¿Qué entendemos por sostenibilidad? Para que una cadena de valor sea considerada sostenible, debe cumplir con tres criterios fundamentales:
Rentabilidad en todas sus etapas (sostenibilidad económica).
Beneficios amplios para la sociedad (sostenibilidad social).
Impacto positivo o neutro en el entorno natural (sostenibilidad medioambiental).
La sostenibilidad en la producción vitivinícola es esencial para asegurar un futuro equitativo y saludable. Una cadena agroalimentaria sostenible debe ser rentable, socialmente beneficiosa y respetuosa con el medio ambiente. Según la FAO, las cadenas agroalimentarias son motores de crecimiento, creando valor agregado que beneficia tanto a productores como a consumidores y al Estado.
Ahora bien, en este sentido debemos entender que la rentabilidad en todas las etapas de la cadena de valor es crucial. Los productores no pueden vender por debajo de sus costos de producción, ya que esto puede llevar, además del quiebre de miles de productores, a prácticas de dumping. El dumping ocurre cuando los productos se venden en el mercado internacional a precios más bajos que los del mercado interno o incluso por debajo de los costos de producción. Esta práctica desleal no solo perjudica a los productores locales, sino que también distorsiona el comercio internacional.
Políticas como la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, implementadas tras la crisis financiera global de 2008, hasta la actualidad suman artículos que tienden a ayudar a enfrentar las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola. Para hacer más explícitos los casos de deslealtad comercial, se redactó primero en España, en Australia y luego en Europa un código de buenas prácticas comerciales, que es la referencia de sostenibilidad en este sentido. Además, la implementación de contratos a largo plazo entre productores y compradores puede establecer precios mínimos que cubran los costos de producción y proporcionen un margen de ganancia razonable. Por ejemplo, en el mundo hay diversos casos de productores que negocian contratos a largo plazo con empresas que pagan un precio premium por productos certificados como Fair Trade.
La sostenibilidad social también juega un papel importante. Las condiciones laborales deben ser saludables y justas para todos los involucrados. La Agenda 2030 de la ONU, suscrita por 193 Estados, destaca la importancia de beneficios amplios para la sociedad. Además, el Pacto Verde Europeo, que busca una economía neutra en carbono para 2045, recientemente firmado, subraya la necesidad de prácticas sostenibles en todos los sectores, incluyendo la agricultura. La legislación en España, que protege a los eslabones más débiles de la cadena, es un paso en la dirección correcta. Las certificaciones de Comercio Justo (Fair Trade) aseguran que los productores reciban un pago justo y condiciones laborales dignas. Un ejemplo notable es el sector del cacao, donde las certificaciones han permitido a muchas comunidades agrícolas mejorar sus condiciones económicas y sociales.
El impacto medioambiental positivo o neutro es el tercer pilar de la sostenibilidad. Sin un planeta saludable, no puede haber una producción vitivinícola sostenible. La contaminación y el trabajo insalubre no solo dañan el medio ambiente, sino también la reputación de los productos en el mercado global. Mendoza debe cuidar su marca demostrando su compromiso con la sostenibilidad económica, ambiental y social. Además, la formación de cooperativas y asociaciones de productores puede ser una estrategia efectiva para asegurar precios justos. Las cooperativas permiten a los pequeños agricultores unirse y aumentar su poder de negociación. Un caso exitoso es el de las cooperativas de productores de leche en muchas regiones, que han logrado negociar mejores precios y condiciones contractuales.
La derogación de leyes que establecen contratos previos escritos entre productores y bodegas, que fijan precios y formas de pago, es contraproducente. Estos contratos son principios de lealtad comercial que el mundo lucha por mantener. La abolición de estos contratos abre la puerta a prácticas comerciales desleales y abusos de posición dominante. Es esencial consolidar mecanismos que impidan estas prácticas y aseguren una justa distribución de la renta en toda la cadena de valor. La transparencia y la trazabilidad son otros aspectos esenciales para asegurar precios justos. Implementar sistemas de trazabilidad, como el uso de tecnologías de blockchain en la cadena de suministro de productos agrícolas, puede aumentar la confianza de los consumidores y asegurar que los productores reciban un precio justo. En este sentido, se hace indispensable entender conceptos como el índice IPOD y el rol que cumplen en la determinación de una cadena sostenible en todos sus eslabones.
El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) es una herramienta desarrollada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para medir la diferencia entre el precio que reciben los productores agropecuarios y el precio que pagan los consumidores en los puntos de venta finales. Este índice destaca las disparidades a lo largo de la cadena de comercialización, creando conciencia sobre posibles ineficiencias y abusos. En otros lugares del mundo, se utilizan conceptos similares para analizar diferencias de precios en la cadena agropecuaria.
Por ejemplo, la Comisión Europea publica informes sobre precios agrícolas y la cadena de suministro de alimentos, ayudando a entender la estructura del mercado. En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura (USDA) realiza estudios sobre márgenes de precios y la cadena de valor de productos agrícolas. La Asociación Nacional de Agricultores (NFU) en el Reino Unido publica análisis sobre diferencias de precios entre el productor y el consumidor. En Australia, el Departamento de Agricultura y Recursos Hídricos analiza las diferencias entre precios en origen y al consumidor.
Para corregir las disparidades de precios en la cadena agroalimentaria, se pueden aplicar diversas estrategias y políticas. Las cooperativas y asociaciones de productores mejoran el poder de negociación de los agricultores, reduciendo costos operativos y accediendo a mayores mercados. Los contratos a largo plazo y precios mínimos garantizados, como los utilizados por cooperativas de productores de café en Colombia, aseguran ingresos justos. Las certificaciones de Comercio Justo (Fair Trade) en sectores como el cacao en África Occidental aseguran precios mínimos y mejores condiciones laborales. La transparencia y trazabilidad basada en blockchain, como en algunos países europeos, permiten rastrear productos desde el campo hasta el consumidor final, asegurando precios justos. También es necesario el índice IPOD. Como vimos, este puede dejar en evidencia una cadena con flagrantes injusticias en la distribución de la renta.
Las políticas públicas y subsidios, como la Política Agrícola Común (PAC) en la Unión Europea, proporcionan apoyos financieros que estabilizan los ingresos de los agricultores. La reducción de intermediarios, como en el programa “PAA” de Brasil, asegura precios justos al comprar directamente a los agricultores. Los fondos de estabilización de precios, implementados en algunos países, actúan como colchón financiero en tiempos de crisis. Los mercados locales y directos, como los “Farmers’ Markets” en Estados Unidos, permiten a los productores vender directamente a los consumidores, reduciendo la diferencia de precios. La educación y capacitación en países como India ayudan a los agricultores a mejorar sus prácticas agrícolas y de comercialización. Las iniciativas de comercio electrónico en China, como las plataformas de Alibaba, conectan directamente a agricultores con consumidores, reduciendo la dependencia de intermediarios.
En resumen, la sostenibilidad en la vitivinicultura es esencial para proteger el medio ambiente, asegurar condiciones laborales justas y mantener la rentabilidad económica. La implementación de cooperativas, contratos a largo plazo, certificaciones de comercio justo, protocolos de sostenibilidad, certificaciones de triple impacto, transparencia, políticas públicas, mercados directos y capacitación son formas efectivas para corregir las disparidades de precios y asegurar precios justos para los productores y razonables para los consumidores. No es posible que, como indica este índice en la última vez, un consumidor tenga que pagar en promedio 3,4 veces más por un producto de lo que recibe un productor en su campo. Es decir, por cada peso que recibe el productor, el consumidor paga casi 4. Debemos decir “No” a la venta sin contratos previos escritos que establezcan precios justos. “No” a la intermediación parasitaria o al exceso de carga tributaria. ¡Sí a una justa distribución de la renta en toda la cadena! Así dejará de ser insostenible la vitivinicultura en Mendoza y dejará de correr el riesgo de perder mercados mundiales por desconocimiento o inacción ante prácticas de deslealtad comercial, o ante la falta de certificaciones serias de sostenibilidad. Es una lástima que la política partidaria no esté a la altura de las circunstancias. Ojalá sí lo esté la industria en su totalidad y se logre trabajar de una vez por todas estos conceptos que permiten un desarrollo sostenible en todos los eslabones de la cadena. Quizás así podamos decir finalmente que el PEVI 2030 comienza a ser necesario.
