Un ahorro de 41.500 millones de dólares y tres años de no pagar nada. Eso es lo que buscará a partir de hoy el gobierno de Alberto Fernández en la negociación que iniciará con los acreedores externos que tienen en sus manos bonos en dólares emitidos bajo legislación extranjera.
Hay dos caminos: un acuerdo o el default total. Si se consigue lo primero, la gestión de Fernández tendrá las manos libres para enfocarse en la economía real. Si ocurre lo segundo, la batalla económica estará perdida y la recuperación será una utopía.
Ayer, sentado en la quinta de Olivos al lado de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y rodeado de gobernadores oficialistas y opositores, el Presidente le dio el micrófono a Martín Guzmán, el economista heterodoxo al que le encargó una de las misiones más complejas de su mandato.
En una introducción de contexto, Guzmán dijo que "Argentina hoy no puede pagar nada". Afirmó que coincide con esto el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y aseguró tener el respaldo a su propuesta de canje de países del G7 y el G20, pero no identificó cuáles y Estados Unidos es determinante.
Qué se propone
La propuesta concreta consiste en canjear 21 bonos por el equivalente a 66.238 millones de dólares. De ellos, 17 papeles (por 41.548 millones) fueron emitidos durante la gestión de Mauricio Macri. Son títulos en dólares, euros y francos suizos. Todo con legislación extranjera.
La propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital. Aquí Guzmán hizo una aclaración: "Hemos tratado de entender lo mejor posible las preferencias de los acreedores en función de la información que ellos nos dan".
Así, se propone una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.
No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022. Se abonaría un cupón (interés) de 0,5% en 2023 y esa tasa iría creciendo hacia adelante, llegando a un promedio no mayor al 2,33%. Esto cambia la estructura de la deuda pública al menos en los próximos cinco años.
Esa estructura que se intenta modificar indica que Argentina debe pagar 4.500 millones de dólares este año, 8.400 millones en 2021 y 8.300 millones en 2022 sólo por estos 21 bonos. Si hay acuerdo, la gestión Fernández se olvida automáticamente de pagar 21.200 millones de dólares.
Y como también se buscan tres años de gracia con el FMI, según dijo Guzmán, la oxigenación para el fisco sería total abriendo la posibilidad de incrementar reservas internacionales y de volcar todos los recursos en la economía nacional.
Con quiénes se negocia
Esta oferta será registrada hoy ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y desde ese momento Guzmán dará un plazo de veinte días a los acreedores para responder si aceptan o no. En los hechos, ese es el plazo para negociar.
Reiterativo, Guzmán dijo que la propuesta se ajusta a un "criterio de sostenibilidad", es decir, qué es lo que Argentina puede pagar. Y Fernández, luego, se expresó en el mismo sentido al sostener que está comprometiendo su palabra a algo que el país puede cumplir: "No estamos firmando un cheque en blanco", aseveró.
Entre enero y mediados de marzo Guzmán tuvo conversaciones con los acreedores. Y ayer reconoció que en esos diálogos "no se ha llegado a un entendimiento" por el momento por la diferencia de criterio sobre lo que sería un acuerdo "sostenible".
Fuentes que conocen esos diálogos dijeron a Los Andes que los bonistas se estiraron hasta el momento a una quita del 49%, trece puntos por debajo de lo que pretende el Gobierno.
Argentina necesita alcanzar una adhesión equivalente al 75% del stock de bonos que se van a canjear para que se complete la operación. Y la mitad de los papeles están concentrados en los fondos de inversión Blackrock, Greylock, Templeton, Fidelity y Pimco, que entre todos administran recursos equivalentes a un PBI argentino.
"Los acreedores piden más ajuste fiscal, pero eso destruiría el futuro de millones de personas en Argentina y es algo que no vamos a permitir. Hay un límite de hasta dónde se puede ir y ese límite es la oferta que se presentará", aseguró el ministro de Economía.
Con ello, dio a entender que Argentina no modificará la oferta. E indicó que durante el período de veinte días que se abre hoy "va a haber gente jugando muy fuerte, porque hay muchos intereses en juego". Advirtió que "van a estar resonando" en los días que vienen "las voces de los acreedores que buscan que la Argentina pague más de lo que puede".
La deuda pública bruta se encuentra hoy en el 88,8% del Producto Bruto Interno. Hay países que tienen un ratio mucho mayor, sobrepasando el 100%. Lo que presiona es que el 69% está en moneda extranjera, cuando en 2015 era el 35,2%. Y en Argentina escasean los dólares.
A este canje se llega como última alternativa. Argentina no puede refinanciar emitiendo nuevos bonos en el mercado voluntario. Si hoy saliera a hacerlo, se vería obligada a pagar tasas superiores al 35% anual en dólares por el elevado riesgo país.
"Nos propusimos ser serios, no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus que ha dado vuelta la economía del mundo para dilatar la solución del problema de la deuda", dijo Fernández. Y agregó: "Este viernes será un día definitorio para la Argentina".
