El reloj marcaba las 20.13, instante preciso en el que el recinto legislativo estalló en aplausos e inmediatos abrazos entre peronistas y radicales, quienes no ocultaron su satisfacción, y también su “alivio”, como reconocerían más tarde, por haber dado por finalizado uno de los capítulos más controvertidos de la historia política mendocina de los últimos tiempos: la aprobación, luego de ocho meses y seis días de discusiones, del Presupuesto 2014, con las pretensiones que la UCR pedía para aprobarlo y con endeudamiento, tal como quería el oficialismo, más allá de que haya logrado sólo la mitad de lo que en un principio buscaba.
Ante la cabizbaja mirada de los diputados del FIT y del PD, que terminaron votando en contra la ley de leyes, el centro de las felicitaciones fue para el justicialista José Muñoz, presidente de la Comisión de Hacienda, y para su par radical Martín Kerchner, responsable desde la oposición, de afinar el lápiz a los artículos finalmente aprobados de esa norma y del proyecto de Administración Financiera.
Es que su tarea, junto a la de los miembros de la comisión homóloga del Senado y a la de los técnicos del Ministerio de Hacienda, fue fundamental para que luego del acuerdo firmado el 11 de julio, en el que el partido gobernante y la principal fuerza opositora convinieron un endeudamiento de $ 800 millones, entre otros puntos, se llegara a este final feliz.
Luego de las demoras producidas en el Senado el martes pasado, muchos esperaban una actitud más expeditiva en Diputados, pero esta vez también hubo que esperar. Es que si bien la convocatoria había sido hecha a las 16, el tratamiento de las leyes comenzó un par de horas más tarde porque faltaban los acuerdos finales a la ley de Administración Financiera, a la que se le modificaron tres artículos: el 28, el 197 y el 205.
En el primero sólo se cambió una palabra, pero en el segundo, fue necesario que los legisladores buscaran un nuevo acuerdo para saber cuándo se pondrá en vigencia la nueva norma, que deroga la actual Ley de Contabilidad (3.799), dado que se necesita un período de “adecuamiento” para que tanto el Ejecutivo como los municipios se adapten a la normativa incorporada. Se resolvió que recién en enero de 2015 entre en vigencia la ley, aunque el Gobierno tendrá 60 días para reglamentarla.
En el caso del 205, las modificaciones apuntaron a que todos se aseguraran la derogación de las leyes “1.804, 3.799, 5.806 y las otras que se opongan” a esta nueva ley.
Al momento de votar hubo 45 votos favorables (del FpV y la UCR) y cinco en contra, de los tres miembros de la izquierda y los dos demócratas. Ahora los senadores, en su próxima sesión, deberán darle la aprobación definitiva.
Para tratar el Presupuesto, los legisladores adoptaron similar actitud. Peronistas y radicales ponderando el acuerdo logrado y la izquierda y el PD denunciando falta de participación y anticipando su voto negativo “excepto en un artículo”, algo que finalmente no pudieron hacer.
Así, el representante del Partido Obrero, Martín Dalmau, anticipó su voto negativo porque la norma, al plantear, entre otras cosas, un endeudamiento “que excede los mil millones de pesos (si se suman los montos autorizados con el BID y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional), prioriza los intereses financieros”.
Por su lado, el demócrata Rómulo Leonardi renegó del acuerdo y recordó una propuesta alternativa de su partido hecha en diciembre pasado que autorizaba emisión de Letras de Tesorería "por $ 750 millones", y condenó "los superpoderes" que la nueva ley le otorga al Gobernador.
Muñoz, en tanto, fue quien mostró la satisfacción justicialista. "Superamos las dificultades con la política", dijo, al tiempo que resaltó su orgullo "por haber recuperado el diálogo".
Por su parte Kerchner, vocero radical, resaltó los puntos de acuerdo, principalmente el artículo 65, en el que se especifica la derogación de la ley 8.667, de Reconducción Presupuestaria. “Se deroga así una ley que le hizo mucho daño a la Provincia”, indicó el cornejista.
El resultado de la votación fue el previsible: 39 votos a favor, otra vez 5 en contra y 4 ausencias, es decir una mayoría especial que aprobó, entre varios puntos más, una pauta de gastos de unos $ 37.300 millones, un freno al ingreso a planta permanente de empleados públicos y un endeudamiento de $ 800 millones, lo que generó el cerrado aplauso de la mayoría.
Cruce entre FIT y sindicalistas
Entre los artículos del nuevo Presupuesto, uno llamó particularmente la atención: el 134, a través del cual se prevé una equiparación “progresiva” de las asignaciones familiares con las de la Nación.
Ese apartado hizo que tanto el martes en el Senado como ayer en Diputados, un numeroso grupo de sindicalistas, identificados con la CTA oficialista, hiciera guardia en la Legislatura para esperar (y celebrar ruidosamente) su aprobación.
Y fue ese artículo también, que reivindica en parte un viejo reclamo gremial, el que hizo que tanto el Frente de Izquierda como el Partido Demócrata buscaran darle un voto positivo, aunque no pudieron hacerlo porque una moción del radical Néstor Parés, consentida por la mayoría, se lo impidió.
“Se está a favor o en contra de la norma, no por artículos”, dijo Parés, atendiendo a que el proyecto llegaba ya con una media sanción del Senado.
De esa manera, el PD y el FIT, agrupación ésta que reivindica de modo permanente el discurso “de los trabajadores”, no pudo darles su apoyo, lo que generó algunas burlas de los sindicalistas, que terminaron cruzando duras palabras con los miembros de la bancada de la izquierda.
En números
$ 37.317.222.213. Es el monto aprobado en el esquema “ahorro - inversión” (incluye entes autárquicos).
$ 31.544.274.027. Es el monto de las erogaciones sin tener en cuenta entes autárquicos.
$ 31.560.907.013. Son los ingresos totales presupuestados.
$ 16.632.986. Es la diferencia que permite un resultado operativo con el “déficit cero” comprometido en el acuerdo del Gobierno con la UCR.
$ 800.000.000. Es el endeudamiento “de particulares y entidades financieras” autorizado.
$ 1.624.817.885. Es el financiamiento total aprobado, incluyendo montos del BID/BIRF y FFIR.
$ 1.452.989.600. Es la suma comprometida por Pérez para obra pública este año.
