Malvina Luera es hija de trabajadores de la tierra y comenta que casi todos los que integran la Asociación de Pequeños Productores (Apepro) de Cuyo alquilan las propiedades que cultivan. En promedio, el alquiler mensual es de $ 70 mil, la factura de electricidad –que usan para obtener agua de pozo- asciende a $ 30 mil y los productos para preparar una hectárea de suelo rondan los $ 10 mil. Pero les pagan $ 40 o $ 45 por un fardo de acelga y $ 400 por un cajón de tomate.
El incremento de los costos, por una parte, y los bajos precios que obtienen por sus productos, por la otra, han generado que los pequeños productores agrícolas ni siquiera puedan recuperar lo que invirtieron para obtener esos cultivos. De ahí que Apepro y Otral (Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle) se sumaran a la jornada de protesta que la Federación Nacional Campesina organizó en todo el país.
Un importante grupo de trabajadores agrícolas se reunió esta mañana frente a la explanada de Casa de Gobierno para ofrecer bolsas de verduras a $ 50. El objetivo de la medida fue que la comunidad pueda valorar el trabajo que hay detrás de los productos de la tierra. “Los grandes perdedores somos los productores, pero también los consumidores, porque en el medio hay una cadena de intermediarios que se lleva una gran tajada. Queremos que nuestras verduras lleguen a un precio accesible a la población”, manifestó Luera.
En marzo, las organizaciones de productores presentaron una nota en Casa de Gobierno con la situación del sector, pero hasta ahora no obtuvieron respuesta. Ahora, tenían planeado entregar un nuevo petitorio, en el que incluyeron la solicitud de un subsidio por seis meses para la agricultura familiar. Es que a la suba de los costos por la inflación se añade que, producto de la pandemia, algunas ferias en las que pueden vender bolsones directamente al consumidor se han suspendido.
También solicitan tarifas diferenciadas de electricidad y un valor más accesible del combustible, que ha tenido varios aumentos reiterados. Y financiamiento para poder adquirir herramientas de trabajo, ya que muchos productores tienen tractores muy viejos o carecen de uno y deben utilizar elementos precarios para trabajar la tierra. Otro punto que plantean es la necesidad de acceder a terrenos fiscales para poder producir y construir una vivienda propia.
“Con lo que hoy nos pagan no recuperamos lo que invertimos y esa es nuestra preocupación. Al ritmo que vamos, si hoy somos 600 productores, el año que viene vamos a ser 300”, planteó Luera. Por otra parte, muchos hijos de trabajadores agrícolas, al ver este panorama, deciden buscar otra alternativa, lo que implica que se va reduciendo la cantidad de hectáreas cultivadas. Y añadió que, en la provincia, la agricultura se incluyó dentro del programa Mendoza Activa, pero resaltó que se trata de un crédito y, en las condiciones actuales, no saben si podrán devolverlo.
