El proyecto de modificación a la ley de Abastecimiento que tuvo en vilo, durante la semana, a todo el empresariado nacional, fue nuevamente criticado -ayer- desde distintos sectores.
A esta "preocupación”, los empresarios sumaron otra después del discurso presidencial del jueves: los alcances que podría tener la ley antiterrorista que el Gobierno aplicará a la gráfica Donnelley.
Precisamente, la aplicación de esta ley profundizó el temor de muchos empresarios a hablar ya que ahora temen ser apuntados, también, con esta legislación.
En ese contexto, un empresario de la alimentación, consultado por este diario y que pidió reserva de nombre, aseguró que “la combinación de ambas normas, la de abastecimiento y la antiterrorista, es una bomba explosiva”.
“Se potencian una con otra. Es un fuerte avance del intervencionismo del Estado en el control de las empresas”, agregó.
Otro empresario, fabricante de productos de consumo masivo, y que también pidió reserva de su nombre, señaló que “preocupa el ambiente anti empresa que parece estar generándose”.
Había quedado impactado por el discurso de la Presidenta en la Casa Rosada, el jueves. “Fue muy fuerte escuchar las argumentaciones con las que justificó que la imprenta Donnelley debía ser investigada por actividad terrorista”, añadió.
Por su parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se expidió también sobre el tema: “Plantea el serio y fundado peligro de que la ley (antiterrorista) sea empleada como una abusiva herramienta represiva del Estado para limitar, restringir, perseguir y penalizar a personas físicas, integrantes de empresas u organizaciones de la sociedad civil, entre otros”, planteó la entidad.
En cuanto a la polémica ley de Abastecimiento, ayer, la Cámara de Importadores (CIRA) expresó su “preocupación” por los alcances planteados por la modificación propuesta por el Gobierno.
“El fondo, la forma y el momento elegidos, ante una sociedad que reclama tranquilidad y prudencia en las decisiones, generan un profundo malestar y desánimo, y ponen en alerta al conjunto de la comunidad productiva”, explicó CIRA en el comunicado.
En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Rubén Ferrero, dijo que “el proyecto es altamente negativo y muy preocupante”.
“El Ejecutivo lo único que busca es poseer mayores mecanismos sancionatorios: en el agro ya sabemos que estos mecanismos no terminaron bien, caímos en producción y exportación de trigo, carne y en leche estamos totalmente estancados. Los precios al consumidor volaron desde 2007 a la fecha”, ejemplificó.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, señaló que “personalmente y como miembro del Comité Ejecutivo de la UIA, acompaño totalmente la decisión de la organización. Mi federación se opone a estos cambios bruscos. Si bien la ley anterior tenía algunos puntos duros, y de hecho Guillermo Moreno la usó para aplicar multas a Shell o las consultoras que daban cifras de inflación, esto atenta contra el normal desenvolvimiento empresario”.
“Tiene que haber una ley fuerte que proteja al consumidor del empresario corrupto, pero no por uno corrupto creer que todos son corruptos”, consignó.
Por otro lado, afirmó: “Cuando se miran los artículos, ¿quién va a venir a invertir en el país? Así, es como decía Moreno, les doy la llave y que manejen la empresa ellos. Por suerte escuché a la Presidenta decir que tenemos la posibilidad de discutir pero también me gustaría saber que bajaron línea a los legisladores de que el proyecto se puede cambiar. Hay que hacer modificaciones, porque hoy es anti empresa”, opinó el empresario.
Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aseguró que el proyecto de Ley de Abastecimiento “no se diferencia sustancialmente de las atribuciones que anteriormente se otorgaban a la Secretaría de Comercio Interior en la materia”, las cuales “fueron declaradas inconstitucionales”.
Oposición intentará derogarla
La decisión de aplicar la ley antiterrorista contra Donnelley también generó un fuerte rechazo del arco político opositor. Tanto, que la próxima semana intentará avanzar con la derogación de la norma en la Cámara de Diputados, aunque desde el kirchnerismo ya anunciaron que no darán quórum.
A priori, el Frente para la Victoria tiene mayoría: sobre un total de 31 diputados, cuenta con 16. Aunque uno de ellos es Martín Insaurralde, que coquetea con el massismo y amaga con dar el salto.
Precisamente, el líder del Frente Renovador Sergio Massa fue uno de los primeros en cuestionar la medida del Gobierno.
La UCR, a través de Ernesto Sanz, advirtió que “las amenazas no hacen más que empantanar la economía”. “Sienta un precedente para usarla contra las luchas populares. Si la Presidenta quiere una salida auténtica, tiene que expropiar Donnelley”, dijo Jorge Altamira, del Partido Obrero.
Donnelley: el juez impide salir del país a los directivos
La presidenta Cristina Fernández se quejó el jueves de la velocidad con la que la Justicia decretó la quiebra e la empresa Donnelley, aunque ése es el procedimiento normal para este tipo de casos, cuando una firma pide su propia quiebra.
Prueba de esto último es que el juez Gerardo Santicchia, al decretar el quebranto de Donnelley, el lunes pasado, también prohibió salir del país a sus tres principales directivos, según informaron ayer fuentes judiciales.
La medida rige hasta el 8 de febrero del año próximo. Cuando una empresa pide su propia quiebra el procedimiento normal de los jueces es el de decretar ese quebranto inmediatamente para preservar los activos de la misma, en este caso la planta de Garín y sus otros bienes y así garantizar que todos los acreedores puedan cobrar lo que corresponde.
En primer lugar, los trabajadores, como marca la ley de quiebras.
