El régimen impositivo, tanto el de jurisdicción nacional como el de las provincias, ha devenido en una enmarañada y compleja multiplicidad de normas de todo tipo, sólo entendibles parcialmente por especialistas. En tal sentido, nuestro país necesita, y tiene, especialistas en “un” impuesto y más aún, “especialistas en elusión” fiscal.
Todo ese entramado tiene una única finalidad: extraer de las empresas y personas la máxima recaudación posible, con una inequidad sólo acorde con el autoritarismo político imperante. Cuyo destino es alimentar un gasto público ineficiente y discrecional, que es el sostén actual del sistema político. En el camino han quedado los últimos restos de los que podía considerarse un mínimo federalismo fiscal.
Los estudiosos del tema grafican que en las últimas décadas hemos pasado de un federalismo cooperativo (anterior a los ’90), a un federalismo coercitivo de esa década (pactos fiscales, planes de competitividad), a un actual federalismo mendicante. Donde sólo algunas provincias (Santa Fe, San Luis, Córdoba) conservan alguna dignidad, mientras las restantes se han sometido al poder central a cambio de algunas dádivas.
En 1989 se sancionó la ley actual 23.588, que con numerosas modificaciones es la que está vigente. En dicha norma se estableció que el 56,6% de la recaudación se destinaría a las provincias, con un sistema de coeficientes para cada una de ellas que no respondía a criterio objetivo, y cuyas modificaciones han sido todas a favor de ceder recursos al poder central.
La realidad actual es verdaderamente penosa para las provincias. En el Presupuesto para este año sólo el 25% de los recursos son de transferencia automática, menos de la mitad de lo previsto en la ley de 1989. Tomando todos los recursos que van a las provincias, sólo alcanza al 31% de lo recaudado.
Más alarmante es la proporción de recursos que el poder central distribuye en forma discrecional, y arbitraria, que ha pasado en una década del 9% del total al 16%. Cuando esa distribución se analiza por provincia y por habitante la arbitrariedad es indiscutible.
Hay provincias que en aportes por habitantes reciben casi diez veces más que otras; provincias que reciben aportes del poder central equivalentes a entre el 40% y el 60% de su PBI, mientras otras como Mendoza aportan más de lo que reciben. La única explicación de esta inaceptable inequidad es la decisión política del poder central de turno.
Este “sistema” de reparto de los recursos que son de todos ha traído otro mal, menos visible pero no menos perverso: decenas de funcionarios provinciales, con los gobernadores a la cabeza, y municipales transitan a diario por los despachos de los funcionarios nacionales, que pueden disponer a su gusto de esos fondos.
Así se ha ido armando una despreciable red de clientelismo provincial y municipal, en la que quienes deberían estar trabajando en sus lugares gastan ingentes recursos para conseguir que “algo nos den”, que “nos bajen algún programa”. A esto le llaman pomposamente “gestionar”. En lugar de practicar el ejercicio vigoroso de los derechos constitucionales, se han convertido en una corte de mendicantes.
Pero una política (nacional, provincial y municipal) cuyo componente casi único es el aumento constante del gasto público, tiene como contrapartida un aberrante sistema impositivo que castiga la inversión, la eficiencia, la productividad, la ocupación laboral y especialmente las actividades económicas legales y legítimas.
Mencionemos dos impuestos y sus efectos: un IVA al 21%, con exenciones y alta evasión, da ventajas imposibles de equiparar a quienes pagan. Los impuestos al trabajo, contribuciones patronales y aportes personales, equivalen al 41,5% del salario bruto, comparado con el 24,4% de Chile. ¿Hace falta alguna otra explicación para entender el alto porcentaje de trabajo informal?
La Argentina económica se está muriendo bajo la carga fiscal, el aberrante destino de buena parte del gasto público y la ineficiencia general del mismo. Esto es lo que hay que discutir.
