Como si fueran partes de un rompecabezas que deben encontrarse en distintas áreas del Gobierno, el Fondo Monetario Internacional escarba en los ministerios para sacar al menos una aproximación sobre cómo es el plan económico de Alberto Fernández.
La directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozack, y Luis Cubeddu, jefe de la misión para la Argentina, se reunieron ya con los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).
En las manos del primero está la renegociación de la deuda. El segundo tiene la responsabilidad de convencer sobre la efectividad esperada de las medidas oficiales para propiciar la reactivación económica. Y el tercero está atacando la urgencia: la demanda social.
Antes de saber qué pedirá Guzmán al FMI, Kozack y Cubeddu preguntaron cómo será la propuesta para los bonistas privados. El Fondo sugiere una quita para ellos, porque está en juego también el cobro de los 44.000 millones de dólares que dio a la Argentina.
En el Gobierno insisten que pedirán a los bonistas más plazo y quita de intereses (baja de tasa). Por ahora se descarta que la Argentina vaya a hacer un pago grande inicial de 10.000 millones de dólares, como pidieron los fondos de inversión con sede en Nueva York.
No hay disponibilidad de billetes: las reservas internacionales están en 44.742 millones de dólares. Pero sólo 14.400 millones son "líquidos", es decir, de libre disponibilidad. "Si los quemamos explota todo", señalan en el Gobierno.
Fricciones
El Fondo, por estatuto, no puede ofrecer al país más que plazo. No se trata del voluntarismo reclamado por Cristina Kirchner para que se rompan las reglas y se acepte una quita. Se trata de normas preestablecidas y de presión geopolítica para que los miembros no pierdan dinero.
Esto lo explica el mendocino Claudio Loser, economista y ex director regional del Fondo. El organismo, dijo, "no puede ser caprichoso" y debe atenerse a los términos en los que otorga sus créditos. Hay una junta directiva en la que cada país defiende lo suyo.
En el FMI opinan los "gobernadores" de los 189 miembros. Pero decide el Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI). En esa mesa se sientan 24 representantes. Hoy la preside México y a la Argentina la representa Sergio Choddos.
Choddos, quien está en Buenos Aires y acompaña a los funcionarios del Fondo, se reparte tareas con el embajador ante Estados Unidos, Jorge Argüello. Este último "pasillea" la Casa Blanca y el Departamento de Estado en Washington.
La misión de Argüello es la del lobby ante Donald Trump, el FMI, el Banco Mundial, el BID y la OEA. Tiene que sumar respaldo. En el Gobierno creen que la novela con el Fondo se cerrará en la primera semana de marzo.
Buscarán así una señal conducente para la dificilísima discusión con los grandes Fondos de Inversión. En la segunda semana de marzo la Argentina dará una oferta a los bonistas que determinará la tasa de interés y el plazo para el pago.
Los fondos BlackRock Inc. y Fidelity Investments se unieron y crearon un comité con la asesoría legal del estudio White & Case LLP. Representantes visitaron a Guzmán el miércoles, antes de su muestra de inflexibilidad en el Congreso.
La interna del FMI
El poder decisivo en el FMI lo concentra Estados Unidos. Cada país tiene un determinado poder de voto dentro del organismo, dependiendo del tamaño de su economía (PIB), cuenta corriente, reservas internacionales y otras variables económicas.
Las decisiones se toman por una mayoría calificada del 70%, aunque algunos arbitrajes más importantes se adoptan por una mayoría cualificada del 85%. Dado que Estados Unidos posee el 16,74 % del poder de voto, este sistema le otorga de facto un poder de veto total.
El organismo que conduce la búlgara Kristalina Georgieva está en plena revisión interna. El caso de la Argentina disparó las alarmas y anticipó el cambio de autoridades. En 2021 el organismo atravesará una fuerte discusión interna.
A cada país miembro se le asigna una cuota -basada en el tamaño de la economía del país en relación con el PBI mundial- que determina su contribución máxima a los recursos financieros de la institución.
Las cuotas se revisan cada cinco años, como mínimo. En 2016 entró en vigencia lo decidido en la última revisión. Y el año que viene arrancará la próxima discusión. Lo que resulte del acuerdo con Argentina será clave en los planteos internos para el futuro.
Por toda esta situación que excede largamente a la situación de la Argentina, el FMI quiere un acuerdo con los menores daños colaterales posibles. Según as fuentes consultadas por este diario, hay disposición para otorgar entre dos y tres años de gracia.
