Se llevó a cabo la primera reunión formal del Consejo de Administración del Fondo de Integración y el Desarrollo del Ajo (FIDA). De esta forma se pone en marcha una serie de acciones concretas que permitirán al sector impulsar estrategias enfocadas en fortalecer tanto al productor primario, al empacador como también la posterior comercialización de este producto.
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), dependiente del Ministerio de Economía y Energía. Participaron la directora de Agricultura, Valentina Navarro Canafoglia; Guillermo San Martín y Ariel Zucarelli, de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de ajo, cebolla y afines de Mendoza; Mario Leiva, productor y titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, y Alfredo Baroni, coordinador técnico del IDR, entre otros.
Consultado San Martín sobre cómo será el proceso que se implementará para avanzar en la conformación de este fondo, explicó: “Para la próxima temporada 2022 está previsto constituir dicho fondo a través de la contribución de 50 centavos por cada caja de 10 kilos de este producto exportado y todo lo recaudado será invertido en temas estratégicos vinculados a la producción primaria, el empaque y lo comercial”.
Quienes componen el consejo de administración del FIDA estiman que, a partir de la conformación de este primer fondo, se podría contar con aproximadamente unos $4.000.000 que se irán destinando a necesidades puntuales que surjan desde el sector.
Mendoza exporta entre 7 y 9 millones de cajas de ajo, dependiendo el año, por lo que serán centavos de pesos por cada kilogramo exportado que constituirán ese fondo. Todos los años este monto será consensuado entre todos los actores vinculados al sector.
Leiva, en tanto, fue categórico en su postura respecto de que “esta herramienta es más que fundamental para mejorar nuestra competitividad con relación a este producto y establecer una relación de paridad entre la industria y el productor primario”.
Consultado el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco sobre si existen casos similares, comentó que en Río Negro se da una situación similar con la fruta. “Mendoza sería el segundo caso donde se logra la integración de la cadena de valor en forma coherente mediante un fondo que lo sostiene. En estos años hemos avanzado en algunas líneas de investigación y ahora lo vamos a poder llevar entre ambas partes. Es importante el cuidado de los suelos, es importante investigar en genética como también adecuar nuestros productos a los distintos mercados que están abriendo”.
“Dentro de la macroeconomía, el sector del ajo ha logrado mantenerse a diferencia de otros sectores, como el vitícola, que se ha visto seriamente afectado por la presencia de mayores jugadores, una relación distinta entre el productor primario y el bodeguero”, agregó Leiva, y cerró: “Solo en el Valle de Uco tenemos arriba de los 3.200 productores de ajo”.
“Es un trabajo muy importante el que estamos impulsando en pos de fortalecer al sector. Son muchos los ejes de trabajo que se tendrán en cuenta en el marco del FIDA. Buscamos que este sea un espacio donde se pueda trabajar de manera conjunta en pos del bien común”, destacó por su parte Navarro Canafoglia.
La iniciativa se da a raíz de la articulación entre el sector público, representado por el IDR, el INTA, el Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza) y el Ministerio de Economía y Energía, y productores, empacadores y exportadores en representación del sector privado.
Sobre la Ley FIDA
El 11 de octubre de 2000, la Legislatura provincial sancionó la Ley 6832, que establecía la creación del Fondo de Integración y Desarrollo del Ajo (FIDA). La nueva normativa fue promulgada a través del Boletín Oficial el 9 de noviembre del mismo año.
Conocida como Ley FIDA, la nueva reglamentación se crea con el objetivo de promover la producción del ajo y sus derivados, la competitividad como herramienta de comercialización, el consumo en todas sus formas y su exportación en fresco o industrializado, entre otros.
A su vez, la ley establecía que, por cada kilogramo de ajo exportado, cualquiera sea su forma, los establecimientos empacadores de ajo inscriptos en el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza deberían abonar una tasa retributiva por servicios cuyo valor se establecería anualmente en la Ley Impositiva y debería ser abonada con anterioridad a la salida del producto del territorio provincial.
El 11 de setiembre de 2017, el Gobierno de Mendoza, a través de su Boletín Oficial, promulgaba las modificatorias a los artículos 3° y 4°, en los cuales se detalla cómo debía ser conformado el Consejo de Administración del Fondo, el modo de estimación de la tasa retributiva y el organismo encargado de la recaudación de los fondos (Iscamen).
