En su regreso a la actividad después de casi tres meses de parálisis, la Cámara de Diputados tratará el próximo martes el proyecto de ley para otorgar una jubilación anticipada a trabajadores vitícolas y contratistas de viñas y frutales, aunque el texto volverá al Senado porque recibió cambios.
Una vez sancionada la ley, los viñateros podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes. El beneficio alcanzará a unas 35.700 personas, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El proyecto se aprobó en noviembre pasado en el Senado por impulso de la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos), pero en Diputados recibió modificaciones durante el debate en comisiones. Por eso, la sanción definitiva se demorará un tiempo más.
El artículo que se retocó fue el primero, que establece como beneficiarios a los trabajadores vitícolas amparados en el Convenio Colectivo de Trabajo 154/91; y a los contratistas de viña y frutales comprendidos en la Ley 23.154, “en tanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro”.
Este último agregado generó preocupación entre organizaciones del sector, que entienden que se “condiciona” el derecho de acceder a la jubilación anticipada y llevaron el reclamo al ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
El planteo fue encabezado por la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva); la Unión Vitivinícola Argentina; el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este; la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael; la Asociación de Viñateros de Mendoza; y la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi).
El proyecto que se tratará el próximo martes iguala a los trabajadores viñateros con los peones rurales, que cuentan con un beneficio similar en función del trabajo forzado que realizan, agravado por las inclemencias climáticas durante todo el año.
Según el texto, la contribución patronal a pagar será la que rija en el régimen común del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino), incrementada en dos puntos porcentuales.
Cuando se haya alternado este trabajo con otras actividades, a los fines de determinar los requisitos para la jubilación “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.
La OPC estimó que la futura ley tendrá un impacto fiscal de hasta 504 millones de pesos con un nivel de adhesión total al beneficio en el primer año.
De los 35.700 trabajadores que resultarán alcanzados, unos 10.213 se enmarcan en el convenio colectivo de la actividad; otros 21.887 aportan en el marco del régimen de convenios de corresponsabilidad gremial; y finalmente 3.600 son contratistas de viñas y frutales.
Si bien la actividad vitivinícola está concentrada en Mendoza y San Juan, también se desarrolla en Salta, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Córdoba, La Pampa, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Chubut, Jujuy y Entre Ríos.
Otro beneficio para contratistas
En la sesión, Diputados también tratará otro proyecto de Fernández Sagasti que modifica el Estatuto de Contratistas de Viñas y Frutales para ampliar de diez a doce las mensualidades que recibe el contratista.
Sucede que en las viñas existe un contrato laboral atípico por el cual la mensualidad se paga por diez meses aunque los contratistas trabajen los doce meses del año, lo cual repercute a nivel de aportes jubilatorios, obra social e indemnizaciones.
