Los centros de fumigación para combatir la mosca de los frutos y la lobesia botrana iniciaron una medida de fuerza contra las nuevas directivas del Senasa y hay preocupación extrema en los productores y comercializadores mendocinos.
Con el cese en la prestación de servicios que inició el lunes la Asociación de Centros de Trartamiento Cuarentenario (CTC), los viñateros no pueden enviar uva hacia el resto del país y al mismo tiempo quedó paralizado el ingreso de cítricos a Mendoza y de extenderse en el tiempo la lucha hay riesgo de desabastecimiento.
El conflicto se suscitó a partir de una serie de regulaciones que dicto el organismo que conduce Diana Guillen para que las apliquen en cada centros de fumigación a lo largo del país.
Entre las nuevas normas que exige Senasa está la colocación de cámaras IP. “Según explicaron en un comunicado, “el Senasa cuenta con inspectores en todos los CTC y durante todo el tratamiento” por lo que “es un control sobre los controles”.
“Colocar las cámaras es una invasión a nuestra privacidad pero además, ellos tienen los inspectores que controlan cada aspecto del proceso. Verifican hasta la cantidad y concentración de los productos que se utiliza en La fumigación. Si ellos no dan el ok, no se puede fumigar. Entonces si no confían en sus propios inspectores, es problema de ellos”, comentó una fuente ligada a los CTC.
Otro ítem que resisten en los CTC es la exigencia modificación del software de cada cámara y en el plazo máximo de dos meses.
“Nuestros programadores fueron claros y precisos sobre la inaplicabilidad en tiempo y costo que insumiría el desarrollo y aplicación de un nuevo software”, aseguraron.
Entre las nuevas directivas del Senasa que apuntaría a asegurar la trazabilidad de los productos es el doble sellado de cada cajón o bulto.
“Como hacemos un viernes con 10 camiones, que equivalen a unos 15.000 bultos. Tenemos que aplicar 30.000 sellos. Además enviaron un sellito común y corriente, como de oficina”, comentó un integrante de los CTC.
En la asociación consideran que la medida de fuerza no fue otra cosa que el último recurso que tuvieron a mano y denunciaron que mientras intentaban llegar a un consenso con el organismo, la respuesta a modo de represalia fue que Senasa retiró todos los inspectores, haciendo imposible llevar adelante el tratamiento.
Preocupación en el sector productivo
En el sector productivo pusieron el grito en el cielo ya que el conflicto que envuelve a la asociación de centro de fumigación y el organismo que conduce Guillen es que los paraliza también a ellos por completo.
Desde el Centro de viñateros y Bodegueros del Este aseguraron que el cese de actividades en los centros perjudica gravemente al sector.
Al no poder realizar el proceso de fumigación (contra la polilla de la vid) quedaron paralizados los envíos de uva de mesa para consumo en el mercado interno.
En la vereda de enfrente pero con el mismo sentir están los introductores de cítricos. Después de la merma en la comercialización por el bloqueo que aplicó el Senasa al impedir la venta de cítricos desde los mercados de abasto de Mendoza hacia el oasis sur y la Patagonia, con la excusa de combatir la mosca de los frutos, ahora se encuentran que directamente no pueden ingresar fruta y temen que en el corto plazo el desabastecimiento sea una realidad.
Aumento de aranceles
Otro reclamo que partió desde los comercializadores de fruta es el aumento sideral en el arancel de “control y fiscalización”.
Senasa desligo en la fundación Fundanea, con sede en Entre Ríos, el cobro del canon, que estaría afectado, en principio, para abonar a los inspectores.
Según explicaron, en los últimos 11 meses el arancel duplicó ampliamente a la inflación ya que tuvo un incremento del 233%. Saltó de $12 por bulto a $20 y desde el lunes volvió a subir a $40 por bulto fumigado.
Con estas cifras, por un equipo completo con cítricos hay que abonar, solamente en concepto de fiscalización y control, $60.000.
Con el conflicto desatado y sin una solución en el horizonte, tanto productores como comercializadores de fruta e integrantes de los Centros de Tratamiento Cuarentenario piden al Senasa que “convoque a una reunión urgente” para buscar una salida que sea en beneficio de todas las partes, sin relegar el proceso sanitario para combatir las plagas.
