La merma en la ejecución de obra pública en Mendoza en los últimos años ha generado discusiones en la clase política local, llegando a ser punto principal de discordia, sobre todo en torno al endeudamiento que el Gobierno busca precisamente "para más obra pública", mientras que la oposición lo considera inviable, "porque se desvían fondos para gastos corrientes". Pero a la controversia se han incorporado otros actores y su participación está provocando cambios en la forma de abordar el tema, apuntando a resolverlo.
Desde hace un par de semanas los empresarios de la construcción empezaron a hacer una especie de lobby ante el Gobierno y la oposición para mostrar sus temores y pedir la creación de un fideicomiso específico "que apunte a la producción y que garantice fondos" para obra pública.
Es así que la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), la Cámara de Empresas Constructoras Independientes y el Círculo de Constructores, coinciden en que ha habido subejecución en 2012 y 2013 y en que "peligran más de 17 mil puestos de trabajo", aunque para Fernando Porretta, titular de la CAC, "son 150 mil familias afectadas", ampliando el espectro a toda la cadena productiva del sector.
Obra subejecutada
En los últimos años, en las cuentas fiscales se ha visto un distanciamiento de los números ideales para erogaciones corrientes (incluye gastos de personal y transferencias a municipios, entre otros ítems) y las erogaciones de capital (donde está la obra pública).
Distintos informes muestran el mayor desembolso en sueldos. Un análisis del Consejo Empresario Mendocino (CEM) de octubre pasado señala, en base a datos oficiales, que si bien en 2010 hubo una baja en los gastos de personal frente a 2009 (del 52% al 50% del total gastado, manteniéndose en 2011), en 2012 creció a 55%, y en 2013 lo estimaron a un 56% del total.
Sobre esto se ha centrado la crítica opositora contra las gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez. "En los últimos seis años se incorporaron 26 mil empleados al Estado", han denunciado los radicales. Incluso estudios afines a esa fuerza aseguran que en 2013 el rubro Personal llegó a 58% de lo gastado.
Para los cuestionadores, esta suba de gastos en personal provocó la caída de la obra pública.
La ejecución presupuestaria publicada por el Ministerio de Hacienda permite comprobar la tendencia. Sobre $ 789 millones votados en 2010, se hicieron trabajos públicos por $ 635 millones, 80% de lo presupuestado. En el electoral 2011 hubo una mejora, con una pequeña sobreejecución: se votaron $ 1.103 millones y se gastaron $ 1.107 millones. Pero en 2012 la caída fue notable. De $ 1.726 millones presupuestados sólo se ejecutaron $ 786 millones (45%). En 2013, con actualización a noviembre, la ejecución apenas superó $ 525 millones, cuando se votaron $ 1.687 millones.
Podría esperarse una fuerte suba en diciembre (generalmente crece), pero con un promedio mensual de $ 50 millones, resulta difícil. El Gobierno ensayó una explicación. "Hay cosas que no se pueden imputar en diciembre, pero se han ejecutado", dijo Rolando Baldasso, titular de Infraestructura.
"El gasto es cada vez mayor y cada vez menos porcentaje va a obra pública", se quejó el radical Alfredo Cornejo. "Lo que se presupuesta no se cumple", continuó y comparó la gestión de Julio Cobos con las administraciones justicialistas. "El promedio de ejecución de Cobos fue 97% de lo votado; en 2007, 114%", resaltó.
Baldasso informó que tiene "más de 60 emprendimientos" en ejecución. Sin embargo, gran parte de los montos para esas obras provienen de la Nación, lo que también es criticado.
"Si no fuera por los fondos nacionales, casi no habría obra pública", señaló Porretta, atendiendo a esos aportes a lo que recibe el IPV desde la Nación (66% del total), y a los planes Procrear.
Similar es la opinión demócrata. "El Presupuesto que logró media sanción en Diputados subestima el gasto en personal y sobreestima los ingresos nacionales", afirmó Richard Battagión, jefe del PD.
Alternativas fiduciarias
Porretta asegura que en 2013 "faltaron de 500 a 600 millones de pesos para obra pública", razón por la cual él y sus pares buscan una alternativa fiduciaria.
"Desde el año pasado venimos trabajando con Costa (Hacienda) y Barg (Agroindustria) en un fideicomiso", informó Baldasso, reconociendo la necesidad de los fondos "porque se debe garantizar el inicio y el final de la obra".
En el Presupuesto 2014, también está planteado que 3% de lo recaudado por Ingresos Brutos vaya a un fondo fiduciario, aunque para muchos "eso es poco".
Así lo piensa Porretta, que si bien entiende que "endeudarse para obra pública no es malo" y que más allá de la difícil situación de estos días se pueden conseguir créditos "blandos" para ese fin, insiste en el fideicomiso. "Necesitamos un mecanismo transparente que impida el desvío de fondos", pidió.
La UCR ha prometido desarrollar una propuesta alternativa que "será presentada esta semana" y que seguramente contemplará la figura de un fideicomiso, pero con fondos que no emerjan de deuda sino de un origen más sólido, como pueden ser las regalías petrolíferas.
El PD coincide con el análisis. "Las propuestas ya no pasan por más endeudamiento", resaltó Battagión y concluyó:"Hoy, sin fideicomiso, no hay obra pública".
