El 24 de noviembre de 2023 (es importante precisar la fecha) se publicó en el boletín oficial de la Nación la Res. 534/2023 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante la cual estableció que a partir del 17 de enero de 2024 será obligatorio contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) como requisito para asegurar un automotor. En otras palabras, previo a la celebración del contrato de seguro, la aseguradora debe constatar que el vehículo tenga la revisión técnica obligatoria vigente o que el vehículo se encuentre en buenas condiciones mecánicas, si la RTO no se realizó en el año previo al contrato.
Sin animar la discusión sobre la conveniencia o no de tal revisión y considerando que la RTO es una obligación legislada, nuestra preocupación más inmediata es advertir de las eventuales consecuencias que dicha medida tendrá en la próxima cosecha de uvas habida cuenta que, ajustar la RTO a la indemnización del seguro genera muchas dudas para todas las partes involucradas.
Por ejemplo, para el caso de los camiones, redundaría en mayores costos tanto por el precio del seguro en sí mismo, aumentado por el estado del parque automotor, modelo, etc. como por la propia tarifa del servicio de RTO sumado a las posibles reparaciones necesarias para obtenerla. Se sabe que en el caso de la Mendoza es muy bajo el porcentaje de vehículos que posee al día la RTO lo que implicaría que el resto, de continuar circulando, no podría contratar el seguro pertinente.
Aun suponiendo que exista la determinación de cumplir con lo resuelto, la difícil situación que atraviesa el país, la falta de repuestos para los vehículos y en caso de conseguirlos a precios prohibitivos, provocaría que a los propietarios les resulte imposible el mantenimiento mecánico que le permita aprobar la RTO.
Por lo expuesto, consideramos que la Resolución 534/23 debe suspenderse inmediatamente hasta revisar minuciosamente los alcances y consecuencias de su aplicación. Y con respecto a la RTO, la sola consideración del estado calamitoso de las rutas y caminos rurales sería suficiente para revisar hasta la obligatoriedad de la misma.
* El autor es Director Ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
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