La crisis argentina está llegando a todos los eslabones de la cadena y ahora le ha tocado al Estado. Es que, después de presionar al sector privado de manera constante en los últimos 50 años, las posibilidades del sector productivo de invertir y llevar adelante actividades económicas, es prácticamente nula.
Esto ocurre porque la misma presión les llegó a los consumidores, quienes por esa razón tienen una pérdida muy sensible del poder adquisitivo y las empresas no pueden aumentar más los salarios porque la rentabilidad de las mismas es consumida por los impuestos estatales, tanto de la Nación como de las provincias y los municipios.
La crisis vivida el último año agravó la situación, que se ve reflejada en una caída del PBI del 3% y, como eso significa menor nivel de actividad económica, lógicamente se ve reflejado en menos puestos de trabajo, salarios depreciados por la inflación y, como lógica consecuencia, menos ingresos tributarios.
La caída de los recursos coparticipables de la Nación es significativa y, a pesar de las mayores cuotas que recibieron las provincias, muchas están en condiciones críticas hasta para pagar sueldos de empleados y funcionarios. La misma situación se está verificando en diversos municipios.
El problema grave es que cuando recibieron aumentos aprovecharon para incorporar personal en forma poco clara (ninguno por concurso), con contratos temporarios como para no mostrar aumentos de las plantas de personal, y casi siempre con el objetivo de cumplir compromisos políticos, alejados de la función para la cual fueron creados estos entes.
Seguramente, en muchos municipios una reducción del 20% de la planta de personal no perjudicaría el desarrollo de sus actividades, pero nadie quiere dar la imagen de estar dejando personal en la calle. Por esa razón pagan sueldos muy bajos, castigando a los buenos empleados en beneficio de los acomodados.
Este problema del aumento de las plantas de personal se vio engrosado en los últimos 15 años, y es tan significativo que sirvió para compensar las pérdidas de empleo en el sector privado. Más allá de lo discursivo, para los políticos e, incluso, muchos medios periodísticos, sería menos soportable que el Estado prescindiera de empleados innecesarios a que las empresas deban generar despidos por falta de trabajo.
Hasta mediados del año pasado, la mayoría de los municipios mendocinos gozaban de un flujo de ingresos muy cómodo. Podían hacer obras y hasta, algunos intendentes, se ufanaban de tener tres o cuatro nóminas salariales invertidas en plazos fijos, aprovechando las tasas exorbitantes que pagaban los bancos.
Desde mitad del año pasado hasta ahora la situación cambió en forma repentina. Les cayó la recaudación propia, que en muchos casos no representa más del 30% del presupuesto propio, y también cayeron recursos de coparticipación. Los que cobran regalías petrolíferas también han visto disminuir este ingreso por la caída de la producción.
A partir de este año, la mayoría de los intendentes deberán obrar con mucha prudencia porque este año, cuando aún ni siquiera hay presupuestos nacionales ni provinciales, se prevé que la economía se retraiga otro 1,2% y es peligroso que se intente compensar con subas de las tasas, como han hecho los municipios del ImagenGran Buenos Aires.
Aunque les duela, deberán asumir la responsabilidad de bajar el gasto sin perjudicar la prestación de los servicios a los vecinos y las tasas deben moverse con moderación. Parece una paradoja que cuando el Gobierno nacional quiere desindexar la economía, las provincias y municipios quieran aumentar sus ingresos por inflación, como si ellos les cobraran a otros.
Los que pagan son ciudadanos, vecinos y empresas cuyos ingresos se han visto afectados por la crisis de inflación y devaluación. Es hora de que en todas las dependencias del Estado se apliquen finanzas responsables. No basta con congelar sueldos. Hay que reducir estructuras y mejorar la productividad.
