El fin de la feria judicial de invierno marcará desde este lunes la probable aceleración de las investigaciones judiciales sobre los presuntos aportes "truchos" a la campaña electoral 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
Aunque el avance en las investigaciones también podría abarcar a los aportantes de los fondos que financiaron la campaña de 2015, de acuerdo a la ampliación de denuncia que hiciera la ex diputada Margarita Stolbizer.
Las investigaciones abiertas en los tribunales a partir de la denuncia que hace un mes y medio hizo el portal de noticias El Destape cuando comprobó que 205 beneficiarios de planes sociales que cobran la AUH (Asignación Universal por Hijo) y de monotributistas sociales tendrían que desembocar ineludiblemente en el origen de los fondos de campaña, ante la presunción de que podría tratarse de lavado de dinero.
El impacto político al interior del oficialismo nacional y provincial del escándalo forzó en los últimos días a un nuevo pronunciamiento del Presidente: "La justicia tiene que actuar como corresponde. Nosotros no tenemos nada que ocultar. La información ya está suministrada", dijo Macri desde Sudáfrica donde participó de la cumbre del Brics.
Y buscó restarle voltaje político al pedirle a la oposición legislativa que "acompañe" en el Congreso una ley que "modernice definitivamente" el sistema electoral.
Durante la semana que pasó, Cambiemos presentó en Diputados un proyecto de ley sobre financiamiento electoral que obliga a la bancarización de todos los aportes y habilita a aportar a las empresas, poco después que el kirchnerismo presentara el propio.
Pero al margen de las modificaciones legislativas de fondo a las que pueda arribarse, el caso perfila perdurar en la agenda política, a pesar de que la gobernadora Vidal echara a la contadora general bonaerense, María Fernanda Inza, y ordenara una auditoría.
Una primera derivación política interna ha sido el cuidado extremo con el que se programó su intervención en el "timbreo" bonaerense de este fin de semana.
Por el contrario, poco a poco aparecen casos de otro tipo de aportantes distintos a los originales 500 beneficiarios de la AUH y a los 350 monotributistas sociales, que figuran como aportantes en efectivo para los comicios en los que fueron electos el senador Esteban Bullrich y la diputada Graciela Ocaña.
Así, al caso del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, siguió esta semana el de un ex funcionario del municipio de General Rodríguez, Sergio Maffía, primer candidato a concejal por Cambiemos en 2017, quien figura como aportante de 38 mil pesos que aseguró no haber aportado, y que señaló a Vidal como máxima responsable.
La justicia tiene en marcha tres causas relacionadas con el caso. Una la inició de oficio el fiscal federal electoral Jorge Di Lello; otra está a cargo del juez federal porteño Sebastián Casanello por presunto lavado de dinero; y la tercera la abrió el juez federal platense Ernesto Kreplak ante una denuncia de la diputada bonaerense kichnerista Teresa García.
El juez Casanello pretende llamar a testimonial a los aportantes en los próximos días, pero habrá que ver en qué juzgado terminarán por concentrarse las tres causas para que no se superpongan medidas en marcha.
La ex diputada Stolbizer, que denunció 150 nuevos casos de aportantes truchos a Casanello y pasó a ser "amiga" de la causa, insistieron en que la investigación se amplíe a la campaña electoral de 2015.
