Una investigación periodística publicada recientemente ha puesto de manifiesto el accionar de un grupo empresario muy vinculado al anterior gobierno que financió su expansión y crecimiento corporativo con fondos sustraídos al erario público.
La maniobra, de ribetes sorprendentes, habría consistido -y digo habría pues, por imperio del secreto fiscal vigente, tal vez nunca conozcamos todos los detalles- en omitir el ingreso a la AFIP de fondos percibidos de terceros en concepto de Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Todo ello durante un período de cuatro años, acumulando una deuda de capital por $ 8.000 millones o bien a valores del dólar promedio unos U$S 1.000 millones.
Lo más impactante de este penoso caso resulta ser que uno de los titulares del grupo empresario involucrado manifestó que nada de lo por ellos actuado es ilegal y reivindicó la mora impositiva como procedimiento válido para financiar actividades empresarias.
El ITC es un impuesto interno que grava el expendio de combustibles líquidos y gaseosos, pagado por los consumidores de estos productos pero percibido e ingresados por las empresas refinadoras o comercializadoras. Se exterioriza por declaración jurada y las empresas deben ingresarlo a la AFIP.
Visto las insólitas manifestaciones del empresario involucrado, pareciera que la maniobra fue presentar la declaración jurada y no ingresar el saldo, para luego hacerlo en planes de pago especiales a 10 años al que sólo accedían los amigos del gobierno. Todo esto durante cuatro años.
Si bien -de haber ocurrido así- en principio no existe el fraude, al poner en conocimiento del fisco la deuda subyacen delitos enormemente más graves, pues esa deuda no se puede acumular sin una amplia red de complicidades y connivencias con los más altos niveles de la entidad recaudadora, es decir la AFIP.
Caben entonces algunas consideraciones sobre todo este planteo.
En primer lugar a quienes afirman que su accionar no es ilegal, cabe responder: lo hecho fue lisa y llanamente una flagrante defraudación al fisco pues la maniobra consistió en no ingresar el impuesto y haberlo retenido ilegalmente en su patrimonio por cuatro años. Esa maniobra se reitera en el tiempo con este tributo y con otros, como los aportes a la seguridad social (jubilación) y el impuesto a los ingresos brutos por $ 4.000 millones no ingresados por imperio de una medida cautelar de la Justicia amiga al gobierno.
Luego cabe reflexionar sobre la indudable complicidad de las autoridades del organismo recaudador.
No resulta muy aceptable ni creíble que un funcionario como Ricardo Echegaray, quien no dudó en cancelar la CUIT a contribuyentes a quienes convertía en muertos fiscales por no tener empleados en relación de dependencia, o por omitir presentar una declaración jurada; que embargaba cuentas bancarias a empresas que tardaban unos pocos días en cancelar un anticipo o inhibía a pequeños monotributistas por no pagar tres cuotas, se le haya pasado semejante grupo empresario sin depositar el ITC durante cuatro años. Tampoco que esa empresa no fuera incluida como Gran Contribuyente y estuviera bajo el control de una agencia de barrio.
Es extraño también que Echegaray y sus aliados pusieran cada tanto en vigencia planes de pago -el último, a días de dejar el gobierno- comprendiendo entre los conceptos regularizables el ITC (algo nunca permitido) o había inquietud interna en el organismo ante el escándalo en ciernes y le otorgaba un plan “art. 32” a 10 años para devolver lo ya embolsado.
Es realmente indignante profundizar en este hecho. Y lo es porque una vez más se le ha tomado el pelo a la gente. Y en esta oportunidad con una infundiosa maniobra donde el mayor responsable es el propio Estado nacional a través de corruptos funcionarios de máxima jerarquía.
Coincidentemente, es a estos personajes a quienes se les ha encargado auditar el funcionamiento de la Nación. Me pregunto ¿qué garantía podemos tener los argentinos ahora?
Espero equivocarme, pero será muy difícil llegar a probar esta connivencia si el Poder Judicial no se pone a la altura que la Nación y las circunstancias requieren en este momento de la historia.
Pero si el sistema jurídico no tiene una sanción para este vergonzoso accionar, las mismas deben provenir inexorablemente desde la política.
