La aparición, cada vez con mayor asiduidad, de improvisadas “ferias” que se instalan en distintos puntos de la provincia, especialmente en el Gran Mendoza, obliga a la necesidad de establecer pautas para su funcionamiento.
Si bien es cierto que se trata de una salida laboral para muchas personas, no es menos real que en muchos de esos casos suelen ser utilizadas por personas que han hecho de ese tipo de actividades un verdadero negocio.
Paralelamente, se trata de ventas que no cuentan con ningún tipo de contralor, no pagan impuesto por el predio ni por la mercadería vendida, lo que los coloca en una condición más favorable frente a quien se dedica al comercio cumpliendo con todas las exigencias que establecen las leyes.
Y también preocupa porque, como no existe el necesario seguimiento respecto de lo que allí se vende, en muchos de los casos la “mercadería” expuesta suele ser de dudosa procedencia.
En su momento, en Guaymallén se instaló una denominada “feria del usado”, pero las críticas que se vertieron sobre la metodología determinó que la misma fuera trasladada, con menor concurrencia de gente, hacia otro sector.
También fue cuestionado, con los elementos válidos correspondientes por parte de la Federación Económica, el funcionamiento de la feria La Salada, en Santa Rosa, lo que llevó a que las autoridades exigieran similares obligaciones a cumplir por parte de los propietarios de los puestos. Pero paralelamente se han instalado numerosas ferias, con puestos de venta improvisados y que no han tenido en cuenta la situación del lugar donde erigen el “emprendimiento”.
Es lo que sucedió días pasados en Guaymallén, cuando un grupo de personas ocupó un predio que estaba destinado a la construcción de una escuela de artes y oficios. La Municipalidad, ante la negativa de los feriantes de trasladarse del lugar, procedió a desmontar los puestos, impidiendo paralelamente el ingreso de quienes ocupaban, ilegalmente, el lugar. La reacción fue inmediata. Los propietarios de los puestos procedieron a cortar la avenida de Acceso Este y luego se trasladaron al edificio municipal.
El plan “de lucha” continuó luego con una marcha hacia la Legislatura -integrada por no más de 50 personas- donde también realizaron un corte de tránsito en calle Patricias Mendocinas, que es la que utiliza la gran mayoría de las líneas de colectivos, generando un verdadero caos vehicular.
La comuna les ofreció un predio sobre calle Mathus Hoyos para que se instalen, pero la propuesta fue rechazada porque les “quedaba muy lejos”, según manifestaron, a pesar de que allegados a la intendencia señalaron que los feriantes no eran exclusivamente de Guaymallén ni de la zona aledaña, sino que gran parte de ellos provenían de sectores e inclusive departamentos más alejados.
Lo serio del caso, también, es que el reclamo de quienes habían ocupado el predio fue apoyado por un concejal y luego por legisladores, en todos los casos del Frente de Izquierda, quienes aducían que, con la medida municipal, se estaba coartando el derecho a trabajar.
Nadie duda de que no se puede castigar a quien quiere ejercer un trabajo digno, pero también es cierto que debe hacerlo cumpliendo con las normas legales que corresponden, no ocupando un predio -porque las leyes no lo permiten- ni cortando calles, porque están avanzando sobre el derecho de los demás de transitar libremente por el país.
Lamentablemente, ese accionar equivocado de parte del concejal se ha mezclado en los últimos días con la denuncia que éste hizo en su momento sobre el aumento salarial de los ediles, lo que puede generar confusión, por lo que surge la necesidad de que se aclare con celeridad la situación.
Tanto los feriantes supuestamente afectados como quienes le brindaron su apoyo deben aceptar que tienen que cumplir con las leyes para desarrollar su tarea porque de lo contrario caeríamos en un caos, inaceptable en una vida democrática.
