Sociedad
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hace 3 horas
La precandidata a gobernadora, Anabel Fernández Sagasti, presentó hoy un proyecto de ley para frenar los aumentos de las tarifas de los Servicios Públicos, y que éstos tengan a su vez ratificación legislativa, dejando de lado la potestad del Poder Ejecutivo.
En un acto en el anexo de la Cámara de Diputados, la senadora nacional, junto a la legisladora local, Natalia Vicencio, dieron detalles de la iniciativa de Unidad Ciudadana y convocaron a todo el arco político para debatir y acompañar este proyecto.
"Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, la ciudadanía argentina y mendocina ha venido manifestándose de forma contundente contras las tarifas desproporcionadas e ilegítimas, pero evidente no ha alcanzado para que el gobernador (Alfredo) Cornejo y el presidente Macri entiendan que son impagables y están destruyendo no sólo las economías familiares, sino también a la industria", indicó Fernández Sagasti.
La legisladora nacional explicó que la iniciativa propuesta busca reforzar la legislación para los controles a las empresas prestadoras de los servicios en los que tiene injerencia jurisdiccional el Ejecutivo Provincial (Gas, transporte, agua y saneamiento), "y además abrir la estructura de costos para conocer qué se hace con el dinero que el Gobierno convirtió en una transferencia directa de los y las usuarias a las empresas".
Asimismo, invitó al resto de las fuerzas políticas y a la ciudadanía en general a discutir un nuevo marco regulatorio del sector. “Los servicios no son una mercancía, sino un derecho que aporta a una mejor calidad de vida. Trabajamos para que ningún Gobierno vuelva a llevárselo puesto”, sentenció.
Por su parte, Vicencio indicó que el proyecto brinda un marco regulatorio integral a los servicios públicos y el transporte, para “garantizar que las tarifas no sean nunca más confiscatorias”.
"Este Gobierno ha invertido la lógica de los servicios: son públicos para las empresas porque debemos costear sus supuestas pérdidas; y privados para los usuarios porque vulneran el derecho de acceso y permanencia”, sostuvo.
La iniciativa presentada por Unidad Ciudadana consta de seis puntos centrales:
- Tarifas justas y razonables: que no superen los aumentos salariales ni la inflación.
- Régimen Único de Tarifa Social: común para todos los servicios y de acceso automático.
- Control y participación Ciudadana: acceso a información y documentación sobre contratos de concesión, plan de obras y esquema tarifario. Participación popular en órganos consultivos de los entes reguladores.
- Empresas controladas: rentabilidad no mayor al 5% y no puede ser trasladada al ajuste tarifario.
- Ratificación Legislativa: Votación en la Legislatura ante cada propuesta de actualización tarifaria.
- Audiencias Públicas Transparentes: ampliación de la participación y de la convocatoria ciudadana.
