Las discusiones a nivel nacional entre el Gobierno central y la Pampa húmeda por las retenciones motivan a revisar cómo es hoy el esquema que se aplica a la producción de Mendoza. Tras las modificaciones de enero de 2021, varias producciones locales como el ajo, el aceite de oliva y la ciruela quedaron sin retenciones, pero otras como la vitivinicultura y la pulpa de frutas sufrieron aumentos, una medida que generó sorpresa y reclamos.
Hasta diciembre del año pasado, las exportaciones pagaban 3 pesos por cada dólar que exportaban. Estos “derechos de exportación” fueron modificados por el Ejecutivo Nacional el último día del año pasado y en vez de un valor fijo de $3, pasaron a ser del 9%, 4,5%, 3% o el 0%.
Para gran parte de los productos mendocinos, como ajo, aceite de oliva, ciruela industrializada y fruta fresca, el arancel pasó a ser de 0%. Sin embargo, aumentó para el vino, el mosto, la pulpa y pasta de fruta, jaleas, mermeladas y las papas congeladas, con un arancel de 4,5%, un valor mayor a lo que pagaban antes (entre un 3% y un 3,5%).
Mario Lázzaro, gerente general de ProMendoza explica que hay una contradicción porque “en los considerandos del decreto se dice que se va a quitar retenciones a los productos con mayor valor agregado, y el vino claramente lo es; tiene un valor agregado muy importante”. Además, lo que antes era una retención fija, ahora es una retención móvil del 4,5%, de modo que si el valor del dólar sube, en valores nominales la retención sube.
“La industria vitivinícola mueve más del 60% de las exportaciones locales. Además, cuando realizás actividades de promoción, tenés que comprar tu pasaje, hacer el gasto de viaje y asistencia y ese dólar te cuesta $155. Pero después cuando vendas, vas a cobrar con un dólar que no es de $92, sino de un 4,5% menos”, detalla Lázzaro.
Respecto de la otra cara de la moneda, la eliminación para las otras producciones, el gerente de ProMendoza cree que “es beneficioso porque si uno hace el cálculo de cuál es el impacto en recaudación el estar gravado con una retención, es muy poco significativo desde el punto de vista de la recaudación. Con esta eliminación se les quita un factor de desventaja. Somos de los pocos países que cobran impuestos para exportar”.
Desde Coninagro, entidad que como parte de la Mesa de Enlace está en la negociación diaria por el tema retenciones del campo, su presidente, Carlos Iannizzotto, considera que no hay razones justificadas para aplicar retenciones en la provincia. En su mirada, en el vino no hay un problema vinculado al consumo (como ocurre con carne y trigo) ni representa una gran recaudación: “Subir las retenciones en una exportación de sólo mil millones de dólares no es un importe que solucione un problema fiscal. Sin embargo en estructura de costos sí incide”.
Para Iannizzotto, los aumentos en los costos de este tipo complican mantener mercados en el exterior. “Hemos planteado a Cancillería y al Ministerio de Agricultura que estas retenciones tienen que ser analizadas en un contexto de estrategia comercial, de penetración de mercados, de empleo y trabajo, que es lo que da la vitivinicultura. Tenemos que ir afianzando el ingreso de divisas, que supo estar en cerca de 1.200 millones de dólares y ahora están cerca de los U$S 1.000 millones”, comenta este referente vinculado al cooperativismo vitivinícola.
Cámaras bodegueras
Algunos referentes vitivinícolas creen que el foco no debe estar puesto en pagar más o menos retenciones, sino en si ellas deben existir. También en el sector reconocen que el año pasado se duplicaron los reintegros a la exportación (pasaron del 3,5% al 7%) y creen que podría trabajarse para mejorar el sistema impositivo.
Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) cree que una actividad con alto valor agregado, mano de obra intensiva y distribución territorial no debería pagarlas, como se hizo con muchas economías regionales. “La vitivinicultura quedó así por haber tenido un aumento de los reintegros, pero eso en sí no es un beneficio sino un reconocimiento que se le hace de los impuestos que va pagando en el proceso. La OMC te marca que los impuestos no se exportan”, apunta Villanueva.
El gerente de la UVA comenta que a través de Coviar y el Observatorio del INV han planteado que “el costo fiscal que tendría para el Estado eliminarlas es un costo bastante bajo y muy recuperable a través de otros impuestos que se pagan en la cadena”. Además, cree que este año sería bueno quitarlas para no perder volumen en el mercado externo, poder seguir exportando y mantener un buen precio de la uva para el productor.
Por su parte, Francisco Do Pico, vicepresidente de Bodegas de Argentina, coincide con la mejora del Ejecutivo en haber aumentado los reintegros y señala que habría que cambiar el sistema impositivo, porque al exportar se debe pagar casi en el acto, pero los reintegros demoran 120 o 160 días. “No tiene sentido cobrarnos una retención para después darnos un beneficio. Sería mejor restar las dos cosas para evitarnos un costo financiero importante, es plata que a veces uno no tiene en la caja y tiene que salir a financiarse”, sostiene.
Para Do Pico fue una sorpresa que la uva en fresco no tuviera que pagar aranceles pero sí el mosto y el vino embotellado, con más valor agregado. Es lo contrario a lo que venían trabajando con otras entidades y el gobierno, y eso los “invita a creer que habría una revisión cercana en el corto plazo. Esperemos que de una buena vez por todas podemos poner fin a las retenciones en los productos industrializados”. Otras medidas, como exonerar de retenciones a las exportaciones de mayor volumen que el año anterior, no siguen vigentes.
Otro punto en el que coinciden Villanueva y Do Pico es el valor del vino argentino exportado, y la complejidad de mantenerse en las franjas más económicas, de menos de 6 dólares en góndola (un 75% del consumo) con un margen muy chico. “El vino es de los pocos productos que sale con identidad argentina. Se ha hecho todo un trabajo y competimos contra países muy desarrollados que aplican recursos muy fuertes en la promoción y subsidios a sus productos”, apunta Villanueva.
Do Pico agrega que comparado con otros países competidores, el apoyo del Estado en publicidad y promoción es muy bajo: “El 90% del presupuesto de Wines of Argentina viene de las propias bodegas. Ya el hecho de no contar con recursos públicos para generar una categoría argentina en el exterior es grave, y además tenemos trabas como las retenciones. Hay pocos productos que Argentina ponga afuera en góndola como marca, y menos en 130 países. Es una pena”.
Sin retenciones
Un sector exportador importante de Mendoza que se vio beneficiado con la medida fue el ajo, que pasó de pagar $3 por dólar exportado a no tener más retenciones. Guillermo San Martín, gerente de Asocamen, afirmó: “Es un gesto, nosotros ya teníamos unas retenciones bajas, de por sí $3 por dólar había quedado bastante simbólico. Es un alivio pero no hace la gran diferencia para el sector exportador ajero”.
Para San Martín, la gran preocupación actual es por el tipo de cambio, ya que ellos cobran a valor dólar oficial pero después a los proveedores les deben pagar con un valor mayor. “El gobierno tiene que controlar la inflación con otros métodos, no en base a un tipo de cambio atrasado. Tenemos pocos proveedores con mucho poder sobre los precios. Nosotros entregamos dólares baratos al gobierno pero tenemos que producir con un dólar caro”, apunta el gerente de Asocamen.
Mario Bustos Carra, gerente de la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen), confirma que tanto la aceituna de mesa como el aceite de oliva han quedado en cero retenciones. “En realidad las retenciones a la exportación no corresponden. ¿Cómo vas a pagar para generar divisas que ingresen a tu país? Son medidas que no son convenientes y son un impuesto más a la larga lista que tiene el país. Habría que hacer una política económica a largo plazo y no que cada gobierno decida quién tiene un beneficio y quién no”, sostiene Carra.
Si bien Carra cree que el beneficio de quitar las retenciones “es significativo, absolutamente”, critica la “discrecionalidad” con la que se realizan estas políticas: “Sería bueno que el empresario supiera que para exportar tiene éste y tal beneficio, porque si no, en esta ocasión es un beneficio pero para la próxima puede ser un perjuicio. Ahora estamos agradecidos, pero sería mejor tener leyes generales y que todos sepamos a qué tenemos que afrontar”.
Otro de los beneficiados fue la ciruela, que exporta un 95% de su producción. Carlos Ponce, presidente del Comité de Exportación de Ciruelas de Industria de Mendoza (Cecim), entiende que las retenciones “son una desventaja comparativa” con los otros países productores. “Cuando se negociaba con la Unión Europea, se le pedía que liberara los aranceles y su respuesta era: ¿Por qué piden eso si el propio país hace pagar para exportar?”, ejemplifica.
Tras aclarar que se siguen pagando costos de exportación que corresponden como Senasa, Ponce afirma que la eliminación de las retenciones fue muy bien recibida por el sector, que depende mucho de poder competir en el mercado externo. “Te afectan con impuestos y tenés que competir con otros Estados que, por el contrario, apoyan al exportador. Alguien en Chile exporta y no le cobran impuestos, mientras que a mí sí me cobraban por algo que no tiene que ver con los costos de producción”.
“Creo que ha sido una de las medidas más acertadas en términos de economías regionales, liberarnos de derechos de exportación. Creo que ha sido incompleta, porque algunos se han visto afectado más, pero desde el sector ciruelero festejamos la decisión porque es una herramienta más para poder competir”, señala el presidente de Cecim.
Un punto en común en estos tres referentes consultados es considerar las retenciones como una traba y desear que las otras producciones tampoco se vieran afectadas. “Ojalá todo lo que sea economía regional quede liberado, es lo que deseamos como política exportadora. Un país que quiera posicionarse no sólo con materia prima sino manufacturados, no puede cobrar impuestos a las empresas que producen porque desincentiva las inversiones”, analiza Ponce.
En esa misma línea, para San Martín la medida “fue una buena señal para determinadas economías regionales como el ajo, pero fue contradictorio para otras como la vitivinícola, porque lo que les dieron por un lado aumentando los reintegros, se los quitaron para el otro con este aumento”.
El reclamo de la fruta industrializada
Uno de los sectores que sí se vieron afectados con el aumento de retenciones fueron los productores de pulpa y pasta de frutas, que pasaron de pagar $3 por dólar exportado a pagar el 4,5%. Similar a la vitivinicultura, la sorpresa fue mayor por tratarse de un sector que aporta un alto valor agregado a sus productos primarios.
Leandro Roldán, gerente de la Cámara de Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), explicó que habían iniciado reclamos ante Alejandro Barrios, de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial de la Nación y que estaban en contacto con el Ministerio de Agricultura, pero sin recibir respuestas.
“La pulpa es un producto indiferenciado. Al comprador no le importa de dónde viene sino el precio. Un 1,5% más es un diferencial importante, porque son acuerdos de provisión a largo plazo. Es mucha plata de la que se habla. El 95% de la pulpa es exportación, hablamos de pulpa de durazno, de pera y de manzana”, agrega Roldán.
Según los números de Cafim, Argentina exporta cerca de 26.500 toneladas por año de pulpa de fruta y más del 95% es originado en Mendoza. Esto equivale a un ingreso de divisas de unos U$S22,5 millones por año a los precios actuales de exportación. El ingreso para el fisco por los nuevos derechos de exportación sería de U$S1 millón, pero amenaza la posibilidad de seguir exportando y, por ende, la continuidad de las empresas del sector y sus empleos.
Vale aclarar también que el sector no recibió mayores reintegros en sus exportaciones en octubre, como sí pasó con otras agroindustrias. “Pedimos que estos incrementos se retrotraigan al 31 de diciembre, porque no cumplen con los considerandos de la norma que dice que se van a sacar las retenciones a los productos de mayor valor agregado. Esto va en contra del sentido de la norma y no apoya a las economías regionales”, apunta Roldán.
