En febrero, cuando la empresa Vicentin solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, desde la bodega Sottano, que fue adquirida por el grupo en 2016, manifestaron en un comunicado: “Sottano SA es una sociedad anónima independiente que no depende de Vicentin SAIC. Sus operaciones y flujo son totalmente independientes y la empresa es autosustentable”. De esta manera, buscaban despejar dudas sobre qué podía ocurrir con el establecimiento vitivinícola local.
La empresa alimenticia, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, había suspendido el pago de sus deudas, que ascienden a U$S 1.350 millones, de los cuales U$S 1.000 millones son con los bancos y otros U$S 350 millones, con otras empresas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor de la firma santafesina, con $ 18.000 millones, seguido por el Provincia con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.
En 2016, la firma santafesina había sumado a su marca de fideos, aceite y embutidos (Friar), el 50% de Sancor. Y si bien ya elaboraba vinos en otros establecimientos mendocinos, compró la bodega Sottano, con capacidad para producir más de medio millón de litros y 20 hectáreas de cabernet y malbec. Sin embargo, se informó que se iba a preservar la marca y las líneas por separado.
Al año siguiente, Vicentin se quedó con Viñas Argentinas S.A., una empresa que pertenecía a Cartellone y contaba con una bodega con una capacidad de 110 millones de litros, una fábrica de mosto (que puede elaborar 20 mil toneladas anuales) y una finca ubicada en Costa de Araujo, de más de 1.500 hectáreas productivas.
Aunque habrá que esperar para ver si el Congreso aprueba la declaración de utilidad pública y expropiación de la empresa, el presidente Alberto Fernández aseveró, al momento del anuncio, que los trabajadores de Vicentin pueden estar tranquilos de que conservarán su trabajo y los productores que les venden materia prima de que podrán seguir haciéndolo.