La UST denuncia que quieren desalojar a familias campesinas de San Martín

Este martes, la Unión de los trabajadores rurales Sin Tierra (UST), denunció que un empresario de origen chileno ingresó con máquinas topadoras a un campo donde viven, trabajan y pastorean cabras y vacas unas cinco familias campesinas desde hace más de 30 años en San Martín.

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Según detallaron desde la entidad agrícola, “el empresario empezó a desmontar y amenzar a los puesteros con que sacaran inmediatamente los animales del campo”. Desde la UST aseguran que los puestos están inscriptos en el registro de Arraigo y cuentan con expediente de solicitud de regularización dominial inciados hace mas de 8 años.

“Son poseedores legítimos e históricos habitantes del departamento”, afirmaron desde la entidad. En concreto, las zonas donde se generó el incidente son La pichana, Agua Dulce, Las torrecitas, Las Lomitas y Puntiagudo.

Continuando con la narración de la UST, cuando los puesteros se aproximaron a la oficina fiscal de Palmira el ayudante del fiscal “Consolini” de la misma se negó a tomar la denuncia de los puesteros y les insistió con que tenian que dejar el campo. “Luego de dar muchas vueltas por fin accedió a tomar la denuncia, pero no incluyó los datos y los testigos que el denunciante informaba, ademas de que impidió que otros puesteros denuncien o sean incluidos como testigos”, afirmaron.

Además, relataron que el empresario se presentó en la misima oficina fiscal y “volvió a amenazar a los puesteros, diciendo que si no sacaban los animales los iba a matar él mismo”.

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“Frente a esto denunciamos la falta de acceso a la justicia en la oficina fiscal de Palmira y la violencia y prepotencia de este empresario que comete delitos varios contra las familias campesinas: turbación de la posesión, amenazas y violencia, ademas de desmontar de manera irregular el monte nativo”, se lee en el comunicado de la UST.

Desde la entidad pidieron compromiso al gobierno de Mendoza y al Poder Judicial por la seguridad e integridad de las familias campesinas. Además, exigieron el acceso a la justicia de las familias campesinas “para que sus derechos posesorios sean respetados, demandamos también se respete la Ley n° 6086 y cumpla con la regularización dominial que establece la ley provincial de Arraigo”.