El problema no es nuevo. En muchos sectores se denuncia “maltrato económico” hacia el primer eslabón de la cadena, que no sólo cobra (en general) precios que dejan un margen de rentabilidad mínimo, sino que, además, recibe su dinero en cuotas. Sin embargo, es menos común oír hablar de quienes están detrás de los productores: los trabajadores agrarios.
Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, en marzo de 2021 un empleado agrícola registrado estaba cobrando un salario promedio neto de $ 27.672 en Mendoza. Se trata de uno de los sueldos más bajos de la actividad económica provincial, junto con el de la educación, cuyos trabajadores percibieron $ 26.667 ese mes.
Lo llamativo es que, trabajando ocho horas por día, los empleados del agro llegan a cubrir apenas la mitad de la Canasta Básica Total de Mendoza, cuyo valor en marzo era de $ 55.002. Es cierto que muchos de ellos consiguen un ingreso extra por el cobro de refrigerios, antigüedad o premios por rendimiento, pero aún así siguen estando lejos del ingreso mínimo que se requiere para cubrir una canasta básica. Dicho de otra forma, están condenados a la pobreza u obligados a tener una segunda fuente de ingresos para subsistir.
Ante esto, no extraña que año a año cueste cada vez más conseguir cuadrillas de cosechadores. Este año se asoció la escasez de trabajadores a los protocolos de la pandemia; en otras oportunidades se ha hablado de una “negación al trabajo” para no perder subsidios, pero lo cierto es que tampoco existen salarios atractivos que incentiven a trabajar en el campo.
Por supuesto que revertir esa realidad no es tarea sencilla. La alta carga tributaria, la inflación, la caída del poder adquisitivo de los consumidores y todos los problemas macroeconómicos que enfrenta Argentina, juegan en contra de las mejoras salariales; pero si un día los frutos quedan sin cosechar, la cadena productiva dejará de existir.
