Con varios escándalos a cuestas, desde ayer Oscar Pizarro -quien se encuentra con licencia por enfermedad- ya no estará al frente de Defensa Civil. En su lugar, Roberto Munives, director general de Policías, absorberá interinamente la tarea del área que depende del ministerio de Seguridad y que está encargada de predecir y prevenir cualquier tipo de contingencia, ya sean sismos o tormentas.
Si bien en el ministerio de Seguridad aseguran que no lo echaron ni “lo renunciaron”, la salida de Pizarro se da en medio de varios cuestionamientos que apuntan a su gestión.
El más reciente es una denuncia anónima por el cobro de coimas por parte de funcionarios de Defensa Civil. La investigación, que lo tiene bajo la lupa como "responsable político", está en manos de la Inspección General de Seguridad (IGS) y en dos semanas podrían haber novedades.
“En un mes, Pizarro sufrió dos infartos. El último fue el jueves. No está en condiciones de estar al frente de Defensa Civil que, por otro lado, no puede quedar acéfala”, informaron desde el ministerio de Seguridad y circunscribieron la salida del funcionario a su estado de salud.
En cambio, en el Gobierno sinceraron la situación de Pizarro y dijeron que si bien no hay enojos, tampoco el gobernador Alfredo Cornejo está del todo contento con el funcionario sin pasado político.
De allí que se espera que en los próximos días, sin fechas de por medio, el primer mandatario pida la renuncia del comisario retirado y avale la designación de su sucesor. Este sería un nuevo movimiento en el plantel de Cornejo, con tres cambios (y rotaciones) en lo que va del año.
Se quiera o no, esta decisión responderá a lo que la oposición le pidió hace un mes. "Fue tarde la decisión de Cornejo pero vale, con esto no se hace política. Me parece bien la decisión de desplazarlo porque era un área casi acéfala", reconoció el diputado del FpV, Jorge Tanús, y pidió: "El Gobernador tiene que nombrar a un responsable que sea competente y contemplar un protocolo para cada tipo de contingencia".
Los desaciertos
Los traspié que desencadenaron la salida de Pizarro son varios. Al malestar que se generó en enero del año pasado, cuando en medio de los aludes en Alta Montaña, el funcionario estaba veraneando, se sumaron otros episodios.
El primer desacierto fue ignorar el alerta de la tormenta del 24 de febrero que produjo, entre otros inconvenientes, una muerte en Tunuyán y la voladura del escenario en el que se festejaba la Vendimia de Capital. En aquel momento, el FpV salió a pedir la renuncia del funcionario.
Sin dar respiro, una semana más tarde, se cayó la parrilla de iluminación en el escenario Frank Romero Day y la grúa sobre las gradas, justo en el momento que los artistas de Vendimia ensayaban previo al Acto Central.
En ese momento, DC estaba en el lugar realizando un simulacro. El episodio terminó en una pelea entre los artistas y el Gobierno provincial, y la amenaza de que la fiesta no se realice (se retrasó un día el Acto Central). En aquel momento, Pizarro tuvo que ser hospitalizado, según confirman en el ministerio de Seguridad, por sufrir un ACV.
Este fue el segundo desacierto que decidió el futuro de Pizarro. Según confirman en el Gobierno, la auditoría que lleva adelante la IGS y que involucra a Pizarro no fue definitoria para decidir su salida. “Este anuncio lo íbamos a dar el viernes pasado”, justificaron fuentes cercanas a Cornejo y adelantaron que el cuestionado funcionario no regresará a sus tareas.
IGS investiga presuntas coimas
La Inspección General de Seguridad recibió una denuncia anónima que derivó en una investigación que se abrió el jueves pasado, día en el que Pizarro tuvo otra complicación en su estado de salud.
La auditoría en cuestión es por la sospecha de que Bomberos habría cobrado “coimas” a cambio de ignorar ciertas certificaciones que deben tener las instalaciones que brinden algún tipo de servicio.
“Supuestamente se cometieron faltas con el otorgamiento de certificaciones en lugares que no cumplían con requisitos. Según denunciaron, los funcionarios de Bomberos habrían sido sobornados para otorgar certificaciones de obras”, explicó Marcelo Puertas, titular de la IGS.
El domingo a la mañana, la Inspección secuestró los expedientes en cuestión que abarcan el período del 2014 al 2016 y que serán analizados durante estos días. “En dos semanas, podríamos tener novedades”, postergó Puertas.
