quienes eran los titulares de las acciones de Papel Prensa, fueron secuestrados por la dictadura militar.
“Los nombrados Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre participaron en el desapoderamiento extorsivo por haber sido adquirentes, mientras que Podestá, en su carácter de secretario de la junta de dictadores, lo hizo dentro del plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios”, consideró Gómez Barbella.
La operación se realizó en noviembre de 1976, cuando la empresa Papel Prensa era de David Graiver, un banquero vinculado a la organización peronista armada “Montoneros”, quien falleció en agosto de 1976 en un accidente aéreo.
En la causa hay varias medidas de prueba en marcha, por lo que la eventual citación a indagatoria de los acusados no sería en lo inmediato.
Entre esas medidas de prueba que ordenó el juez Ercolini hay un peritaje a cargo del Tribunal de Tasación de la Nación, del que participan peritos de parte y contadores oficiales de la Corte Suprema de la Nación, para determinar el valor de la empresa Papel Prensa desde su fundación hasta su venta.
"No hay ninguna evidencia que indique irregularidad"
Los abogados de los diarios Clarín y La Nación adjudicaron ayer la solicitud del fiscal Leonel Gómez Barbella de citar a indagatoria a los accionistas de ambos medios por la compra de Papel Prensa a las “presiones públicas” de “todo el aparato de comunicación oficial”, incluida la propia presidenta Cristina Fernández.
Según consideraron también como “evidente” los abogados Hugo Wortman Jofré, Alejandro Pérez Chada y Gabriel Cavallo, “la estrategia oficial apunta a distraer la atención pública sobre las causas judiciales que conmueven al Gobierno”.
En un comunicado, sostuvieron que “todo el aparato de comunicación oficial vino preparando el terreno para esta solicitud de un fiscal subrogante que, hasta hace pocas semanas, no había tomado jamás contacto con esta causa”.
Recordaron que “en pocos días, la Presidenta mencionó el caso Papel Prensa en una carta publicada en su Facebook y el oficialismo blandió enormes carteles en la Plaza del Congreso”, al tiempo que se utilizaron también los medios públicos “para presionar desembozadamente a la Justicia y anticipar los pasos del nuevo fiscal”.
Los abogados se refirieron también a la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, “del fiscal subrogante” Gómez Barbella, quien “(integrante de Justicia Legítima, puesto 11 en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa), viola la Resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan”.
Y concluye que “luego de más de 4 años de investigación, no se ha logrado recolectar ninguna evidencia que indique irregularidad alguna en la operación"
