El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, resolvió la situación de los 662 contratos que estaban en la mira y dejó en pie a 370 trabajadores. En el camino quedaron 94 personas que no pudieron demostrar lugar de trabajo, o cuyos nombramientos estaban mal administrativamente. Un caso aparte se dio con los preventores, en donde se encontraron policías municipales sin la habilitación del certificado psicofísico. Los otros casi 200 ni se presentaron a la convocatoria que hizo la comuna.
Por otro lado, un tema que ocupa por estos días al intendente radical es la deuda heredada en $180 millones, monto por el que saldrá a buscar financiamiento. Para esto, primero, deberá conseguir que el Concejo Deliberante le apruebe la ordenanza que le autorice su primer crédito. En esta dirección el primer apremio que tiene por delante es el pago del mes de enero, una situación que se repite en varias comunas (Guaymallén, Luján y Santa Rosa expresaron la misma dificultad) y en la provincia.
“Recibimos una comuna quebrada en la que se pagaron los sueldos de noviembre con descubierto de los bancos”, señaló el radical que puso fin a 28 años de gobiernos justicialistas y ejemplificó: “Los 180 millones son 6 meses de nóminas, para nosotros es muchísima plata”.
Los que quedaron afuera
Aunque no le guste usar mucho el término "ñoqui", Orozco no encuentra otra palabra que describa las situaciones que encontró en el municipio. El conflicto de los contratados que vieron terminados sus vínculos el 31 de diciembre, estalló en la puerta de la Municipalidad y obligó a decisiones rápidas.
Los manifestantes acusaron a Orozco de realizar despidos masivos, al no renovarse los contratos, y por su parte el radical prometió revisar caso por caso para ver las situaciones en las que se encontraban los trabajadores. Esto incluyó diferentes reuniones en las que se les pidió a los entonces ex contratados que justifiquen en dónde trabajaban y qué funciones cumplían. Las mismas preguntas se trasladaron a los jefes de las áreas en cuestión.
Las respuestas fueron depurando rápidamente a los trabajadores de los que no podían justificar tareas específicas. En un primer momento, quedaron 220 personas, pero en el transcurrir de los encuentros se fueron sumando otros casos. En total, de los 662 contratados, a las convocatorias se presentaron 464 personas, es decir, 198 se quedaron fuera por no asistir a acreditar sus puestos.
De esta selección, quedaron 370. “Estos son los que nos pudieron decir qué es lo que hacían y dónde estaban. En cambio, los otros (los 94 que quedaron fuera) tuvieron algunos inconvenientes. Habían preventores sin el psicofísico, otros que habían sido nombrados después del 1° de julio, administrativamente no estaban bien”, señaló Orozco y contó el caso más llamativo que encontró: “Una chica me dijo que trabajaba en el Cedrys número 27, que ni siquiera existe”.
En cuanto a los preventores, Orozco recuerda un dato reciente: el cuerpo de la policía municipal fue puesto en funcionamiento el 25 de mayo del 2015, en plena campaña y con una foto por demás electoral, que reunió a Miranda y a su candidato a intendente, Carlos Ciurca. No pasó mucho tiempo y surgieron las polémicas. Los mismos agentes hacían videos cuestionables y, al salir a la luz, fue puesta en duda su profesionalidad.
“Ellos fueron contratados por un hecho electoral y no tienen la capacitación necesaria”, señaló Orozco, quien sobrevivió a los grandes anuncios que hacía su rival en campaña. En este sentido, con el hecho concretado, ahora redefine su tarea: “Hay que darles la capacitación adecuada y combinarlos con la policía provincial, tenemos que ser un apéndice de ellos. En total son 260 personas, muchas sin el psicofísico ni el certificado de manejo defensivo”.
Por su parte, el radical tranquilizó que no va a reducir la planta de municipales, estimada en más de 3 mil personas, ya que el territorio es grande y necesita personal. Pero sí adelantó que va a “optimizar el recurso humano, material y financiero”, con el objetivo de equilibrar las cuentas del departamento.
Orozco e Iglesias van por financiamiento
Los dos departamentos del Gran Mendoza necesitan financiamiento. Por un lado, Guaymallén ya tiene la aprobación del Concejo y ahora tiene que lograr que alguien le preste alrededor de $200 millones, cifra que le autorizaron los ediles en diferentes conceptos. Por su parte, Orozco buscará que su órgano deliberativo le apruebe una ordenanza que le permita salir a buscar prestado 180 millones de pesos.
Ambos, con la intención de equilibrar las cuentas. En el caso de Guaymallén, el intendente Marcelino Iglesias logró que su Concejo aprobara, junto con el Presupuesto, una toma de deuda en tres conceptos. La primera es “de contingencia” y hasta una nómina salarial, destinada a este fin y con una estimación entre 40 y 50 millones. “Esto nos va a permitir regularizar el pago, yo creo que en marzo o abril lo podré tener”, estimó el radical.
En segundo lugar, logró un endeudamiento para consolidar la deuda anterior. “Hay que sacar cuentas, depurarla y ver el verdadero valor. La gran mayoría de los expedientes están en la Justicia”, señaló Iglesias. El tercer crédito es de hasta 100 millones, de los cuales el 80% es para infraestructura y el 20% restante para equipamientos. En total, el intendente señala que tendrán hasta 200 millones autorizados.
Por su parte, Orozco necesita los 180 millones que dijo haber encontrado en rojo, como herencia del justicialista Rubén Miranda.
