En el 2018 cuando se sancionó la Ley 9.133 que creó un Registro Único de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas, todo parecía apuntar a que la única cadena que de una u otra forma iba a tener que transparentar los precios iba a ser la vitivinícola. Décadas lleva el debate sobre el hecho de lo que los productores se ven obligados a entregar producto perecedero al industrial: sin precio ni fecha de pago. A eso se suman las recurrentes maniobras de algunas bodegas que terminaban cambiando las condiciones una vez que el productor ya había entregado la uva y pagando en 12 o 18 meses. Finalmente se reglamentó la ley solo para los vitivinícolas y se hecho a rodar el tema.
Los productores aseguran que si bien no ha venido a solucionar el problema, por los plazos de inscripción que presenta el contrato, lo cierto, es que ahora cuentan con una herramienta cierta, que eventualmente pueden hacer valer en la justicia.
Este año, un nuevo decreto ordena que a partir de la temporada 2019-2020, los sectores del durazno, ciruela, aceitunas, ajo y tomate, que tengan como destino la industria, deberán someterse también a esta normativa.
La semana que viene arranca la primera “mesa de concertación” para el durazno con el objetivo de establecer costos de producción, calidad de los productos, precios de referencia, plazos de entrega de materia prima y modalidad de pagos. A estas le seguirán las ciruela a fines de diciembre, pera y manzana a mediados de enero y aceituna en la primera semana de marzo.
Si la herramienta se pone en marcha correctamente, por primera vez, los productores frutícolas de la industria tendrán la posibilidad obtener algún tipo de certeza frente los industriales. Cabe recordar que el único dato con el que cuentan es el pronóstico de cosecha que da el IDR, pero luego no hay información pública que permita saber a ciencia cierta cuantos kilos entraron en cada establecimiento industrial, algo muy diferente, de lo que sucede con la vitivinicultura.
Tendremos que esperar para ver cómo funciona el sistema esta temporada y también que datos arroja. Es evidente que los contratos, implementados correctamente, pueden ser también una forma de transparentar este sector del que tan pocos datos públicos se tienen.
