La provincia figura como la primera en cantidad de emprendimientos agrícolas familiares, según los números del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) del Senasa. Se trata de 8.025 unidades productivas, de las cuales se dedican a agricultura unas 5.120 (63,80%), a la ganadería 2.688 (33,50%) y a ambos rubros 217 (2,70%). Sin embargo, el sector presenta varias dificultades y se busca trabajar en un mayor asociativismo para que no desaparezca.
Mendoza se ubica por delante incluso de Buenos Aires, que tiene 7.851 unidades. La cantidad se determina entrecruzando inscriptos en el Renspa con los acreditados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El número refleja también un esfuerzo en blanquear a estos productores, con organismos como la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Safci).
Pablo Miralles, referente de Agricultura Familiar del Centro Regional Cuyo del Senasa, comentó para una nota reciente que, durante 2021, junto con la Safci, INTA, IDR (Instituto de Desarrollo Rural) y la participación de los municipios locales, realizaron jornadas de inscripciones en el Renspa, mayormente agrícolas, y el Renaf en diferentes departamentos de Mendoza, especialmente en el Norte y Este provincial.
El referente de Cuyo agregó, además, que en algunas ocasiones se dieron charlas de introducción a las buenas prácticas agrícolas ante las familias de agricultores. “Todo este fructífero accionar se continuará en 2022, ampliando los departamentos donde lo realizaremos”, adelantó Miralles.
Según afirmaron desde el Senasa, la importancia de la inscripción en el Renspa radica en que permite al organismo “adoptar mejores decisiones desde el punto de vista sanitario y teniendo en cuenta a los acreditados a la hora de implementar sus programas de cumplimiento obligatorio”. Así, se facilita la producción, comercialización y acceso a alimentos de calidad.
Lautaro Breitman Pacheco, sociólogo especializado en temas rurales, recordó que en el agro hay altos niveles de informalidad y que “no es que existan más explotaciones familiares en Mendoza, sino que hay más registro”. Hay más formalidad en la vitivinicultura que en la horticultura, porque la primera requiere de más controles a la hora de vender la uva, mientras que en la segunda hay problemas como “contratos de palabra”, sin documentos formales.
Si bien hay distintas definiciones, por emprendimientos de agricultura familiar se entiende una unidad productiva con ciertas características, como que la fuerza de trabajo sea principalmente de la propia familia, que debe residir en la explotación o cerca. Los ingresos del campo deben ser los principales para ese grupo, y la familia tiene que ser propietaria de todos o parte de los medios de producción (es decir, que no sea una familia que trabaje para otro, como asalariados).
“La formalización permite acceder a beneficios como una cuenta bancaria o a políticas estatales, como créditos subsidiados”, comentó Breitman Pacheco como beneficios de la formalidad. Los problemas para avanzar en ese sentido, analizó, son el desconocimiento y la dificultad para acceder a internet o teléfono para hacer los trámites.
Formalidad y valor agregado
En este acompañamiento no sólo participan entidades estatales, sino asociaciones como la Federación de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (Fecocaf). Diego “Manota” Montón, secretario del consejo asesor de Fecocaf, comentó que, desde 2002, grupos de agricultura familiar y trabajadores rurales trabajan con la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Luego de 20 años, son 44 grupos de base en 14 departamentos de Mendoza.
La capacitación técnica, la comercialización, el acceso al agua, la educación y la agroecológica, son algunos ejes con los que trabajan. “El sector está subestimado, no hay registros, y los que hay no son buenos por la informalidad”, apuntó Montón, ejemplificando que algunos números provinciales señalan que hay 3.500 familias hortícolas en el Cinturón Verde (Guaymallén y Maipú) mientras que en la federación estiman 5.000.
Lo mismo ocurre con el ganado caprino. Hace 30 años había 3.500 puestos; hoy esas familias se multiplicaron y a veces hay cuatro grupos familiares donde antes había una sola. “Mendoza tiene más de 800.000 cabezas registradas de caprinos, después de Neuquén. En la provincia vecina el Estado subsidia cada animal que se faena. Eso estimula al productor a faenar de manera legal”, ejemplificó el secretario de Fecocaf.
Además de hortícola y caprino, en esa federación trabajan con apicultores y pequeños productores vitícolas. El objetivo es sumar valor agregado, de modo de generar tomate triturado, néctares de frutas y cuero caprino, por ejemplo. La regularización es clave para dar este paso, y en cuatro años algunos grupos de base se convirtieron en 10 cooperativas formalizadas (el proceso de formalizar Fecocaf se inició en 2018, como una asociación de segundo grado).
Esa formalización ha permitido, por ejemplo, establecer convenios con el matadero municipal de Lavalle y generar un Almacén Campesino donde comercializar productos en la ciudad de Mendoza. Por otro lado, Montón detalló que trabajan “en una transición agroecológica para generar una producción saludable y más económica para el productor, así no depende de agroquímicos dolarizados”.
Un panorama complejo
Mirando hacia adelante, ¿cuál es la tendencia de la agricultura familiar? La cantidad de establecimientos registrados aumentó de 2020 a 2021 en un 6,62%, pero hay varios desafíos que complican su supervivencia, sobre todo si se las compara con el desarrollo de los complejos agroindustriales como en la Pampa Húmeda. Las explotaciones familiares suelen ser de pocas hectáreas, y esto hace menos rentable la adquisición de tecnología de punta.
Breitman Pacheco advirtió que “la tendencia de trabajar a gran escala y la integración con la industria hace que varias de estas unidades desaparezcan o sean absorbidas por otras empresas”. A eso se suma la situación de productores cercanos a los cascos urbanos, que terminan loteando sus fincas y vendiendo el terreno para que se construyan barrios.
“Si se pierde la agricultura familiar, se excluye gente de los campos que termina yendo hacia las ciudades”, planteó Breitman Pacheco. Además, este sociólogo cree que se debería replantear el modelo: “¿Hablamos de una agricultura que sólo busca generar ganancias o de una que busque la soberanía alimentaria, con condiciones de trabajo dignas y cuidando el ambiente?”. No sólo se debería hablar de eficiencia como productividad, sino incluir cuestiones sociales y ambientales.
Montón considera que “el sector tiene una gran potencialidad”, pero debe enfrentar problemas como falta de crédito y el encarecimiento de la cadena, cuando un producto agrícola llega de 5 a 10 veces más caro a la góndola. “Otro problema es la informalidad en la tenencia de la tierra. Eso dificulta poder planificar. Trabajamos también en el tema agua, con módulos de riego por goteo intrafinca que son móviles, justamente porque muchos arriendan”, dijo el referente de Fecocaf.
A nivel nacional, Montón también participa en la Mesa Agroalimentaria Argentina (con la UST) para fortalecer la representación gremial y plantear políticas públicas concretas como las recientes modificaciones del código alimentario. “La agricultura puede motivar un desarrollo diferente: genera arraigo, trabajo en el campo y una perspectiva de producción de alimento para el mercado interno”, agregó.
Desde la comercialización, Pablo Ordóñez, cofundador de El Arca (asociación que trabaja con 300 unidades productivas chicas), indicó que “la agricultura familiar es importante porque se hace una producción cuidada que va desde la plantación hasta el producto final, y porque genera mucho trabajo”.
En su mirada, esta clase de agricultura no sólo debe existir, sino que debe potenciarse. “Cada vez más consumidores buscan este tipo de productos”, apuntó.
El ránking nacional
En 2020 había registradas 63.708 unidades productivas familiares. Ese número creció un 6,62% (4.222 unidades más) durante 2021. Eso implica que en el país hay registradas 67.930 unidades productivas familiares y ese total se divide en tres tipos: 41.782 (61,51%) corresponde a predios dedicados a la ganadería; 19.752 (29,08%) a la agricultura y 6.396 (9,42%) a ambos rubros.
Cinco provincias reúnen casi el 50% de todas esas unidades. La número uno es Mendoza, con 8.025 unidades productivas, seguida por Buenos Aires, 7.851; Chaco, 6.408; Corrientes, 5.581 y Misiones, 4.894.
Si se desglosan los números de las otras provincias, Buenos Aires tiene 5.374 (68,45%) con agricultura; 2.102 (26,77%) con ganadería y 375 (4,78%) registradas como mixto. La tercera del podio, Chaco, presenta el mayor porcentaje de estas unidades productivas como ganadería, 5.054 (78,87%); como mixtos, 1.023 (15,96%) y agrícola, 331 (5,17%).
En Corrientes también el principal rubro de este sector es la ganadería, 3.449 (61,80%) unidades productivas; seguida por la agricultura, 1.542 (27,63%) y, por último, establecimientos mixtos: 590 (10,57%).
Finalmente, en Misiones encabezan el lote de inscriptos los predios mixtos, 2.266 (46,30%); luego los dedicados a la ganadería con 1.537 (31,41%) y cierran los agrícolas, 1.091 (22,29%).
El Renspa es obligatorio y gratuito para todas las actividades de producción primaria del sector agropecuario. Asocia al responsable sanitario (persona productora) con su actividad productiva y el lugar de la producción (predio). El productor debe contar para su inscripción con DNI y CUIL o CUIT y se realiza por autogestión o en las oficinas del Senasa.
Por otra parte, el Renaf funciona en el ámbito del MAGyP, es voluntario y gratuito.
La intención de este registro es permitir visibilizar y fortalecer el trabajo de los agricultores y agricultoras familiares en todo el país, con la posibilidad de que accedan a programas de ayuda estatal para desarrollar y hacer crecer su producción.
