El cierre de 2015 en Guaymallén tuvo algunos conflictos en la calle y Marcelino Iglesias prepara una serie de medidas para “estabilizar” el municipio en la primera mitad de año. Esas acciones del intendente radical apuntan a normalizar el pago de salarios que, en su primer mes de gestión, se depositó con atrasos (aún queda pendiente diciembre). Pero pensando más allá del día a día, el radical comenzó a reestructurar las planta de trabajadores y apunta a tener un agente financiero propio, para contar con un descubierto que permita hacer frente a las cuentas en rojo.
“Tenemos dificultades incluso superiores a las que creíamos”, señaló Iglesias al explicar que recién este martes podrían comenzar a cobrar las clases iniciales: de la A a la C y tal vez la D. “Cuando yo dije que acá se llevaron todo y nos dejaron el muerto, fue así. La Municipalidad de Guaymallén no puede pagar los salarios a tiempo; este mes pudimos pagar el aguinaldo, pero no tuvimos los suficientes ingresos para abarcar la nómina de diciembre”, reconoció.
A raíz de esto, aunque con sospechas políticas, el jueves, último día del año, volvió a estallar un nuevo conflicto. Un grupo de trabajadores se manifestó en la puerta del Banco Nación y luego se trasladó a la explanada del Municipio. Allí, hubo quema de cubiertas, desparramo de basura y hasta rotura de vidrios.
“Tuvimos un piquete que comenzó en el Banco Nación, en Bandera de los Andes y Libertad. Hubo un grupo de personas que fue a cobrar y se encontró sin plata. Lo curioso es que para ir a cobrar llevaban petardos y cubiertas...”, relató Iglesias con ironía y señaló que en el grupo de manifestantes hubo “gente vinculada a (el ex intendente justicialista, Luis) Lobos” que fue identificada y será sancionada por haber dañado bienes de la Municipalidad. “El resto de la gente era la que tiene la preocupación de trabajar y cobrar”, señaló el intendente y calculó que eran alrededor de 30 ó 40 personas.
“Hubo una caída de la recaudación que nos afectó a todos: a la Provincia y consecuentemente a los municipios. También hay que devolver fondos coparticipables que recibió, como adelanto, (el ex gobernador) Pérez. Pasamos un fin de año muy restrictivo”, justificó.
Las medidas
Iglesias ha repetido en varias ocasiones la herencia que recibió de manos de Lobos, el concejal que estuvo a cargo de la intendencia durante dos años y que en noviembre dejó la comuna, sin el pago de ese mes a los municipales.
El radical señaló que, entre los principales apremios, hay un decreto que sacó el justicialista mediante el cual se destinó fondos afectados, como el de la Soja y otros específicos, para gastos corrientes. “Se usó plata de obras y programas para pagar sueldos, con el compromiso de devolverlo el 31 de diciembre. Él no lo hizo cuando se fue y nos dejó ese muerto, del que tendremos que hacernos cargo”, explicó.
En este concepto, Iglesias sentenció: “Lobos malversó $ 23,5 millones”.
Frente a esto, el intendente apuntó como una de las soluciones inmediatas, a la búsqueda de un agente financiero que le permita contar con un descubierto, herramienta a la que recurren comunas también en dificultades como Luján de Cuyo y Santa Rosa. “Estamos haciendo gestiones para llamar a licitaciones en enero o febrero y tener un agente financiero propio”.
Una segunda medida fue la disminución del gasto que implica la nómina de los municipales. Según calculó, de noviembre a diciembre bajó en $9.600 millones.
El achicamiento fue producto de “la reducción de la mayor dedicación, renuncias, jubilaciones, cesantías, pedidos de licencia sin goce de sueldo y algunos otros ítems”, detalló Iglesias y agregó que él aún no cubre todas las vacantes de funcionarios, mientras que otros cargos los fusionó.
“Estamos ordenando el municipio. Hay un déficit de arrastre y una deuda con proveedores que supera los $ 200 millones. Estos últimos meses no aumentó porque se suspendieron servicios”.
Con este esquema de apremios de dinero y de recursos que entran para tapar agujeros, Iglesias proyecta que le llevará aproximadamente 6 meses, estabilizar las arcas municipales para sacarlas del naufragio financiero y llevarlas a aguas más calmas.
Temen que la DGE ajuste contención sociocultural
Ayer, trascendió la inquietud de más de 1000 trabajadores de los Programas CAI (Centro de Actividades Infantiles ) y CAJ (Centro de Actividades Juveniles) que funcionan en Mendoza desde hace tres años. Según denunciaron a través de un comunicado de prensa, “se quedarán sin sus puestos de trabajo debido a la decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de terminar sus contratos el 31 de diciembre de 2015. Esto afectará a 200 escuelas y sus correspondientes comunidades que carecerán del acompañamiento pedagógico y sociocultural que tenían”.
Aseguran que “son parte de una política educativa de inclusión sociocultural para acercar la escuela a la comunidad y la comunidad a la escuela”.
Como reclamo, el martes harán talleres culturales abiertos en las afueras de la Casa de Gobierno sobre avenida Peltier de 11 a 14.
