El conflicto entre los feriantes de las inmediaciones del Le Parc y la Municipalidad de Guaymallén tuvo ayer un nuevo capítulo.
Parte de los vendedores se congregaron temprano y marcharon hasta la explanada del edificio comunal donde realizaron una olla popular.
Lo que solicitan es que se les otorgue un lugar adecuado donde establecerse luego de que fueran informados de que no podrán continuar en la esquina de Mitre y Godoy Cruz.
Se trata de más de 560 familias que dependen de este aporte para hacer frente a sus necesidades más básicas, según relatan. El sábado pasado, luego de recibir la notificación al respecto, se manifestaron en el lugar donde se instalará la feria, luego de lo cual tuvieron un enfrentamiento violento con la policía.
Los feriantes aducen que se trata de un espacio de intercambio social y cultural además de ser un medio de subsistencia para personas que no acceden a otras instancias o que si lo hacen no les resulta suficiente.
Nancy Colque, una de las delegadas del grupo señaló que la feria tiene más de 30 años y que está compuesta en un 90%por mujeres, muchas de las cuales son madres sin pareja. También la conforman adultos mayores sin ingresos, jubilados con el aporte mínimo y personas analfabetas, mientras que 50% son inquilinos.
"Siempre el ideal ha sido la legalización" subrayó y agregó que por eso han venido trabajando en comisiones con concejales lo que dio como resultado una ordenanza que contemplaba parámetros propuestos por ambas partes. Su cumplimiento era parte de lo que reclamaban ayer. Sin embargo desconocían que ayer mismo fue vetada por el intendente Marcelino Iglesias.
"Nos desalojan argumentando que somos ilegales (...) nosotros pedimos al Estado que brinde las herramientas y capacitación para avanzar en la legalización. Queremos que las ferias populares sean reconocidas", dijo Rodrigo Prividera, otro de los manifestantes.
Entre carteles y mientras algunas pelaban choclos para la olla, la mayoría eran mujeres quienes relataron su realidad.
Sandra se sumó a la feria en 2014. Es repostera profesional de masas finas pero no encontró trabajo, con 4 hijos a cargo, luego de separarse y no recibir ayuda del progenitor, no le quedó otra que apelar a lo que pudo. Así comenzó a vender tortitas y pan, gracias a lo cual tiene un hija en la facultad y dos que están por ingresar.
“La sociedad te lleva a esto, si tuviera trabajo no estaría acá, todo cuesta mucho”, comentó y agregó “necesito que mis hijos sigan estudiando y que salgan adelante para que tengan un mejor futuro”.
Sorprendentemente varias mujeres contaron tener realidades similares: solas con sus hijos, varios en la facultad y las que los tienen chicos con ellos a cuestas. La feria fue un ayuda para ello también porque pueden llevarlos consigo.
Elba ya crió a sus hijos que formaron sus familias, tiene 70 años y está sola. Cobra una jubilación de 4.500 pesos, paga 1.500 de alquiler y 1.500 de medicamentos ya que tiene enfermedades crónicas, no alcanza para mucho más. La feria, también es su medio de subsistencia.
Sin venta ambulante
La respuesta del municipio es tajante: hay que ajustarse a derecho. Nicolás González, secretario de Gobierno y Desarrollo Social señaló que la gestión apunta a poner las cosas en orden ya que es para lo que fueron electos: "El vecino nos pide que gestionemos el espacio público y los intereses del municipio".
Por ello, explicó que la intención es ayudar a los feriantes pero de acuerdo a las necesidades individuales, apelando a las diferentes herramientas que tenga la comuna o el gobierno provincial. Esto en función de que lo que requiera cada familia como ayuda alimentaria, becas para estudios o mejoras de los puestos.
Sin embargo, dejó claro que no proporcionarán un espacio para que se instale la feria.
Sugieren que quienes quieran seguir trabajando lo hagan en algún espacio privado habilitado para tal fin, sin sugerir ninguno en particular ya que no corresponde.
Los feriantes ponen el grito en el cielo ya que aseguran que deben pagar unos 160 pesos por jornada de trabajo. Ante esto el funcionario adujo que pueden subsidiar por unos meses esos costos pero que el objetivo final es que puedan ser independientes.
Los parámetros contemplados por la gestión para avalar las acciones son que la mercadería tenga procedencia justificada, que la actividad económica se ajuste a la normativa y que el uso del espacio público sea haga de acuerdo a derecho.
