Tal como anticipó en diciembre, el presidente Alberto Fernández avanzará con dos proyectos: la reforma de la Justicia Federal y la reducción del poder y la discrecionalidad a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y sus espías.
Sin medias tintas, Fernández dijo ayer en el Congreso que quiere terminar con el "oligopolio" de Comodoro Py, donde doce jueces federales investigan los casos de corrupción en el Estado nacional.
“En los próximos días”, el Poder Ejecutivo hará llegar al Congreso las iniciativas en la que han venido trabajando la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.
En la oposición ya están con la guardia en alto. Los diputados Mario Negri y Alfredo Cornejo avisaron ayer que les preocupa la iniciativa porque, dicen, se pretende crear un Poder Judicial "afín" al gobierno de Fernández. Y darán batalla en cada artículo.
El propósito oficial es evitar "el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, impedir la construcción de falsas causas, acabar con la arbitrariedad en materia de detenciones e impedir para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho".
El proyecto contempla la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto permitirá -según Fernández- que las causas contra funcionarios públicos dejen de estar en manos de unos pocos jueces para pasar a ser juzgados por medio centenar de magistrados. La vigente ley 24.050 divide en 17 jurisdicciones federales al servicio de justicia. Esto será aún más diversificado, restándole poder a Comodoro Py.
La iniciativa tiene el aval de la vicepresidente Cristina Fernández, que afronta numerosos juicios por supuestos hechos de corrupción.
Al referirse al "sentido federal" del reordenamiento, Fernández mencionó a dos territorios calientes en materia de inseguridad: Rosario y Santa Fe. Allí se creará una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Desde los estrados, miraban el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y la jueza Elena Highton de Nolasco. Los otros tres integrantes del máximo tribunal no asistieron.
Además, a 81 días de su asunción como presidente, mencionó que para la rápida aplicación del código acusatorio se reforzará la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito.
Y agregó: "En el ámbito de la justicia contencioso administrativa de la Capital Federal, que resulta otra área clave para resguardar los intereses patrimoniales del Estado y de todos los argentinos, impulsaremos una profunda transformación, que estará basada en su unificación con los valiosos recursos existentes en el área de la justicia civil y comercial".
Pero más allá de las reformas que enunció Fernández, informó que también estarán impulsando en los próximos días "la conformación de un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la Argentina" que estará integrada por "las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial".
Inteligencia
El paso de Fernández por el Congreso dejó otra novedad en el esquema que plantea el Gobierno de cara al 2020 en materia de inteligencia. Es que ordenará a la AFI desclasificar los testimonios secretos brindados por sus agentes en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios en el encubrimiento.
A 26 años del atentado más grande que sufrió la Argentina, el presidente aseguró que tomarán ese camino "con toda la documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema".
Adelantó que esta semana dictará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley de Inteligencia con el fin de impedir a los servicios realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia.
Para Fernández es un tema prioritario del que viene hablando desde 2016, cuando criticó a Mauricio Macri por derogar, entre otros, un artículo de un decreto anterior de la expresidente Cristina F. de Kirchner que distinguía entre fondos públicos y reservados. De hecho, uno de sus primeros actos de gobierno fue ponerle fin a esa norma y transparentó el 90% de los 2.700 millones de pesos anuales de presupuesto que tiene la AFI.
