El premio nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz sostiene que la desigualdad no ocurrió «así como así» sino que «fue creada». Admite que las fuerzas del mercado jugaron su papel, pero no fueron las únicas causantes. Los gobiernos también han sido decisivos. «Los de arriba han aprendido cómo succionarle el dinero a los demás con unos métodos de los que los demás apenas son conscientes, esa es su auténtica innovación». Los gobiernos han permanecido más bien pasivos ante el creciente aumento de poder de los mercados. No han tratado de corregir sus fallos ni sus malas prácticas.
Recientemente el Poder Ejecutivo Provincial ha remitido para tratamiento legislativo un proyecto de Ley para crear el Banco de Vinos, como instrumento de política pública destinado al complejo vitivinícola en Mendoza, en la búsqueda de aportar soluciones a una prolongada crisis en el sector.
Según el Informe sobre Distribución de la Renta Vitivinícola. Análisis y propuestas para mejorar y estabilizar la participación del sector primario (Fundación Universidad Nacional de Cuyo y Asociación de Viñateros de Mendoza 2015): “No cabe ninguna duda de que los dos primeros eslabones de la cadena productiva (producción primaria y elaboración) vienen reduciendo su renta durante la última década, hasta llegar a la situación actual en la cual se encuentran perdiendo dinero”.
El mismo estudio evidencia que la producción primaria y la elaboración solo se quedan con un 5,6% de la renta vitivinícola frente al 94,4% que representan los eslabones de fraccionamiento, distribución y comercialización.
De numerosos análisis surge evidencia sobre el proceso de concentración de la renta, la producción y la tierra del complejo vitivinícola nacional. Un negocio altamente rentable para los enclaves económicos extranjeros y el oligopsonio nacional en detrimento de miles de familias de productores y pymes elaboradores de vino.
El proyecto de Ley omite este problema estructural, declarando como único culpable al clima, sus contingencias y cambios globales. Por propiedad transitiva el culpable del mal precio de la uva y el vino pagado al productor es el fantasma del sobrestock.
Una vez más el argumento es utilizado para que el Estado utilice fondos públicos y estos fondos se destinen a limitar la sobreoferta de producción, como tantas medidas a lo largo de los años (Operativos de compra de uva y elaboración de mosto; acuerdo de diversificación Mendoza - San Juan; Fondo Anticíclico Vitivinícola y ahora Subsidios al autobloqueo de vino).
Todo parte de un dogma de la economía clásica: “El precio de un producto es el resultado de equilibrio entre la oferta y la demanda en un mercado de competencia perfecta”. El problema es que el mercado vitivinícola de vinos no es un mercado de competencia perfecta, sino que es un oligopolio donde unas pocas empresas concentran más de 70 % del mercado y abusan de su posición de poder tanto en el mercado de compra de uva y vino de traslado como en la cadena de distribución y comercialización
Nuevamente el Estado a partir de sus instrumentos de política pública estará profundizando la concentración, como postula Stiglitz, por que va a aportar un subsidio a los grandes tenedores de vino, que obviamente no son los productores que deben vender un producto perecedero en oferta dispersa a los precios y condiciones que un grupo de empresas le ponen. Lo mismo sucede en el caso de aquellos productores que elaboran a maquila y reciben un ingreso mensual de su producción.
Esta omisión es condescendiente con los intereses del lobby vitivinícola actual, que no representa la voz de los trabajadores, contratistas, productores y pymes elaboradoras de vino sino que garantiza la continuidad del actual sistema de injusticias. El Estado, los fondos fiscales y los instrumentos de política pública se deberían dirigir a corregir las fallas de mercado, en cambio con esta propuesta le permiten a pocos jugadores contar con una herramienta más de especulación financiera que profundizará la crisis de miles de familias.
Desde nuestro espacio consideramos que existen alternativas de aplicación de fondos públicos con mejores impactos que el subsidio al autobloqueo (Banco de Vinos). Atacar la concentración económica, distribuir la renta en la cadena de valor y el crecimiento comercial del complejo vitivinícola provincial debe ser el Norte elegido de las políticas públicas en la vitivinicultura.
Algunas propuestas que desarrollaremos en profundidad y ofreceremos a la sociedad de Mendoza incluyen:
- La organización de los sujetos políticos, económicos y sociales invisibilizados, como trabajadores, contratistas, pequeños y medianos productores y elaboradores de vino.
- Estudio profundo de las cadenas agroalimentarias respecto a la distribución de la renta a su interior.
- Generación de un nuevo marco institucional y normativo que garantice equidad en los accesos a la tecnología, información, comercialización y financiamiento.
- Regulación de las normas de comercialización, bajo buenas prácticas comerciales y control sobre las posiciones de poder en la cadena de valor.
- Financiamiento al asociativismo, el agregado de valor en origen, la diversificación productiva, la diferenciación, la incorporación de tecnología y la exportación de uva y derivados.
Un precio justo al productor es aquel que garantiza la sostenibilidad de las familias de productores y trabajadores de viña, generando ingresos por encima de los costos de producción, la rentabilidad es una construcción social, el Estado debe aplicar los recursos a favor de los sectores de mayor vulnerabilidad, un modelo vitivinícola con arraigo territorial es opuesto a un modelo concentrado, sin productores.
*Esta nota está firmada por: Sergio Mastrapasqua, Jorge Alvaro, Ctistian Correa, Gabriela Lizana, Andrés Cazabán, Carlos Vollmer, María Inés Vollmer, Diego Martínez Palau y Eduardo Montenegro
