En un artículo anterior publicado el 3 de abril en Suplemento Fincas, analizábamos en formato de comparación el accionar del Estado como empresario con la otrora bodega provincial Giol y la bodega municipal Raíces, de Junín.
En esta nota, nos proponemos hacer algo similar pero con la antigua conservera frutícola estatal “La Colina”, unidad estratégica que se encontraba dentro de la órbita de acción de Giol y el surgimiento de una pulpera en el municipio de San Rafael.
En 1970 la provincia de Mendoza adquirió una planta conservera que pertenecía a la CAP en San Rafael y la incorporó a la órbita de Bodegas y Viñedos Giol. La idea de su incorporación era ampliar la presencia de Giol al sector agroindustrial frutihortícola y, además, ejercer un efecto regulador en defensa de los productores garantizándoles la colocación de sus artículos a precios remunerativos, eliminando la intermediación innecesaria y marcando el índice para el resto de las industrias instaladas en esa productiva zona. La planta de La Colina tenía un inmueble de 91.170 m2 de terreno y 19.301 m2 edificado. Poseía una fábrica de 10.000 m2, un secadero, una fábrica de envases de hojalata y ocho líneas de elaboración de varios productos. Procesaba casi 20 mil toneladas anuales que representan aproximadamente el 20% de la producción hortifrutícola de la zona. Por su parte, la fábrica de envases tenía una capacidad de producir de 12 a 14 mil envases por hora.
Mediante el decreto 3345/88, que reestructura la empresa Giol con la idea de su posterior privatización por unidades funcionales, se separó La Colina de la dirección de Giol. Al manejarse independientemente, se comprobó que esta unidad era rentable.
La Colina poseía una tecnología que estaba a la vanguardia del sector a nivel latinoamericano. Poco tiempo antes de su privatización, incluso se incorporó una nueva planta de envases de hojalata. Contaba con 230 empleados permanentes.Luego de tres licitaciones fracasadas, este establecimiento fue vendido a la empresa mendocina Danilo De Pellegrin SA a finales de 1990. Desde 2015, esta empresa se encuentra en concurso preventivo de acuerdo con el expediente 46.451, caratulados “La Colina SA p/ Concurso Preventivo “.
La agroindustria conservera hasta finales de los 70 fue un sector clave de la economía provincial, representando un 27% de participación en el PBI provincial (existían 64 fábricas de conservas de frutas funcionando en la provincia y 24 en el departamento de San Rafael, según registros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael de 1969).
La zona sur de la provincia sigue siendo la que más hectáreas implantadas posee de acuerdo con el anuario agrícola presentado por el IDR (2018). Los departamentos sureños concentran 31,5% de las hectáreas cultivadas con fruta en Mendoza (18.843 hectáreas implantadas con fruta de las 58.400 que existen en la provincia).
Según informe IDR (2018) San Rafael es el mayor productor de damasco y ciruela para la industria. Asimismo es el segundo mayor productor de durazno y peras después de Tunuyán, tanto para la industria como para consumo en fresco. No obstante si miramos una serie histórica desde 1988 la superficie productiva ha caído un 35% en promedio en todos los frutales. La única que ha crecido es la superficie destinada a la ciruela. Los productores del Sur muestran un tamaño promedio de 3 hectáreas. Para tener una referencia de la estructura de la oferta primaria, se puede decir que los productores de menos de 5 hectáreas totalizan el 85% del universo, pero manejan sólo el 30% de la superficie productiva. Asimismo, las fincas del Sur poseen una productividad 50% menor a la del Valle de Uco según algunos estudios (Cadena del Durazno Industrializado en la Región Cuyo - 4to Foro Federal de la Industria - Región Cuyo Jornada de Trabajo - 27 de agosto de 2004, San Juan). A esto se suman las condiciones climáticas de la zona sur, considerada de alta peligrosidad por el granizo, heladas y la salinidad del suelo. Por dar un ejemplo, la superficie de durazno para industria, protegida con malla antigranizo, llega a 514 ha un poco menos del 25% (IDR 2014).
Entonces, los pequeños productores frutícolas sanrafaelinos, que son mayoría, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y deben adaptarse a las condiciones impuestas por el mercado, marcada por una alta concentración en el sector industrial. Tomando como ejemplo el procesamiento de duraznos para industrias, la provincia cuenta con la totalidad de la capacidad fabril instalada en el país, con un total de 35 empresas registradas, quedando en San Rafael solamente 3 enlatadoras y una pulpera (hasta antes de la instalación de la pulpera municipal). Esto reduce las posibilidades de los productores, quedando en una condición de subsunción frente al sector industrial.
En este marco nace la idea de construir una pulpera en San Rafael, del reclamo de los productores hace casi una década. En 2013 se obtuvo un subsidio por un monto de $ 10.000.000 por parte del Ministerio de Agroindustria de la Nación para hacer frente a la compra de las primeras maquinarias. En 2015, con el cambio de color político en la Nación, el segundo tramo de los fondos no llegó, y salieron de las arcas comunales. La planta demandó una inversión de unos 60 millones de pesos. La inauguración fue en diciembre de 2017, contando con una línea de producción de alta tecnología, realizada en talleres metalúrgicos de Mendoza. La idea, según argumenta el subsecretario de Desarrollo Económico del municipio de San Rafael, Roberto Battistón, es seguir alimentando a Mendoza, por eso se buscaría además impulsar un parque industrial donde está emplazada la planta concentradora de pulpa. La pulpera permite convertir la materia prima en un abanico de productos que da una salida completamente distinta a la comercialización de la fruta en fresco o desecada. Con esto, se busca mejorar la rentabilidad del productor más vulnerable, sobre todo de aquellos que poseen fruta que es considerada como de “tercera” y darle un mayor valor agregado.
En la actualidad se están procesando frutas y verduras, de productores asociados a las Cooperativas Fruderpa y La Línea, recibiendo además materia prima de agricultores no asociados de General Alvear, Valle de Uco, del Este mendocino y hasta Lavalle. Se está pagando al contado y tratando de ofrecer un precio más alto. Desde el primer día los valores de base que pagaron al productor estuvieron entre un 20% y un 35% por encima del mercado. La idea en este sentido, es tratar de regular el precio del mercado y, como mencionó Roberto Battistón, se está logrando, al menos en el durazno, ya que las otras industrias subieron los precios.
En 2020 la planta llegó a procesar poco más de 7 millones de kilos de fruta. La pulpera es una de las industrias más grandes de San Rafael con una capacidad de procesamiento de entre 6.000 y 8.000 kilos de fruta por hora. La gran mayoría de los productos se comercializan en el mercado interno, pero se ha logrado ingresar a Perú, Ecuador y Brasil.
Se opera con tres turnos de 8 horas. Trabajan 43 empleados y, si bien comenzó trabajando por temporada, fue extendiendo los tiempos y actualmente la producción se mantiene durante seis meses. Ése es uno de los principales desafíos: poder ampliar la producción a todo el año y así poder sortear el desfasaje financiero que esta actividad conlleva.
Con la presencia de una pulpera municipal, los productores que poseen frutas de baja calidad pueden retener una porción de la ganancia que se apropian los industriales e intermediarios para repartirla entre ellos, no debiendo quedar a merced de acopiadores o agroindustriales muy concentrados, ya que anteriormente una sola pulpera ponía el precio a la fruta a todos los acopiadores. Objetivo similar al buscado por “La Colina” estatal.
Volviendo a nuestra pregunta inicial, reafirmamos nuestra conclusión de la nota anterior. Se observa una tendencia histórica de vuelta a la intervención estatal en algunos procesos productivos, pero ahora de la mano de los municipios, el sector más cercano a los productores y la realidad del sector. Las privatizaciones y la reconversión productiva aceleraron la concentración económica, dejando desprotegidos a los pequeños y medianos productores que comenzaron a ser expulsados de la cadena, perdiéndose cientos de hectáreas productivas provinciales. Así, surge el reclamo que encuentra eco en el nivel municipal y vuelve a tomar protagonismo el Estado como empresario, en este caso en el municipio de San Rafael, no casualmente donde tenemos la mayor cantidad de hectáreas frutícolas de la provincia. De las recurrentes críticas acerca de la ineficiencia del Estado, se intentan correr estas experiencias municipales. Empresas estatales que intervienen en forma competitiva, con más tecnología, más calidad para exportación, más valor agregado en conocimiento, y pudiéndolo combinar con mejorar la rentabilidad del productor a través de una cierta regulación del mercado. Al parecer, es posible combinar objetivos económicos con objetivos sociales.
